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¿Justos por pecadores?

Guillermo Luévano Bustamante

J osé de Jesús Cruz es un sacerdote potosino que el pasado 11 de agosto de 2014 fue detenido por agentes de la Policía Municipal de San Luis Potosí por la acusación que hiciera en su contra un hombre mayor de edad con presunta cercanía al denunciado, cuya identidad no queda muy clara en el señalamiento jurídico ante la policía.

No conozco al sacerdote Chuy, pero he revisado las apariciones en prensa y los argumentos jurídicos y políticos esgrimidos por la defensa legal, y el resultado de la recomendación 05/2015 que emitiera la Comisión Estatal de los Derechos Humanos respecto al caso, que ha hecho pública el equipo que asesora jurídicamente al sacerdote y en la que el órgano defensor identifica violaciones en el modo de actuar de las autoridades potosinas, especialmente de la Policía Municipal de la capital del estado.

Lo que parece resultar del caso es que se trata de lo que la propia defensa de José de Jesús Cruz califica como un uso político de la Procuraduría del Estado, que lo emplean de “chivo expiatorio” tras la fallida actuación del gobierno de San Luis Potosí frente a las muy diversas acusaciones contra otro sacerdote, Eduardo Córdova, sobre quien recayó una orden de aprehensión por al menos seis víctimas, y cerca de cien más, según investigaciones periodísticas y políticas, con un historial plagado de señalamientos de que incurría en prácticas abusivas y contra menores de edad. Es decir, dos casos sumamente diferentes entre sí con respuestas injustas en ambos, en uno por inacción y en otra por sorprendente respuesta inmediata.

Esto es, como en el caso de Córdova la presión pública fue demasiada y sigue prófugo, frente a una oportunidad de detener y llevar a juicio a otro sacerdote, el gobierno de San Luis, y específicamente quien parecía ejercer el control más que el médico Toranzo, el entonces secretario general de Gobierno, Cándido Ochoa, se infiere que decidió aprovecharla y castigar de forma ejemplar a quien se pudo.

La recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos consigna, tras el estudio del caso, que hubo diversas violaciones a los derechos del ciudadano José de Jesús, requiere al comisario de la Dirección de Seguridad Pública, Arturo Calvario, para que ordene a quien corresponda proceda a llevar a cabo la reparación del daño ocasionado al sacerdote Chuy; consigna también la resolución de la comisión que hubo prácticas lesivas contra el sacerdote en el modo de llevar a cabo los procedimientos jurídicos, en cuanto a las formalidades mínimas que deben observarse en esos casos, que se procedió sin orden de cateo, que se vulneró la inviolabilidad del domicilio del sacerdote y otras más.

Que la cosa está así: sobre el ex secretario Ochoa en todo caso hay mas elementos para desconfiar de su actuación, que si la Policía Municipal quiere actuar con diligencia, que lo haga, pero que sus jefes aprendan a no violar los procedimientos técnicos y jurídicos, que debe detenerse y condenarse a los curas pederastas y a los que sean culpables de cualquier otro delito, pero que no se usen políticamente los asuntos, que no se corrompa la aplicación de la justicia, que sobre todo, se asegure también la imparcialidad del Poder Judicial respecto del Ejecutivo, para que si como todo parece indicar, el ciudadano José de Jesús Cruz es inocente, recaiga sobre su persona en el caso al que se hizo alusión, una sentencia absolutoria. Y que se acate la recomendación de la defensoría de los derechos humanos de San Luis.

Twitter: @GuillerLuevano

Guillermo Luévano
Guillermo Luévano
Doctor en Ciencias Sociales, Profesor Investigador en la UASLP, SNI, columnista en La Jornada San Luis.