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Justicia e inseguridad, asignaturas pendientes

Carlos López Torres

En una entidad donde la omisión, la opacidad y el regateo de la información han caracterizado la administración pública, uno supone que el espectacular número de integrantes que conforman el recién constituido Consejo Consultivo Ciudadano de Procuración de Justicia, reflejan la alarmante dimensión del rezago en esa materia, así como el intento de respuesta a las constantes denuncias de la ciudadanía sobre el tortuguismo, la corrupción y falta de probidad de los ministerios públicos.

No obstante que desde inicios de la administración del gobernador Juan Manuel Carreras López se adquirió el compromiso de sanear todas las áreas de la administración estatal, han sido la procuración de justicia y la inseguridad los temas más abordados cotidianamente en estos meses, aunque no precisamente por su mejoría, sino por su ineficiencia, ineficacia, parcialidad y generadoras de impunidad.

Acaso por ello, en el discurso de toma de protesta al consejo instalado apenas ayer, el titular de Ejecutivo enfatizó la intención de construir para San Luis Potosí un sistema de justicia eficaz, transparente y honesto; por supuesto, sin ofrecer datos duros o diagnóstico alguno del estado que guarda el tema escabroso y desatendido a partir de la institucionalizada omisión que, a partir de ahora, habrán de compartir las y los 300 miembros del organismo de supervisión externa de las acciones de la PJGE.

En las últimas semanas han aparecido por doquier serias denuncias sobre la crisis de la procuración de justicia en el estado, los medios han dado cuenta de los tradicionales vicios que afectan la dependencia, según lo han comentado algunos abogados o personas afectadas directamente por la parcialidad y corrupción imperante al seno de las oficinas de los MP.

Paralelamente el agravado problema de la inseguridad en las regiones del estado, particularmente en el área metropolitana, cobra cada vez más víctimas, principalmente de jóvenes que han sido ejecutados en la vía pública, así como el aumento en el robo de autos, han generado un clima de intranquilidad.

Aunque el general Germán Antonio Bautista, comandante de la Doceava Zona Militar, reconoce que San Luis sigue siendo un espacio del paso de drogas y aún operan células del crimen organizado, lo cierto es que poco se ha hecho por parte del Estado para combatir lo que desde hace tiempo todo mundo sabe: que aumentan el secuestro, la extorsión, el narcomenudeo y la violencia, como asimismo lo reconoce Arturo Salazar, jefe de la Región Huasteca de la SSPE.

Las carreteras siguen siendo inseguras por la noche, así como los casinos, centros de apuestas y establecimientos de entretenimiento de adultos, según lo consigna la renovada alerta de Estados Unidos de viaje a San Luis Potosí.

Todo lo anterior, en un contexto donde la policía resulta reprobada y las cárceles de la entidad adolecen de seria deficiencias, como ha quedado fehacientemente demostrado.