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Injusticia para muchos

Carlos López Torres

D ice el viejo refrán: lo que es igual para todos no es ventajoso para ninguno. Aunque lamentablemente en México, como bien lo declara el vicario general de la Arquidiócesis de San Luis Potosí, el sistema de justicia no es “parejo” ni se aplica igual para todos los ciudadanos.

Más aún, agrega el sacerdote Benjamín Moreno Aguirre, en alusión a la salida bajo fianza de Miguel Ávalos Oyervides, ex alcalde interino de la capital, “el que decreta a veces la luz verde para una persona, es el dinero, verdad”, o la consigna desde arriba, agregaríamos nosotros.

En cualquier país donde el estado de derecho no es una quimera, sino una práctica cotidiana tangible, efectivamente lo que es parejo no es boludo, como dice otro dicho popular. Sin embargo, la impartición de justicia en México se ha convertido en una auténtica pesadilla, para los que no tienen dinero ni influencia alguna.

Entre las consecuencias de la tremenda falta de confianza en las instituciones impartidoras de justicia, destaca de manera sobresaliente la cada más fuerte tendencia a desincentivar la denuncia ciudadana, dada la omisión sistemática y la impunidad sistemática que nos invade.

No es casual que en términos generales el delito haya crecido durante el sexenio de la abulia; como el rezago en la procuraduría haya alcanzado niveles extraordinarios; o el burocratismo tradicional de esa dependencia haya desalentado a miles de potosinos que decidieron finalmente abstenerse de recurrir a esa instancia.

Algunos delitos, como el abigeato, por ejemplo, cuya recurrencia tiene que ver con el abandono de denuncias por parte de la autoridad investigadora durante el sexenio pasado, hoy son motivo de preocupación para quienes con su esfuerzo se empeñan en hacer de la ganadería su principal quehacer económico.

El campo no sólo fue abandonado en lo referente a la incentivación y apoyos para la producción, sino en cuanto a la atención de la inseguridad y la permanente criminalidad, como lo demuestran las denuncias de algunos representantes de las uniones ganaderas en la Huasteca y la zona Media, donde el robo de ganado es el pan nuestro de cada día y los afectados se niegan a interponer denuncia alguna, dado el desinterés demostrado por los ministerios públicos y la policía dependiente de estos funcionarios.

¿Cuántos de los internos en los penales potosinos han carecido del debido proceso que al decir del procurador Federico Garza Herrera, se les dispensa ahora a los ex funcionarios involucrados en el bochornoso caso de Victoria Labastida Aguirre?

Que le pregunten a cualquier ciudadano o ciudadana víctima de violaciones a sus derechos, o de feminicidio como ha venido ocurriendo en los últimos años en la entidad, cómo han sido atendidos en sus respectivas denuncias.

Por supuesto, cientos de miles de habitantes de la comuna potosina, convertida en enorme cráter, arruinada en casi todas sus vialidades y en buena parte de su infraestructura urbana, no sólo esperan justicia imparcial, pronta y expedita, sino lo que también es importante: el resarcimiento de la pérdida de su bienestar cotidiano con la inmediata conclusión de la obras y la inmediata realización de otras necesarias pospuestas.