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Imperio de impunidad

Óscar G. Chávez

A Marla con sus otras tres emes respectivas;
por la visita de médico y el obsequio de su sonrisa.

P reocupación fundamental de la mayoría de los presidentes mexicanos ha sido, desde el surgimiento de la nación como país independiente, la percepción que en el extranjero se tenga del país y el reconocimiento que puedan prodigarle otros jefes de estado; principalmente aquellos con los que las relaciones sean consideradas de interés estratégico. Buscar la aceptación de nuestro país, más allá de las formas diplomáticas, implica el reconocimiento y el posicionamiento del gobernante en turno. En este sentido, esa búsqueda de imagen frente al resto de los países, la historia de México es copiosa en muestras, aporta una gran cantidad de ejemplos que en unidad o en conjunto, podrían, como ya se ha dado, contribuir a los estudiosos del tema, a constituir verdaderos tratados de análisis en materia de diplomacia.

Uno de los presidentes más controvertidos de México, Antonio López de Santa Anna, buscando posicionarse frente a los monarcas europeos; en 1853 al restituir la Nacional y Distinguida Orden de Nuestra Señora de Guadalupe (creada por Iturbide como Imperial), tuvo la fina ocurrencia de condecorarlos con el grado de Gran Cruz, que imagen de los reinos del viejo continente, era reservada por tradición a los jefes de casas reinantes. Once integrantes tuvieron ese grado, incluyendo a los reyes de Bélgica, España, Francia, Inglaterra y Prusia; al cardenal secretario del papa Pío IX; presidente de Guatemala, Alejandro de Humboldt; al marqués de Aiciniena; a los secretarios de Negocios de Bélgica y Prusia; y al ministro de Estado español.

Al margen de la aceptación de España, Francia y Guatemala –señala el diplomático David Olvera Ayes, autor de una obra sobre dicha condecoración y especialista en historia de las relaciones internacionales de México–, el monarca prusiano actuó con cautela; sin embargo fue evidente el rechazo de la reina inglesa –a la que se concedió la distinción con posterioridad– por no considerar del todo honorable la persona del mandatario mexicano.

La percepción que los británicos tenían del general Santa Anna, fue resumida en la opinión que el ministro del exterior inglés, lord Claredon, formuló a la reina Victoria: el presidente de México –refiere Olvera Ayes– era “a worthless Despot whose reign is not likely to last long and from whom it would not be agreeable to the Prince to recibe a civility, though it cannot be denied that by offending him [Santa Anna] British interests in Mexico might to a certain extent be injured.” Nosotros lo entenderíamos como un déspota sin valor cuyo gobierno no es probable que dure mucho y de quien no sería agradable al príncipe recibir por civilidad, aunque no se puede negar que al ofenderlo [a Santa Anna ] los intereses británicos en México podría en cierta medida ser lesionados. La condecoración evidentemente fue cortésmente rechazada.

Durante la dictadura de Porfirio Díaz, el imperio japonés mereció especial atención para el gobierno mexicano, al considerar la posibilidad de entablar fuertes relaciones comerciales con la recién abierta nación. En 1890 arribó a la isla, el potosino José Martín Rascón Altamirano, con el carácter de Ministro Extraordinario y Plenipotenciario de México.

El hermetismo en que se refugió el estado mexicano durante el periodo post revolucionario, fue en cierta medida sorteado en 1928, al participar en la IV Conferencia Internacional Americana, realizada en La Habana, Cuba, la representación mexicana al pugnar la liquidación del Panamericanismo, elevó nivel de principio la propuesta de la no intervención, que con el nombre de Doctrina Estrada sería signada por su autor, entonces secretario de Relaciones Exteriores, el 27 de septiembre de 1930.

En ella se hace especial énfasis en el sentido de otorgar reconocimientos, porque considera que esta es una práctica denigrante que, sobre herir la soberanía de otras naciones, coloca a éstas en el caso de que sus asuntos interiores puedan ser calificados en cualquier sentido por otros Gobiernos, quienes de hecho asumen una actitud de crítica al decidir favorable o desfavorablemente sobre la capacidad legal de regímenes extranjeros.

Sin embargo en 1933 el gobierno mexicano condenó ante la Liga de Naciones, la invasión de Japón a China, y en 1935 formuló otra por la invasión de Italia a Abisinia.

Podríamos continuar mencionando la encomiable postura de Lázaro Cárdenas con la república española, o la megalomanía unipersonal de Echeverría frente a los países del llamado tercer mundo; pero el papel no abunda. Lo cierto es que desde hace bastante tiempo la percepción que se tiene de México en el mundo, no es la mejor.

