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  • Diluyen representación de AMLO
  • Ejecuciones y robos
  • Tufo conspiratorio

Julio Hernández López

En el tramo final se aceleró la condensación de intereses que pretenden impedir el triunfo electoral de Andrés Manuel López Obrador.

Dos hechos dan muestra de ese proceso de descomposición que puede generar peores escenarios de aquí al día del depósito de votos en las urnas: En Oaxaca, la ejecución de un candidato a diputado local y cuatro de sus acompañantes, todos militantes de Morena, y la agresión con armas de fuego, horas después y en distintas localidades, de un aspirante a presidente municipal, a nombre del frente PAN-PRD-MC, y sus acompañantes. Y, por otra parte, el robo de once mil boletas electorales en Macuspana, el municipio en una de cuyas principales poblaciones, Tepetitán, nació el mencionado López Obrador.

Los factores de la violencia criminal y el fraude electoral se han hecho presentes con mayor fuerza, conforme se acerca el domingo definitorio. Y coinciden con el endurecimiento del discurso de la cúpula priista, con José Antonio Meade, Aurelio Nuño y René Juárez (candidato, coordinador de campaña y presidente de partido, respectivamente) dedicados a proclamar el seguro advenimiento de un triunfo del partido de tres colores que, dicen los heraldos priistas, a nadie debería sorprender (aunque, obviamente, dicen eso porque resultaría una sorpresa conmocionante que Meade pasara del tercer lugar de los ejercicios demoscópicos a un presunto triunfo electoral).

Además, este giro de máxima beligerancia en el flanco del priismo y sus aliados también se ha acompasado con la multiplicación de reuniones altamente significativas entre empresarios y políticos de primer nivel. Ya en la anterior entrega de esta columna se mencionó la reunión de 300 empresarios, encabezados por un yerno de Carlos Slim y la heredera de Lorenzo Servitje, para apoyar al candidato del PRI, el mencionado Meade.

Y ayer se publicó en un diario editado en la Ciudad de México que el pasado domingo se habían reunido en la casa de Carlos Salinas de Gortari algunos personajes como el perverso fabricante de la “verdad histórica”, Jesús Murillo Karam, y alguien que habría llegado en los vehículos normalmente utilizados por Enrique Peña Nieto. A la hora de cerrar esta columna no se había conocido ningún desmentido público respecto a la versión periodística de esa sesión que, de haberse realizado, tendría todos visos altamente negativos para el proceso electoral.

Por lo pronto, el Instituto Nacional Electoral pareciera decidido a mermar en cuanto le sea posible la representación, ante mesas receptoras de votación, de los partidos Morena, Encuentro Social y del Trabajo, y de las Redes Sociales Progresistas por la vía de este último partido. Una de las tretas recurrentes consiste en crear una confusión en cuanto a nombramientos, ubicaciones y cargos, para que los representantes de determinados partidos o candidatos no puedan vigilar adecuadamente el proceso dominical.

Para dar una idea de lo que está sucediendo en cuanto a la “organización” electoral, ayer esta columna escuchó de viva voz el reporte de una coordinadora distrital de representantes de López Obrador: “Una vez que hemos hecho el análisis de los nombramientos que nos da el INE, de uno de los tres distritos federales, encontramos que aproximadamente el 30 % de las acreditaciones no aparecieron, pese a que el INE no nos hizo ninguna observación de que la persona hubiera sido registrada por otro partido o que no estuviera en la lista nominal o cualquiera de las observaciones que suele hacer dicho INE. Además, aproximadamente a un diez por ciento los cambió de posición; es decir, los dábamos de alta en una casilla con un cargo y aparecieron en otra casilla que, por supuesto, no es prioritaria para nosotros y con otro cargo. Ya fuimos al distrital y a la junta local del INE donde, burocratizados, nos piden un reporte pormenorizado, para ver qué pueden hacer. Esa es la caótica situación”.

Así como los procesos penales suelen ser sembrados de errores, para que más adelante los abogados defensores “encuentren” esos fallos, los aprovechen y denuncien, e invoquen violaciones al debido proceso legal, que ponen a los procesados o sentenciados en libertad o en condiciones muy favorables para sus intereses, el proceso electoral está siendo cargado de errores y situaciones que propicien tales irregularidades, confusiones, impugnaciones y protestas que, parcial o totalmente, ciertas elecciones puedan ser susceptibles de anulación.

No se trata solamente de los tradicionales métodos de defraudación electoral sino, en especial, el expediente llevado a niveles superiores en Coahuila y el Estado de México, de la compra o las amenazas a los representantes de la oposición, de las falsas acreditaciones y los enredos en cuanto a nombres, domicilios y asignaciones a cuidar. Faltan los citatorios judiciales apócrifos, que atemorizan a los representantes electorales no deseados y los hacen desistir de ir a cumplir con su función, de las cabezas de cerdo tiradas afuera de domicilios particulares o locales partidistas e incluso el secuestro y agresiones a los opositores.

Lo cierto es que, a estas alturas, la maquinaria burocrática y la red de mapaches (nombre dado a los defraudadores electorales) está extendida y trabajando a plenitud, sin que los altos mandos (es decir, los consejeros del INE y los directivos estatales y distritales) puedan o quieran hacer algo más que declaraciones. Ese intento de golpe electoral solo podrá frenarse mediante una amplia votación ciudadana y una vigilancia incesante de las mesas receptoras de votación, las actas, el transporte de ellas y la veracidad de los resultados./

Y, mientras ayer eran detenidas en la Ciudad de México dos personas que en una camioneta de lujo transportaban veinte millones de pesos al edificio del comité nacional priista, según las primeras declaraciones dadas a conocer por la policía capitalina, ¡hasta mañana!

Julio Hernández López
Julio Hernández López
Autor de la columna Astillero, en La Jornada; director de La Jornada San Luis.