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Imbecilidad gubernamental

Óscar G. Chávez

L ugar común en el discurrir de las conversaciones sostenidas por una gran parte de los mexicanos, es afirmar la incapacidad y pésima atención de los servicios médicos proporcionados por los sistemas de seguridad social brindados por el estado. Pocos harán mención de un servicio adecuado dentro de cualquiera de los dos institutos encargados de proporcionarla. Complicado es, en efecto, dar fe de una atención de calidad integral en la totalidad de sus áreas; como complicado sería imaginar qué ocurriría con la enorme cantidad de afiliados a estas instituciones si carecieran de esta prestación social.

Imposible es concebir a los más de 17 millones de afiliados al IMSS, o a los casi siete millones de derechohabientes del ISSSTE, fuera de los beneficios médicos que se les proporciona. Si consideramos los costos de la atención médica privada y reparamos en los niveles socioeconómicos de los afiliados a estas dos modalidades, es fácil concluir que una gran parte de ellos, carecerían de servicios médicos elementales de tener que costearlos totalmente; debemos reparar en que en la mayoría de los casos va incluida la familia como beneficiaria de la atención.

En el mismo sentido es también lógico el observar que la enorme cantidad de afiliados escapa de los esfuerzos dirigidos por el estado para mantenerlos a flote; sin embargo la principal razón no es la cifra humana, sino los malos manejos económicos realizados al interior de ambos institutos por algunos de sus dirigentes. Para nadie es un secreto la corrupción y podredumbre que imperan al interior de ambos; al igual que muchas dependencias gubernamentales, por décadas han servido como caja chica que refacciona las necesidades políticas de la nación.

Blanco directo y constante de las críticas ciudadanas por la deficiente atención proporcionada en estas instituciones es el aparato humano que labora en su interior. Sin embargo el número de sus trabajadores es superado dentro de toda lógica por el de los derechohabientes que reciben servicio dentro de ellas.

Pocas veces reparamos en las condiciones laborales existentes dentro de clínicas, hospitales y oficinas administrativas; es lícito afirmar que en muchas ocasiones se hará frente con insensibles burócratas de actuar autómata y mecanizado, que acentúan sus resentimientos laborales y frustraciones de escritorio contra aquellos que solicitan su intervención en el complejo arte de la tramitología médica y burocrática. Consideremos que los modales corteses no son el fuerte del común de los mexicanos; en el pedir está el dar, reza el adagio, y si no sabemos dirigirnos dentro de la cordialidad de las formas, es más que lógico que la respuesta será dentro de los mismos parámetros.

Sin pretender ejercer de abogado del diablo, debemos señalar que también existen servidores que son un ejemplo de calidad en atención al mal encarado solicitante; los menos, en efecto, pero tampoco podemos obviar la mención, ya que en muchas ocasiones su generosa actitud será la que permite el obtener un servicio acorde al nivel de las instituciones.

Médicos y enfermeras, que constituyen la espina dorsal del servicio y atención en estos espacios, tampoco se encuentran a salvo y resguardo de las quejas y críticas ejercidas sobre sus personas por los derechohabientes. Como en los casos anteriores habrá algunos cuya vocación se encuentra distorsionada por las constantes fricciones con los receptores del servicio, así como las frustraciones propias de la profesión; pero también en una gran cantidad de ellos residirá el invaluable mérito de salvar diariamente algunas vidas. Vidas que sin su ayuda estarían condenadas a la muerte.

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La década de 1960 fue abundante en movimientos sociales que veían en sus manifestaciones la única vía de solucionar exigencias ignoradas durante décadas por un estado que permaneció sordo a sus razonadas peticiones. Desde la década de los cincuenta se arrastraba una fuerte inconformidad social latente dentro de diferentes sectores laborales de la sociedad mexicana.

