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En la ASE, pura desfachatez

María Elena Yrízar Arias

Ante los “honorables” diputados del Congreso del Estado, concurrió otro “honorable” funcionario público, quien les dijo que la Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí tiene un déficit económico de 36 millones de pesos, que según el titular responsable, José de Jesús Martínez Loredo, les hizo saber a los diputados de la Comisión de Vigilancia del Congreso potosino, que preside la diputada Martha Orta Ramírez. Explicó que dicha situación económica la viene arrastrando desde el ejercicio fiscal de 2015, además, les puntualizo que, efectivamente, existe un adeudo económico con la Dirección de Pensiones del Estado por concepto de retenciones salariales de los empleados de esa dependencia, así como adeuda las  aportaciones al fondo de ahorro de los empleados y vivienda.

Lo delicado de este asunto es que con desfachatez, el auditor trató de justificar la situación o, más bien dicho, trató de explicarles a los diputados lo inexplicable e ilógico de la situación, que bajo el argumento de que sí está cumpliendo (aunque sea poquito) con las obligaciones fiscales de pagar el IMSS, el ISR, los afores, los servicios médicos y pagos a las deudas con los proveedores. O sea, que cumple parcialmente sus obligaciones, pero de acuerdo con la ley, tiene la obligación de fiscalizar puntualmente y regular la revisión de las cuentas públicas y su fiscalización superior; el fincamiento e imposición de sanciones derivadas de las responsabilidades administrativas y financieras, resultantes de los daños y perjuicios causados a la hacienda pública y al patrimonio de los entes auditables; así como la ejecución de los créditos resultantes; además de conocer de los medios de defensa correspondientes; la aplicación de medidas correctivas y preventivas; así como el establecimiento de las bases y términos para la organización, procedimientos y funcionamiento de la entidad pública encargada del ejercicio de estas funciones.

Lo que fue el colmo de la irracionalidad es que si existe tal déficit de 36 millones, entonces cómo se podría justificar que Martínez Loredo haya gastado 700 mil pesos en un festejo en la época navideña, así nomás como si nada, y todavía aprovechar la oportunidad de su comparecencia para solicitar más recursos económicos cuando dijo que ese órgano de fiscalización no ha recibido el presupuesto necesario y operar bajo esa condición, le resulta sumamente difícil, “nos hemos visto obligados, al igual que  otras dependencias, a atender los compromisos del gasto corriente y de servicios personales que son ineludibles”.

De acuerdo con la ley, Auditoría Superior es el órgano del Congreso del Estado que tiene a su cargo la función de fiscalización superior de las finanzas públicas de los entes auditables; y la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado, encargada de coordinar y evaluar el desempeño de la Auditoría Superior del Estado.

Consecuentemente, la legisladora Martha Orta Rodríguez, presidenta de la Comisión de Vigilancia, tiene la obligación de evaluar el desempeño del auditor. En este caso, habría que preguntarlos, ¿procederá la diputada Orta a cumplir con la ley, cuando el auditor les declaró los hechos que se han descrito y ella, hará algo? Porque hay que recordarle a la diputada Orta las palabras que pronunció en su toma de la presidencia de la comisión que preside: señaló que la fiscalización de los órganos de gobierno es un logro democrático que permite a la sociedad conocer el ejercicio de los recursos públicos y a los gobernantes, exigir una rendición de cuentas y transparencia plena en sus determinaciones (publicadas en Plano Informativo el 24 de septiembre de 2015). Allí también se lee: “Debemos tener en mente la necesidad de avanzar en el perfeccionamiento del marco legal, reforzando las facultades del órgano fiscalizador, reforzar el carácter preventivo de la actuación de la Auditoría y brindar un seguimiento a las auditorías de desempeño, además de evaluar las condiciones que le permitan al Congreso del Estado fomentar la cultura de la fiscalización, la rendición de cuentas y la transparencia”.

¿Con qué calidad moral o autoridad podría el auditor Martínez fiscalizar a sus semejantes y hasta pedir más dinero? Si no cumple con la ley. Y ¿cómo podría la diputada Martha Orta cumplir con sus enunciados que precisó cuando tomó posesión  como presidenta de la Comisión de Vigilancia?

Pobre San Luis Potosí, con estos funcionarios. Sigue la desfachatez imperando.

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