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Instituciones para la impunidad

Renata Terrazas*

Hemos llegado a un punto en donde la ignominia se vuelve parte de la vida diaria de este país. Cada escándalo político supera al anterior, cada desgracia humana supera a la anterior y no pasa nada. De esta forma, nos abalanzamos hacia un lugar sin retorno, en donde nos convertimos, como sociedad, en partícipes de la impunidad.

Las instituciones encargadas de proteger a la sociedad, hoy se alinean para brindar protección a quienes atentan contra los intereses de todas y todos. Las noticias de los últimos días nos pueden dar plena evidencia de ello, como lo son el asesinato de la periodista Miroslava Breach, el fallo del amparo del juez Anuar González y la evasión de la justicia por parte del diputado Antonio Tarín.

Estos tres sucesos se encuentran conectados por un mismo origen, la impunidad, y por la colusión de las autoridades. Estos tres hechos forman parte de la realidad en México sobre el rol que juegan las instituciones en la construcción de un sistema corrupto, donde los derechos de las personas importan nada.

El asesinato de Miroslava Breach forma parte de los múltiples asesinatos de periodistas en nuestro país, que nos colocan en un lamentable tercer lugar mundial en cuanto a periodistas muertos, tal y como lo demuestra el informe de la Federación Internacional de Periodistas. Estos asesinatos se insertan en un contexto de guerra contra el narcotráfico, pero también de debilidad institucional que da pie a una extendida impunidad. La mayoría de estos asesinatos, así como cualquier otro crimen en México, no es castigado.

El papel de las policías y las fuerzas armadas en este contexto ha sido variable. En algunos casos ha existido franca colusión de las autoridades con el crimen organizado, en otras una visible omisión que ha contribuido a un contexto de permisibilidad. Lo que es notorio, a lo largo de esta ridícula guerra frontal contra el narcotráfico, es una pauperización de la vida de las y los mexicanos y un creciente número de muertes y desapariciones.

Esta incapacidad institucional no es sólo cuestión de mantener seguridad en las calles, como nos quieren hacer creer para aceptar la militarización de nuestra vida civil. El hueco más grande en este esquema de impunidad se encuentra en la procuración de justicia, en el rol que juega nuestro sistema judicial.

La impunidad no se relaciona solamente con la comisión del acto delictivo, sino con la posibilidad de que éste no sea castigado. México, según el Índice Global de Impunidad, ocupa el lugar 58 de 59 países, con una impunidad de más del 95 por ciento. Ello quiere decir que, de 100 actos delictivos cometidos, al menos 95 saldrán impunes. Como podemos ver, vaciar los cuarteles del Ejército para ponerlos en las calles no necesariamente eliminaría la impunidad, o ¿acaso ya desempeñan actividades de investigación y procuración de justicia civil?

Las instituciones que deben procurar justicia casi nunca lo hacen de una manera adecuada. La sentencia del juez Anuar González es reflejo de ello. Más allá de la posibilidad de un análisis puntual entre expertos, resulta incomprensible que, en un contexto de violencia hacia la mujer en el país, y de manera particular en Veracruz, un juez se tome tan a la ligera las acciones de Diego Cruz en el caso de violación a una menor. Por ello, detrás de esta sentencia de amparo, surgen sospechas sobre la corrupción e independencia del juez.

La falta de independencia de los jueces y magistrados es preocupante, su designación depende de los poderes ejecutivos y está sujeta a sus caprichos. Difícilmente un juez en algún estado fallará en contra del gobernador o de los amigos del gobernador. Pero no sólo siendo amigo de un gobernador un delincuente puede salirse con la suya, en estados y países donde la figura política principal –el titular del poder ejecutivo– es altamente corrupta, se generan las condiciones institucionales para la impunidad.

La cooperación de los poderes del Estado es brutal en cuanto a la protección de los intereses de la clase política. La separación de poderes, en México, es sólo teórica. Ello juega completamente en contra de una sociedad cada vez más desprotegida, que encuentra pocos espacios para la defensa de sus derechos dentro de las propias instituciones.

La clase política poco atiende esta realidad; en ocasiones parece autorregularse, pero siempre encuentra una forma de volver a hacer cuanto desee, así sea cometer actos de corrupción a plena luz del día.

No sólo es contradictorio, sino cínico, que la Cámara de Diputados que recién aprobó las leyes del Sistema Nacional Anticorrupción, proteja al priísta Antonio Tarín, el cual está acusado de peculado. Es completamente inaudito que se erija la casa de representación popular, la Cámara de Diputados, como escondite de prófugos de la justicia en espera de amparos obtenidos, quizá, a billetazos. Pero debemos recordar que eso que nos parece inaudito es un acto legal y cotidiano a través del fuero de los legisladores.

Estos tres hechos, entrelazados por un sistema de corrupción e impunidad, permiten identificar algunos de los temas más importantes que debemos atender. No es cuestión de quién gane las elecciones de 2018, ni solamente de la construcción de leyes; combatir la corrupción y la impunidad depende de un adecuado diseño institucional que elimine espacios de discrecionalidad, obligue a la rendición de cuentas e incluya la participación ciudadana.

* Investigadora de Fundar, Centro de Análisis e Investigación