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Incremento al transporte: atole para todos

Jaime Nava Noriega

Hay personas o grupos de personas que a través de los años y mediante convenios preelectorales han logrado convertirse en un verdadero poder de facto para mantener sus privilegios, siendo estos quienes le dan a los gobernantes en turno atole con el dedo y no al revés. El grupo referido es el de los concesionarios del transporte público en San Luis Potosí.

Este grupo desde hace décadas ha logrado controlar de tal manera a los elegidos por la democracia que hasta han sido capaces de lograr que la policía se vuelva en contra de ciudadanos que han intentado detener los constantes incrementos a la tarifa del transporte.

La última reforma patrocinada por la que creíamos –hasta que conocimos a los integrantes de la actual– la peor Legislatura de la historia aparentemente abrió la puerta para que se realizaran incrementos a la tarifa de manera automática cada año; sin embargo el artículo 94 de la ley del transporte público del estado condiciona los incrementos al cumplimiento de principios y estándares de calidad señalados por los artículos 2, 67 y 68.

El artículo 67 cuando hace referencia a los estándares que deben cumplir los operadores del transporte público en su inciso f establece que deberán someterse a la certificación anual de exámenes médico general, sicométrico, de capacidad visual y toxicológico; lo anterior es importante si consideramos que precisamente este mes se dio cuenta de la detención de un chofer que inhablaba pegamento mientras conducía una de las unidades de algún poderoso concesionario.

En octubre igualmente fue detenido otro chofer que además de transportar potosinos guardaba en el interior del camión droga y un arma blanca. Y, entonces, si la ley exige un examen toxicológico anual ¿todos lo aprueban o alguien miente? Si el secretario general de Gobierno tuviera intenciones reales de que no aumentara la tarifa del transporte no haría declaraciones, de simulado arrojo, con las que pretende repartir entre la ciudadanía un poco del atole que a cucharones le han dado los concesionarios al gobierno, para hacernos creer que esta vez sí los harán cumplir la ley.

Peor muestra de la impunidad de la que gozan los dueños de las concesiones del servicio de transporte es la constante violación de la fracción XXII del artículo 54 de la mencionada ley, que señala como causa para revocar concesiones y permisos “actos imprudenciales imputables al concesionario, permisionario u operador, que tengan como consecuencia, lesiones que pongan en peligro la vida, la incapacidad permanente, o la muerte de usuario y terceros”.

No hace falta que haga un recuento de los casos más recientes en los que lamentablemente la imprudencia con la que manejan la gran mayoría de los operadores del transporte terminan lesionando o con la muerte de personas en San Luis Potosí.

Hoy como en anteriores años no existen argumentos para que la tarifa se incremente en beneficio de un grupo que persigue un interés netamente económico y en perjuicio de miles de usuarios cuya situación económica les obliga a utilizar este servicio público concesionado al no existir alternativas de movilidad en el estado. Dinero fácil para un grupo que busca incrementar sus ganancias a través del coqueteo político y/o de prestar unidades para que políticos puedan “mover a México” y a sus acarreados a cambio de la posterior impunidad que les garantice mantener concesiones y privilegios obtenidos de los bolsillos de los cautivos potosinos.

Preguntas al aire:

¿Los concesionarios pedirán que baje la tarifa cuando gracias a la “gran” reforma energética bajen los precios de los combustibles?

¿Dejará el gobierno que siga aumentando la tarifa cada año hasta superar los diez pesos y más? ¿Ese será un problema que le tocará resolver a los que vienen, no hay visión a largo plazo?

¿Por qué no se revocan las concesiones para que el Estado preste el servicio por sí mismo como lo indica la fracción XXVIII del artículo 54?

¿No están cansados del atole?

¿Dónde está el oportunista presidente de la FUP para defender –por lo menos a sus estudiantes– de un abuso más? Ah, de vacaciones…

¡Feliz 2016 para todos!

¡Que la UASLP baje los costos de posgrados y licenciaturas! #EducaciónParaTodos (322 días)

¡Ni un día más en el silencio, ni un día más sin Carmen Aristegui!

@JaimeNavaN

Jaime Nava N.
Jaime Nava N.
Estudiante de maestría en Derechos Humanos por la UASLP. Activista en Amnistía Internacional.