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La actual inutilidad de las palabras

Ignacio Betancourt

Cuando la utilidad de lo razonable es inútil, se plantea una nueva axiología, algunos valores se deberían reinventar. Para quienes suponen que debatiendo, confrontando argumentos en un contexto de máxima irracionalidad puede clarificarse algo, habría que recordar que ni la verborrea ni la demagogia han sido camino para la comprensión de nada. Cada vez más los “jilgueros” se van quedando sin empleo; los “rollos” ya no son funcionales pues las palabras cada vez resultan más inútiles para explicarse la realidad política de un país destruido por el uso devastador de una verbalidad enloquecida, por ejemplo México. ¿Actualmente quién puede creerle a un demagogo o a un político priianista? ¿quién puede encontrar un mínimo de credibilidad en el discurso de un mentiroso compulsivo? Cuando la irracionalidad se apodera de un cualquier diálogo urgen otras palabras ¿nuevas? ¿resignificadas?

O ¿qué hacer, cuando, por ejemplo, el propio gobierno mexicano rechaza algo tan necesario como aceptar la competencia del Comité de Naciones Unidas Contra la Desaparición Forzada, para examinar los miles de casos de ese delito que ocurren en México? La ONU considera muy preocupante el no reconocimiento del problema por parte del gobierno. La negativa de las autoridades mexicanas “es muy grave” en un país que tiene 34 mil desaparecidos y más de 46 mil homicidios en el año anterior (aunque el gasto federal ha aplicado desde 2006 casi un millón de millones de pesos para la seguridad los resultados son insatisfactorios) ¿podrá algo la palabra racional ante tamañas desmesuras?

¿En dónde ubicar la racionalidad de lo verbal? La actual inutilidad de las palabras para la solución de las cotidianas agresiones contra el ciudadano, es un implícito reclamo para otras formas de confrontación. Los familiares de asesinados y desaparecidos sabrán que resistir la crisis inmediata ante la desaparición o la muerte de un ser querido tiene un único camino: la organización junto a los otros, la unión de todas la voluntades agredidas por un mismo mal. No los discursos ni las racionalizaciones verborreicas.

Si las estadísticas de la organización Transparencia Internacional nos muestran una realidad tan abrumadora como la de que México ocupe el lugar 129 entre los 135 países más corruptos, integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE); o que la más reciente evaluación de Grupo de Acción Financiera ubique a México como el país donde “el lavado de dinero todavía no es un ilícito que se persiga de manera proactiva y sistemática”, se ignore aunque esto se traduzca en la corrupción y la impunidad más escandalosa tanto en el sector público como en el privado, y sin embargo, el Sistema Nacional Anticorrupción siga sin concretarse, tal como ocurre con la ausencia de la fiscalía independiente requerida para su funcionamiento, es momento de modificaciones de fondo.

Habitamos una patria en la que hasta el águila del escudo de su bandera nacional aparece cabeza abajo (quizá avergonzada), como ocurrió en la ceremonia principal del pasado 24 de febrero, día nacional de la bandera mexicana, cuando frente a las más “altas” autoridades civiles y militares del país el gigantesco lábaro que se elevaba, con toda solemnidad mostró a su enorme águila central cabeza abajo (tal vez como una misteriosa burla a la tragedia que hoy corroe al país). El azar nos dice que andamos de cabeza, simbólica representación de un estado de cosas que ha llegado a sus límites más atroces. Y por si todo lo anterior no fuera suficiente ¿cómo omitir la presente situación de los Derechos Humanos que en México empeora cada día? El país vive una de las más graves crisis sobre el tema, ante la cual los representantes de las instituciones del Estado mexicano simplemente se niegan a reconocer tal situación, como si su evidente incapacidad solo les permitiese ignorar el problema ante la imposibilidad de resolverlo.

James Cavallaro, ex presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) declaró hace unos días que “lejos de resolver la terrible situación de las garantías fundamentales que hay en el país, el gobierno de Enrique Peña Nieto ha dedicado una millonaria suma a la propaganda para impulsar su imagen”. Para la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas y la propia CIDH, la crisis en materia de derechos fundamentales en México “es real y preocupante”. ¿Qué palabras deberán utilizar los ciudadanos, para entender y resolver, lo que cientos de miles padecen en carne propia?