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La clase política que nos teme

Renata Terrazas*

El famoso dicho “quien nada debe nada teme” jamás había sido tan preciso para explicar el comportamiento de nuestra clase política como ahora. Y ello se refleja de mejor forma en los procesos de designación alrededor del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).

Una clase política temerosa de la posibilidad de verse perseguida por sus actos de corrupción o irresponsabilidades administrativas busca poner candados a los mecanismos creados para perseguir y castigar los actos de corrupción mediante la imposición de sus cuates al frente de las instituciones.

El tan anhelado y necesario SNA se ha puesto en juego por la forma en la que se pretenden designar a actores clave, como lo son el fiscal anticorrupción y los magistrados al Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA).

A través de procesos opacos, donde no se explicitan los criterios que sirven de base para la designación de estos perfiles ni se justifica la idoneidad de las personas, se pretende dar un fuerte golpe, irreversible, a la legitimidad del sistema que deberá castigar los actos de corrupción.

El pasado martes 25 de abril, el titular del Ejecutivo Federal envió una propuesta de 18 magistrados a ocupar la Tercera Sección de la Sala Superior (3), y la Sala Especializada en materia de Responsabilidades Administrativas (15) del TFJA. Esta propuesta, si bien cumple con un mediocre diseño legal, incumple con acuerdos asumidos por el Estado Mexicano respecto a los procesos de designación del SNA.

En septiembre de 2016, dentro de la Alianza para Gobierno Abierto, se incluyó un compromiso para llevar a cabo procesos de designación transparentes e incluyentes de la participación ciudadana. Nuestra clase política sólo lo cumplió para el caso del Comité de Participación Ciudadana, dejando de lado los cargos más estratégicos para elegirlos con toda la discrecionalidad posible.

Es de llamar la atención que existan más controles para la designación de un Consejo Ciudadano como el de la Comisión Nacional de Derechos Humanos o el del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) que para el de los magistrados que castigarán la corrupción de las y los funcionarios.

Pensar que un proceso donde el Ejecutivo Federal envíe una lista con los nombres que deberán ser ratificados por el Senado dando tres días para la discusión es suficiente para construir la legitimidad necesaria del SNA, es absurdo. Lo que parece estar detrás es un férreo control sobre los cargos estratégicos para cuidar las espaldas de una saliente clase política que no pretende ser perseguida por los actos de corrupción que ya cometió.

Una clase política corrupta que construye un sistema de combate a la corrupción tratará de ceder lo menos posible para así poder dirigir las acciones de investigación; dirigirlas a la oposición, dirigirlas hacia sus enemigos personales y para cubrirse las espaldas y las de los cuates.

La perversión de la política mexicana ha rebasado cualquier límite de pudor que hubiéramos imaginado y hoy nos ofrece leyes extraordinarias no implementadas con instituciones cooptadas para auto-limitarse.

La clase política mexicana, con todas sus instituciones, le teme a una ciudadanía harta de la corrupción y más empoderada, que tratará de encontrar el camino para terminar con los abusos que se viven en el ámbito público. Cada vez se encierran más en sí mismas y empujan e intimidan para que la sociedad se aísle y esconda en el espacio privado.

Hoy más que nunca la batalla por la democracia se da en las calles, en los espacios públicos y en los espacios de toma de decisiones que pueden significar la diferencia entre instituciones útiles o comparsas del poder. Las designaciones públicas son el espacio de pugna política por excelencia, ahí es donde debemos continuar vigilando y alzando la voz para que no se repartan las instituciones y garanticen la perpetuidad de la corrupción.

* Investigadora de Fundar, Centro de Análisis e Investigación