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Intereses políticos en Uber y taxis

Israel López Monsivais

En las últimas semanas el conflicto entre choferes de Uber y taxi se ha intensificado en las calles de SLP. En diciembre del año pasado los legisladores potosinos regularon el servicio innovador de Uber. Habría también que decir que los intereses particulares y políticos de algunos diputados locales han surgido desde el interior del Congreso local en supuesta defensa del taxismo potosino.

Examinemos brevemente la problemática: Uber llegó a satisfacer un servicio que estaba en el abandono, arcaico y sin cumplir estándares de calidad. Por otro lado, las diversas organizaciones de taxistas demandan otorgamiento de concesiones y eliminar a la competencia directa. El primero es una prestación de servicios entre particulares y el segundo se da por la asignación de una concesión pública.

Tenemos multipropietarios de Uber y sujetos que con el tráfico de influencias son dueños de varias concesiones de taxi. Aquí es donde coinciden los choferes de ambas modalidades: precarización y explotación laboral. Trabajan más de las ocho horas en  cada turno y el patrón (empresario o concesionario) en la mayoría de los casos no cumple con todas las obligaciones que le corresponden.

Quisiera añadir que también encontramos al pequeño propietario que invirtió su capital en un vehículo, se registró en Uber y él mismo presta el servicio. Igualmente taxistas que trabajan honestamente su propia concesión. Los grupos enfrentados son los empresarios potosinos que impulsan a la empresa estadunidense y los líderes de las distintas organizaciones del taxismo que buscan su interés particular. Ambos grupos utilizan a los choferes en la confrontación.

Dentro del contexto emerge la figura oportunista del legislador José Luis Romero Calzada, que en un discurso nacionalista trasnochado quiere expulsar a Uber de SLP. En tribuna expresó que debemos parar los embates de Donald Trump con este tipo de acciones. En un apunte de economía básica: los únicos afectados son los trabajadores potosinos que se quedarían sin trabajo.

Es sencillo para los legisladores dictarles a los ciudadanos qué tipo de servicio de transporte deben utilizar cuando ellos se trasladan en vehículos nuevos cargados al erario. ¿Acaso han realizado un estudio para conocer la opinión de los usuarios? Por lo que he escuchado y leído los potosinos se sienten satisfechos con el servicio Uber.

San Luis Potosí crece, la ciudadanía demanda calidad en el transporte público y las autoridades deben respetar la libertad individual de seleccionar lo que mejor se acomode a las necesidades del usuario. El rol del gobierno es supervisar y sancionar. Los diputados locales no son los propietarios de las decisiones. No deben beneficiar a los monopolios del transporte público a cambio de apoyo político.

Exhorto a los integrantes de la 61 Legislatura a que escuchen a los usuarios potosinos, protejan los derechos laborales de los choferes de ambas modalidades de servicio y trabajen con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del gobierno de SLP para transparentar los procesos en el otorgamiento de las concesiones de taxi.

Se me figura, así de momento, que Romero Calzada está aprovechando el conflicto para hacerse de capital político. Afirmo que los intereses particulares no pueden estar por encima de las necesidades colectivas de los usuarios.

Por último, recomiendo la lectura del artículo Uber y su cultura de trabajo abusiva publicado en el New York Times, redactado por Mike Isaac. Ahí podemos encontrar los valores de la empresa, los orígenes y la crítica a la trasnacional.

Aguijón: Juan Manuel Carreras López, gobernador del estado, tiene la oportunidad de frenar el próximo aumento al transporte público. Primero que los concesionarios cumplan con el servicio de calidad: seguridad, acceso a discapacitados, asientos especiales para las minorías y respeten la normatividad.

@francotiradort1

Israel López Monsivais
Israel López Monsivais
Abogado y Maestro en Gestión Pública; Catedrático, FCA, UASLP.