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Hasta no ver, no creer

María Elena Yrízar Arias

P A areciera hasta lógico que la ciudadanía potosina se encuentre escéptica a creer que el nuevo gobierno va en serio y que la parte más sobresaliente del discurso de toma de protesta del gobernador Carreras sea en los hechos una verdad, cuando afirmó que en su gobierno no habrá impunidad. Con esas palabras asumió un gran compromiso de devolverle el prestigio a la actividad política, que no es tarea fácil, que requerirá de acciones convincentes del mandatario estatal y poco a poco vaya poniendo el orden que todos proclamamos y pueda dirigir el gobierno con legalidad e inteligencia. Sabemos que ha encontrado una administración desprestigiada hasta un grado superlativo y el reto para reivindicarlo es difícil, porque requiere tiempo y esfuerzos adicionales.

El ilustre potosino Ponciano Arriaga pensaba en 1856 que “un día llegarán al poder los hombres de honor, de moralidad y de conciencia: algún día serán cumplidas las promesas y respetados los juramentos, algún día las ideas serán hechos y la Constitución será una verdad”. Claro que esos pensamientos sólo son los buenos propósitos que se hacen los grandes estadistas, han pasado 159 años y hemos visto, al revisar la historia, gobernadores de estilos diferentes y hombres que han hecho hasta lo imposible por corresponder a esos ideales, pero cada uno de esos gobernantes, respondiendo a las circunstancias históricas que les tocó vivir. Se sabe que el ejercicio del poder no es fácil y que el gobierno es sumamente complicado.

La Auditoría Superior del Estado, después de investigar la administración municipal 2009-2012 de la ciudad de San Luis Potosí, detectó múltiples irregularidades atribuidas a cinco funcionarios por 464 millones 800 mil pesos, por lo que se inició, en abril de 2014, el proceso administrativo de responsabilidad, bajo el expediente ASE-AEL-PAR-29/12, a partir del cual la Procuraduría General de Justicia del Estado solicitó se libraran las  órdenes de aprehensión contra los ex funcionarios involucrados, lo que hizo el juez Sexto del Ramo Penal de la capital en contra de funcionarios de la administración municipal que presidiera Victoria Amparo Labastida, a su tesorero Agustín Soberón Álvarez; el secretario del ayuntamiento, Emigdio Ilizaliturri Guzmán; el regidor y luego alcalde interino, Luis Miguel Ávalos Oyarvides, y la contralora municipal, Glafira Ruiz Leura, por los delitos de peculado y uso indebido de la función pública, entre otros. Dentro de las imputaciones e irregularidades se encuentran numerosos viajes que hicieron tanto dentro del país como al extranjero, sin ningún beneficio para el municipio capitalino; asimismo, por la contratación de deuda pública sin la debida aprobación del Congreso del Estado, el aumento injustificado de los empleados municipales, tráfico de influencias para la instalación de tiendas departamentales, asignación de servicios de agua a una empresa particular y múltiples anomalías en las licitaciones de obras públicas. Inclusive dejaron una deuda pública que se elevó de 223 millones de pesos a casi mil 300 millones de pesos, mismos que heredó a la administración de Mario García Valdez. Las acusaciones también tienen que ver con las violaciones a derechos humanos cometidos por los policías municipales y se destaca también que hizo venta de inmuebles municipales sin autorización del Congreso del Estado. Actualmente, policías ministeriales buscan a los funcionarios para cumplimentar las órdenes de aprehensión.

El asunto aquí a considerar es que algunas personas piensan que esas averiguaciones podrían estar mal integradas, para que los presuntos responsables puedan defenderse, o bien sea una cortina de humo. En lo personal pienso que no podría ser que el nuevo gobernador afirme que irá por todos los corruptos y que el primer paso que diera fuera en falso, eso no podría ser, porque Carreras tiene que asegurarse que se cumplimente el derecho, tal como dijo el sábado pasado. Además, esto no es un juego, debemos darle al gobernador la confianza de que podrá ir ganando el estatus que había perdido el gobierno estatal.

Si el gobierno tiene el buen tino de aprehender a los implicados con Victoria Labastida, antes de que se vayan del estado o el país, no habrá persona alguna que pueda decir que había que ver para creer en el nuevo gobierno. Tiene que haber congruencia entre lo que se dice y lo que se hace, dijo el gobernador Carreras. ¡Nada ni nadie por encima de la ley! esa es la prueba de fuego para Carreras y su equipo.

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