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Inmunidad e impunidad

Carlos López Torres

Apoyados en la inmunidad e impunidad de que gozan los legisladores locales, mantendrán la partida de gestoría institucional toda vez que ya está presupuestada, según el dicho del diputado Enrique Flores Flores; lo que dificultará la intención del legislador Óscar Vera de mejorar la poca dignidad y respeto que le queda a la Legislatura local, con sólo revertir la reforma sobre el nombramiento de los coordinadores de los grupos parlamentarios, según la iniciativa que presentara el diputado Vera.

Y es que las constantes burlas de que ha sido objeto la ciudadanía por la mencionada Legislatura, efectivamente tienen como base legal la obsoleta inmunidad constitucional o fuero, privilegio del que gozan los funcionarios públicos en ejercicio de un cargo público que, en el caso mexicano, terminó por conducirnos a la institucionalización de la corrupción y la consecuente impunidad de que gozan.

Aunque el diputado Óscar Bautista Villegas, presidente de la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados, celebra por anticipado, como es su costumbre, que con la implementación de las leyes que conforman el Sistema Estatal Anticorrupción, además “se apoyará a fomentar la cultura de la legalidad, la transparencia y la rendición de cuentas”, lo cierto es que entre las leyes que se mantienen está la Ley de Juicio Político y Declaración de Procedencia para el Estado de San Luis Potosí, es decir, se mantendrá de hecho y derecho la inmunidad de los funcionarios públicos. ¿Y la ostentosa verborrea de los “representantes populares” sobre la desaparición del fuero?

Acaso por ello resulta oportuna la información del diputado federal Xavier Nava Palacios sobre la reciente presentación del PRD, a nivel de la Cámara Alta, de una iniciativa que permita a la autoridad judicial someter a proceso a cualquier funcionario que incurra en actos de corrupción o delitos sin necesidad de solicitar a la Cámara de Diputados que inicie previamente proceso para declaración del desafuero.

Aunque necesaria la información, resulta insuficiente, si no se procede a informar plenamente a la ciudadanía y se recoge la opinión de quienes pagamos los altos salarios y prestaciones de los diputados federales, toda vez que la práctica legislativa en este país de la corrupción pasa, como ha sido ya evidente en muchas ocasiones, por las negociaciones en lo oscurito entre los grupos parlamentarios.

Más aún, derivado de la participación ciudadana que debiera generarse dada la exigencia de hacer efectivo el combate a la corrupción, se requiere la movilización para que el Sistema Estatal Anticorrupción no resulte un fiasco.

De que se puede, se puede. Ahí está el ejemplo de la lucha de la ciudadanía de Baja California, que con su organización democrática y la movilización permanente, poniendo por delante los intereses generales y no los partidistas o de grupo, han logrado echar abajo entre otras la Ley del Agua del Estado, y hacer que se apruebe el desafuero a los funcionarios, incluyendo gobernador.