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14 Febrero, 2017
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La coordinación municipal de derechos humanos

Guillermo Luévano Bustamante

Ayer se anunció que el Cabildo de la Ciudad de San Luis Potosí eligió a Ramón Meléndez Ávila como titular de la nueva Coordinación Municipal de Derechos Humanos. Si bien hay que celebrar la concreción de esta figura en la capital del estado, es preciso mencionar que se trata apenas del cabal cumplimiento de la Ley Orgánica del Municipio Libre potosina y no de la voluntad o el ánimo democrático del alcalde.

Desde 2014, el artículo 88 bis de dicha legislación mandata que los ayuntamientos de los municipios con más de cuarenta mil habitantes deben contar con una Coordinación de Derechos Humanos para que coadyuve con la Comisión Estatal del área en la atención de quejas ciudadanas contra autoridades de cualquier ámbito cometidas en el territorio de la demarcación municipal donde resida, pero también para difundir la cultura de derechos humanos y más aún, para que realice actividades de seguimiento, vigilancia de las funciones de la autoridad citadina a fin de que no se vulneren las prerrogativas y libertades ciudadanas, especialmente las que tienen que ver con detenciones municipales y con poblaciones vulneradas: mujeres, menores, adultos mayores, migrantes, pueblos indígenas, personas con discapacidad, etcétera.

De lo establecido en el artículo 88 ter de la Ley Orgánica referida se desprende que la función de la nueva coordinación local de derechos humanos, tiene al menos 19 atribuciones expresas, más las que se deriven de la interpretación sistemática de los ordenamientos relacionados. No se trata pues de una figura de ornato, se le ha investido de facultades suficientes para contribuir con la cultura de respeto a derechos humanos en la ciudad.

Mucho tendrá que hacer desde hoy el titular de esta instancia, que entre sus prerrogativas se encuentran las de investigación, estudio, análisis y diagnóstico de los temas que le conciernen en la capital potosina.

Por principio de cuentas el valor supremo de su puesto tendrá que ser la independencia política respecto a la alcaldía y al Cabildo que ayer lo eligió, de otro modo no podría operar adecuadamente ni cumplir con sus funciones a plenitud.

Luego, por supuesto, deberá regirse con apego a la interpretación de principios de derechos humanos, no puramente normativa, sino de protección más amplia a las víctimas que se registren y que acudan en búsqueda de su atención.

Hace unos días la Comisión Estatal de Derechos Humanos presentó el diagnóstico del tema que realizó durante los meses recientes. Bien valdría la pena contar con un ejercicio semejante para el ámbito municipal, que recupere lo hallado por la instancia estatal, pero que identifique lo propio y específico de la capital.

Luego tendría que difundirse la existencia formal de la Coordinación Municipal para servicio y beneficio de la sociedad. Y habría que prevenir al alcalde y a las autoridades del ayuntamiento de una vez que esa figura representa un mecanismo de control a su actuación a quien deben responder en caso de incurrir en violaciones a derechos de la población.

Twitter: @GuillerLuevano

Guillermo Luévano
Guillermo Luévano
Doctor en Ciencias Sociales, Profesor Investigador en la UASLP, SNI, columnista en La Jornada San Luis.