Electricistas, estudiantes, intelectuales, ferrocarrileros, líderes agrarios y sociales, médicos, y profesores, protagonizaron importantes manifestaciones principalmente en la Ciudad de México; aunque los estados tampoco fueron ajenos a algunas de ellas, la capital del país fue el principal escenario de las movilizaciones que fueron duramente reprimidas por el ejército, la policía del Distrito Federal, el cuerpo de bomberos y grupos de choque empleados por el estado para desarticular las protestas. Cientos de detenidos fueron encarcelados bajo la tipificación delincuencial de motín y disolución social; presos políticos silenciados al gusto del estado represor.

Eran los años del sexenio de López Mateos, uno de los presidentes con más alto nivel de aceptación; paradójicamente es recordado inmerso en una imagen de limpieza política y actividad conciliatoria, frente a las cotidianas escenas de autoritarismo y violencia prohijadas por su mandato, de las que poco se habla.

La presidencia fue heredada a su sucesor Gustavo Díaz Ordaz, quien había ejercido como su discreto y rígido secretario de Gobernación; ministerio desde el que fueron ordenadas las persecuciones y asesinatos de opositores y detractores del régimen. Laboratorio del crimen que preparaba su más horrenda rúbrica para fines de la década.

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1964 fue el año en que los médicos de la Ciudad de México iniciaron un movimiento encaminado a lograr una serie de prestaciones que les permitieran obtener ciertas mejoras laborales dentro del ejercicio de su profesión. El 26 de noviembre los médicos internos y residentes del Hospital 20 de Noviembre del ISSSTE iniciaron un paro laboral. La solicitud formulada era la de lograr el pago de los aguinaldos que no se percibirían ese año; a su paro se sumaron solidariamente los hospitales Juárez, Colonia, San Fernando, General, y el de los Ferrocarriles.

Integrada la Asociación Mexicana de Médicos Residentes e Internos, suscribió un pliego petitorio en que se establecían tres puntos básicos para posibilitar el levantamiento del paro: mejora salarial, seguridad laboral y participación en los programas de enseñanza. A principios del mes de diciembre, luego de haberse sumado al paro 23 hospitales de la Ciudad de México y 20 de los estados, lograron acordar una entrevista con el presidente Díaz Ordaz quien señaló su negativa para resolver el problema directamente, y sólo a través de las instancias correspondientes.

La buena voluntad de los médicos inconformes fue manifiesta cuando acordaron levantar el paro confiando en la disposición presidencial; era el 18 de diciembre y para ese momento ya más de cinco mil médicos se habían sumado al movimiento. Paralelamente fue publicada una carta de agradecimiento al presidente de la República por su interés en la favorable resolución del conflicto.

En el inicio de 1965, y ante la falta de respuesta a sus demandas, la AMMRI inició un segundo paro que fue reprimido de una manera violenta por el aparato estatal. Ocupación militar, detenciones y ceses laborales se dieron como represalia a este segundo paro. 130 hospitales en todo el país se habían sumado al paro; una nueva entrevista con el presidente, logró la reanudación de labores. Un acuerdo presidencial prometió la solución total a sus demandas.

Verborrea y artificios oficiales que generaron una nueva suspensión de servicios el 19 de abril. El 14 de mayo un ultimátum gubernamental precisaba que los médicos que no reanudaran labores el día 17 serían despedidos; la AMMRI sostiene el paro, respaldada por otras agrupaciones médicas. Lejos de mostrar una ruta conciliatoria la represión gubernamental fue efectiva; 49 médicos del ISSSTE en San Luis Potosí fueron cesados, por mencionar un ejemplo; en otros lugares como México, Monterrey y Veracruz, hubo sanciones similiares. En el mes de mayo las enfermeras, parteras y auxiliares de enfermería se solidarizaron al paro, así como también lo hicieron estudiantes de semestres avanzados de la carrera de medicina de la UNAM. Pese a que el paro fue levantado a principios de junio, como condición presidencial para reanudar el diálogo, el 26 de agosto como consecuencia de paros intermitentes, militares y granaderos desalojaron a los médicos de los hospitales 20 de Noviembre y Colonia; el galeno esquirol fue proporcionado por el Ejército.

