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Incremento al transporte público

Israel López Dávila

Comenzamos el año con incrementos a la canasta básica, productos y servicios. Este 2018 se avecina una tormenta perfecta como escribió Jorge Castañeda para The New York Times. Castañeda anota las probables causas: la reforma fiscal que recientemente se aprobó en Estados Unidos, la incertidumbre por las negociaciones del TLCAN y el proceso electoral mexicano que ya está en curso.

Carlos Fernández Vega, columnista de La Jornada, resume el sexenio de Enrique Peña Nieto: crisis sistemática, desconfianza, incertidumbre económica y devaluación del peso (http://www.jornada.unam.mx/2018/01/15/opinion/020o1eco). Peña Nieto incumplió con el crecimiento económico, en campaña prometió que al finalizar su sexenio creceríamos al 6 por ciento, en promedio se estima 2 por ciento para el año en curso. En esta administración se aumento la gasolina, luz y gas (fracaso total de la reforma energética).

Sumando a lo anterior la inflación alcanzó 6.7 por ciento, la más alta en los últimos 17 años. En este contexto se dio otro incremento al transporte público en San Luis Potosí (http://pulsoslp.com.mx/2018/01/15/hoy-se-aplican-nuevas-tarifas-del-transporte/).

Globalmedia reporta que las tarifas de SLP serán las más caras del país (https://www.globalmedia.mx/articles/Tarifa-de-cami%C3%B3n-en-SLP-ser%C3%A1-de-las-m%C3%A1s-caras-de-M%C3%A9xico).

El problema del transporte público ya es añejo en la entidad. A mi entender se profundizó en el sexenio del ex gobernador Fernando Toranzo Fernández. La facultad del incremento  era del titular del Poder Ejecutivo; a finales de 2012, Christian Joaquín Sánchez Sánchez, ex diputado local, impulsó la reforma que trasladaba la potestad al Congreso local, en ese entonces la maquinaria priísta y aliados aprobaron las modificaciones que indicaban desde Palacio de Gobierno.

Eventualmente, los legisladores de la 60 Legislatura intentaron aprobar el incremento que fue rechazado y bloqueado por una gran movilización estudiantil y ciudadana. Posteriormente, fijaron las nuevas tarifas en un recinto legislativo resguardado por policías ministeriales. En consecuencia, la Ley de Transporte Público del Estado de San Luis Potosí se ha reformado sin beneficiar a los usuarios.

Actualmente los ajustes están vinculados al Índice Nacional de Precios al Consumidor, que abarca el periodo de enero a diciembre de 2017 (4.99 por ciento). Aprobado por el Consejo Estatal de Transportes. Después de la histórica movilización de febrero de 2013 los legisladores potosinos se han lavado las manos. El titular del Ejecutivo no interviene en la decisión final. En efecto, se desregulo vinculándolo a indicadores macroeconómicos.

En una breve revisión a la Ley de Transporte Público del Estado, en específico a los numerales 2, 67, 68 y 94, encontramos contradicciones entre la norma y el servicio. La ley en cuestión indica que la movilidad debe ser sustentable, eficiente y con estándares de calidad. Por otro lado, existen deficiencias en las unidades, los acuerdos firmados por los concesionarios se incumplen, faltan centros de recarga y la credencial Urban pass es costosa para las familias potosinas.

Definitivamente, el neoliberalismo se apodera de todas las esferas gubernamentales al privatizar los servicios. Las autoridades son árbitros que no regulan ni sancionan a los dueños del transporte público en SLP. Siendo un servicio público de primera necesidad es necesario un giro en la política estatal donde el Poder Ejecutivo intervenga y sancione, por ejemplo, revocando concesiones y frenando los incrementos al transporte cuando no se cumpla con la calidad del servicio.

Twitter: @francotiradort1

Israel López Monsivais
Israel López Monsivais
Abogado y Maestro en Gestión Pública; Catedrático, FCA, UASLP.