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Huachicoleros y la locura de nuestro gobierno

Renata Terrazas*

El reciente video que circula en redes sociales sobre militares disparando a civiles en Palmarito, Puebla, vuelve a poner el dedo sobre la pertinencia de las Fuerzas Armadas en las calles. Más allá de la difusión de este video y que se deben realizar las investigaciones necesarias para determinar responsabilidades, a primera vista nos recuerda las complicaciones de tener a personal entrenado en tácticas de guerra en plena convivencia con la población civil.

En esta ocasión, el combate no era contra el narcotráfico, sino contra el robo de combustible por parte de los huachicoleros, los cuales operan en todo el país, y de manera específica en una zona que desde hace años se ha convertido en espacio de total impunidad para el desarrollo de esta actividad ilícita.

El robo de combustible en el llamado Triángulo Rojo se realiza de forma muy similar a otras actividades ilícitas en el país, es decir, amparados por la corrupción de instituciones policiales, actores políticos, empresas privadas y población en general. La complejidad del fenómeno, de nuevo, pone a prueba a un Estado mexicano cada vez más debilitado que por falta de voluntad o capacidad tiende a responder siempre de la misma forma.

Si bien el robo de combustible sucede desde hace más de una década, la permisibilidad y cooperación de los gobiernos en actos de corrupción ha creado un halo de impunidad para la operación de las actividades criminales. De la misma forma que nos sucedió con el narcotráfico, el robo de combustible sucede en el marco de redes de corrupción en los ámbitos municipal, estatal y federal.

La locura del Estado mexicano, la cual se basa en repetir una misma acción esperando resultados diferentes, nos lleva al escenario actual en el que se desarrolla el video en Palmarito: enviar fuerzas militares a desempeñar acciones para las cuales la policía se encuentra rebasada, y esperar con ello eliminar o reducir sustancialmente el acto ilícito.

De nuevo, se deja de lado la atención de este fenómeno desde una perspectiva integral; que dé cuenta de las complejas relaciones entre el ordeñamiento de combustible, transporte y comercialización del mismo. Se vuelve a apostar por la peor de las estrategias: el ataque frontal en las calles, donde se pone en riesgo a la población civil y a los propios efectivos militares.

El video en cuestión parece reflejar un delito que requiere una verdadera investigación, conducida tanto por autoridades militares como civiles; pero en el marco de éste, no debemos dejar de lado la responsabilidad tanto de quienes optan por enviar a las Fuerzas Armadas a las calles a desempeñar papeles que no les corresponden, y la de quienes construyeron este halo de permisibilidad para la comisión de delitos, así como quienes participan de manera directa en estos delitos.

Si el gobierno de verdad quisiera atender esta problemática, tendría que pensar en algo más sofisticado que enviar militares a perseguir huachicoleros, poniendo en riesgo a la población civil; tendría que desarrollar formas de castigar la corrupción que ampara este delito, la colusión de autoridades en los tres ámbitos de gobierno y el seguimiento a los ingresos ilegales.

Al tiempo que el Ejército acumula acusaciones de violaciones graves a derechos humanos, se discute una ley que busca dotar de un marco legal la intervención de las Fuerzas Armadas en las acciones de la policía porque el gobierno sigue estando rebasado, sigue estando inundado de corrupción y sigue siendo la principal fuente de impunidad en el país.

La incapacidad del Estado mexicano para poner orden se hace evidente cuando envía militares a desempeñar acciones de policía, y, aun así, sin controlar la situación. La cloaca destapada en Puebla nos prueba dos cosas: la primera, la proliferación de actividades criminales protegidas por la colusión de algunas autoridades y la omisión de otras, más allá del narcotráfico; la segunda, la falta de voluntad de atacar el crimen organizado ya que se sigue optando por la peor solución.

Enviar al Ejército a las calles no sólo empeora el problema, sino que incrementa la posibilidad de cometer violaciones a derechos humanos y pone en riesgo a los propios soldados. Una vez más, se ponen en juego vidas humanas para aparentar un Estado fuerte que en realidad sólo muestra su propia debilidad y la indiferencia de sus gobernantes. Si las autoridades quisieran atender el problema de manera efectiva, deberían realizar actividades distintas, enfocadas a la actividad lucrativa alrededor del robo de combustible.

El reclamo social debe ser contundente: no aceptaremos marcos normativos que legalicen las violaciones a los derechos humanos cometidas por las Fuerzas Armadas, quienes deben regresar a los cuarteles. De igual forma, debemos exigir que las acciones contra el crimen organizado tomen caminos distintos, donde no se convierta el espacio público en terreno de guerra. La sofisticación de los grupos criminales debe ser atacada desde una sofisticación similar por parte de los gobiernos, enfocada a la disminución de la rentabilidad de estas actividades.

* Investigadora de Fundar, Centro de Análisis e Investigación