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Jornaleros agrícolas: víctimas por todos lados

Se publica de nuevo esta columna, apareció originalmente el 08 de julio del 2014, con motivo del primer lugar obtenido en la reciente entrega del Premio Estatal de Periodismo en la categoría “Artículo de fondo o comentario “Francisco Martínez de la Vega” 

Eran pobres, eran indígenas, eran niños, eran jornaleros agrícolas, eso significa en este país que no tenían acceso a sus derechos por ningún lado. No hay en su caso ningún resquicio por donde pudiera colarse desde arriba un poquito de legalidad; ningún quiebre del sistema por donde escurran unas gotas de los derechos que consigna discursivamente para todas las personas la Constitución de la República.

Murieron trágicamente el pasado jueves en un accidente en la carretera 57, por el Huizache. Eran tres niños, tenían entre 8 y 12 años de edad y parece que no tenían mucho más. Con ellos viajaban más de treinta personas y la mayoría resultó con heridas.

No disponemos de cifras precisas que midan el tamaño del empleo por jornal agrícola en México. Lo que tenemos son aproximaciones, cruces de datos de diversas fuentes. Entre las cifras del gobierno de la República (a través de la Secretaría de Desarrollo Social) y de los de instancias internacionales, como el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF, por sus siglas en inglés), es posible estimar que en el país hay entre 5 y 6 millones de personas trabajadoras por jornal agrícola y de entre ellas aproximadamente un millón son menores de edad.

La mayoría de estas personas procede de estados como Oaxaca, Veracruz y Guerrero, y se dirigen principalmente a Sonora y Sinaloa. Los del accidente referido trabajaban en San Luis Potosí, en el altiplano, como trabaja la mayoría: por salarios miserables, sin seguridad social, sin prestaciones, sin derechos laborales, sin derechos humanos, sin derechos a secas. No tienen tierras, desposeídos de bienes materiales aceptan laborar por condiciones ilegales, infralegales e inhumanas y parece que esa condición es suficiente para que no los miren las autoridades del trabajo o para que finjan no mirarlos. Una gran parte de la industria agrícola, de las empresas y los ranchos de producción del campo, se sostiene en el sistema de explotación laboral desregulada.

Es que para la Ley Federal del Trabajo se trata de “trabajadores especiales” que por la naturaleza de sus funciones laboran en una especie de régimen de excepción. Y este parece el pretexto para que desde una perspectiva liberal se permita la contratación voluntaria aun con condiciones de trabajo por debajo de los mínimos legales. Casi la totalidad de las personas que trabajan en el campo carecen de seguridad social y prestaciones. Los menores, que ni siquiera deberían trabajar en términos de ley al menos los menores de 14 años) no siquiera aparecen en los registros oficiales de enganchadores y contratistas. La Ley del Trabajo consigna que estos trabajadores eventuales o estacionales deberán cumplir 27 semanas continuas en el mismo lugar para poder ser considerados permanentes, tarea casi imposible por las características del trabajo agrícola.

¿Qué hay que hacer? Por principio de cuentas la Procuraduría de Justicia debería iniciar averiguaciones para descartar posibles casos de trata de personas no solo en el asunto que deriva del accidente reciente, sino en la mayoría de los ranchos y empresas agroindustriales del altiplano potosino, al menos.

Enseguida las autoridades laborales locales y federales tendrían que rendir un informe detallado y preciso de las visitas e inspecciones que dicen realizar en la región, tanto el Delegado de la dependencia federal, Edgar Durón, como el titular de la Secretaría del Trabajo estatal, Miguel Cardoza, pues de ser verdad que han llevado a cabo dichas diligencias, los resultados tendrían que traducirse en sanciones a todos los sitios donde se ha descubierto en meses recientes que se comete trata de personas con fines de explotación laboral. El gobierno del estado de San Luis Potosí cuenta con una oficina que denomina “Campo Potosino” de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos que se supone debe contar con un padrón de empresas y un diagnóstico de la situación del campo en la entidad. La organización social “Respuesta Alternativa, AC” que ha desplegado trabajo comunitario y de investigación en el Altiplano potosino estima que al menos en 60 unidades productivas de la región hay violaciones gravísimas a los derechos humanos y laborales.

De ahí pueden partir las autoridades laborales para profundizar en las investigaciones que conduzcan a erradicar esta lacerante forma de explotación humana que recae sobre las personas más empobrecidas por un sistema económico que las expulsa de su lugar de origen y que a donde las manda las vilipendia.

Twitter: @GuillerLuevano