Gran parte de esta percepción en el extranjero, ha sido construida por los medios de comunicación que desde su óptica han señalado los problemas internos que enfrenta el país, derivado de la sui generis forma de gobierno. Caso concreto puede ser el testimonio que la periodista Oriana Fallaci, dio a conocer al mundo sobre la matanza de Tlaltelolco. La percepción extranjera y global de un estado empapado en la sangre de manifestantes estudiantiles.

En estos días ha sido dado a conocer una entrevista en la que José Miguel Vivanco, observador de Human Rigths Watch, para América Latina, ha afirmado de una manera categórica y fundamentada la complicidad criminal del estado en los sucesos de Ayotzinapa. En ella Vivanco plantea la poca importancia que el gobierno mexicano ha dado a un suceso de esta magnitud una desaparición casi en vivo, al actuar de una manera lenta y negligente en la que el presidente Peña Nieto –pese a estar frente a un crimen de estado– señala que el problema es de Iguala como si esto fuera Guatemala… que además está a tres horas de camino de la ciudad de México… falta de receptividad de la autoridad mexicana.

Un país donde la impunidad es la regla, donde las leyes no se cumplen señala el entrevistador, un país –agrega Vivanco– donde el presidente está más preocupado por su imagen; que ha considerado entendiendo los problemas relacionados con derechos humanos y seguridad ciudadana como tóxicos… es un México ficticio, un México que proyecta una imagen artificial, no es el México Real… el de campesinos pobres frente a los que el estado se ha mostrado pasivo […] Estoy hablando muy fuerte porque creo que la realidad lo merece, ha llegado a unos niveles en que la escala es completamente inaceptable, sobre todo para un país que se proyecta como una potencia mundial […] donde los más pobres no tienen acceso a la justicia. (La entrevista completa en http://www.youtube.com/watch?v=dyDkzETe9Bc).

La gravedad de la realidad mexicana es la percepción que en el exterior se tiene de sus gobernantes, desafortunadamente el común de los mexicanos parecemos no darnos cuenta de esto, de la impunidad imperante. Ayotzinapa es sólo una muestra, pero el imperio de la impunidad al que se ha hecho mención, no sólo se interpreta en el ámbito de la violencia y represión generada por el gobierno mexicano, sino también en diversos aspectos mediante los cuales el ente político rector –presidente, gobernador o alcalde– ejerce una actitud autoritaria y de totales rechazo y desprecio al sentir del colectivo que gobierna.

En el caso concreto de San Luis Potosí, vemos un ejercicio de imposición por parte de las autoridades ejecutivas en los distintos niveles. Nos encontramos –por mencionar algunos ejemplos– con ayuntamientos coludidos con las élites sociales que permiten acciones en perjuicio de una gran mayoría poblacional: cambio arbitrario de uso de suelo y retiro de protección a zonas de reserva ecológica o de recarga de los mantos freáticos, para beneficiar fraccionadores de las áreas oriente de la ciudad, si se le quiere poner nombre y apellidos pensemos en el fraccionador por excelencia de las Lomas. Ecocidios escandalosos que las autoridades solapan y sobre las que no señalan responsables. Destrucción de fincas arquitectónicas de extraordinaria importancia para la ciudad, y el cómplice silencio de la institución que protege el patrimonio, es otro ejemplo; si se quiere precisar al detalle, veamos la lamentable destrucción que del edificio del siglo XVIII, conocido como Al Libro Mayor, ha efectuado Juan Payán Latuff. Impunidad a toda prueba.

Muestras claras y cercanas a estos días las encontramos en autoritarismo a toda prueba por parte de un ayuntamiento que se empeña en construir a ultranza, una comandancia –operativa o no– pese a la oposición de los vecinos del rumbo y de especialistas en materia de planeación urbana. No sería de extrañar que si se ahonda en el asunto se descubra una constructora cercana al poder, beneficiada por licitación dudosa o asignación directa.

El caso del salón de eventos sociales construido en la tercera calle de Galeana por el empresario Torres Corzo, y el beneplácito de las autoridades frente a él, merece un apartado especial, máxime si se considera que media el rechazo de un amparo por parte de un juez, argumentando cuestiones tan absurdas en materia jurídica como la no procedencia de una figura colectiva. El salón entrará en función y los ciudadanos en otra muestra de impunidad, verán lesionados sus derechos.

Nada debe sorprendernos, todo ocurre como obvio pago de favores de campañas electorales, que permiten la llegada de cualquier personaje al poder. De ahí derivan la permisividad, tolerancia, ausencia de leyes y justicia que son parte de los problemas que enfrenta y ha generado un estado que defrauda de manera permanente y sin distinción partidista a sus gobernados, al buscar satisfacer al señorío del dinero. Somos en efecto, en los ámbitos local y nacional, un imperio de impunidad.

#RescatemosPuebla151    

JSL
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