A principios de septiembre el paro fue levantado definitivamente, pero la represión estatal –anunciada por el presidente en su primer informe de gobierno– fue efectiva y los encarcelamientos, despidos y terrorismo laboral estuvieron activos hacia los médicos que habían participado en el movimiento. La brutalidad oficial contra quienes exigieron y pelearon por sus elementales derechos laborales.

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Entre los médicos de primer nivel que se solidarizaron con sus compañeros de una forma por demás encomiable, hago mención del doctor Ismael Cosío Villegas (hermano del constante crítico del sistema, el historiador Daniel), quien dignamente y anteponiendo su trayectoria profesional renunció al cargo como director del Sanatorio de Huipulco –Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas, en la actualidad–. En su renuncia precisaba: no estar de acuerdo con el cese de los médicos y residente de la institución, que constituye una represalia a su actitud para conseguir un mejoramiento de su injusta condición económica y social. La noble solidaridad y amistosa actitud de los médicos adscritos y jefes de servicio de este sanatorio, cubriendo todas sus necesidades y protegiendo así la salud de los enfermos en forma integral, hace innecesaria una medida tan drástica que creo no ayudará a resolver el conflicto establecido. Lamento separarme de este sanatorio al que he servido con lealtad, cariño y perseverancia durante 28 años, pero no quiero que mis colegas, alumnos y estudiantes pierdan la fe y la confianza depositada en mi modesta personalidad, que he procurado forjarla en el desinterés, el valor civil y el más alto espíritu de compañerismo.

La crítica certera y valiente ejercida contra el autoritario régimen, no sólo durante el movimiento médico, sino durante los violentos sucesos de 1968, no escapó del rencoroso sátrapa quien orquestó su cese de la UNAM y la prohibición para ingresar como médico a cualquier hospital público. Así premió el país al creador de las campañas contra la tuberculosis, al artífice del Hospital de Huipulco, y uno de los catedráticos más connotados en su área.

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Hoy es tema de este diario el comentario vertido por el gobernador Fernando Toranzo sobre la problemática sindical del Hospital Central de la ciudad de San Luis Potosí: terceras personas no tienen la culpa de los problemas sindicales. Lamentable insensibilidad manifestada por alguien que al margen de su encargo político, ha ejercido la profesión de médico por años. Profesión, al igual que todas las vinculadas con los servicios de salud, que debe tratarse con las mayores atenciones y delicadezas.

Es más que evidente que el gobernador se encuentra aquejado por cierto grado de imbecilidad; lanzo este calificativo no desde la óptica de la ofensa a ultranza –ya que nada demerita más a un hombre que la descalificación personal a partir de la ofensa irracional–, lo hago desde la acepción más pura del trasfondo etimológico. Imbécil de las raíces griegas im-sin y becillis-báculo, bastón, describe a un personaje que necesita apoyar sus carencias en un objeto, tener un soporte que de otra forma le impediría levantar su cuerpo.

Notorio es que descansa la nulidad de su impericia conciliatoria en este asunto, sobre la opinión pública que al parecer pretende apuntalar en la desacreditación que la ciudadanía formulará sobre el bloqueo realizado en una de las principales arterias viales de la capital potosina. No es para menos, un conflicto sindical que viene arrastrándose desde fines del año pasado y que debió ser resuelto hace tiempo, a favor de los inconformes.

Por qué no ha cuestionado de la misma manera las movilizaciones implementadas por los sindicatos de los trabajadores de gobierno, o de las nefastas organizaciones antorchistas que –ellos sí– en busca de canonjías económicas hacen de la ciudad y ciudadanía sus rehenes. Por qué no resolver en vez de criticar a partir de la descalificación, utilizando también a la ciudadanía como respaldo de sus incapacidades.

Doctor Fernando Toranzo, al tiempo que un ciudadano común y de cédula cuarta; una tercera persona le señala que manifiesta su solidaridad con este tipo de manifestaciones, al parecer las únicas válidas para que su ausente gobierno preste atención a ellas, también le comenta no sea usted imbécil descansando sobre los ciudadanos su incapacidad, y resuelva ya este problema, que como muchos otros durante su gestión no han logrado solución. Nos ha defraudado.