La crisis del empleo informal

Carlos López Torres

Mediante una declaración presuntuosa de apoyo al rescate del patrimonio histórico del centro de la ciudad, pretendiendo con ello mantener al margen la causa de fondo del elevado ambulantaje en el municipio capitalino, el gobernador Juan Manuel Carreras intentó justificar la intolerancia e incapacidad para dialogar con los diversos grupos que ejercen el comercio informal en el centro.

Días atrás del desalojo madrugador de los manifestantes, el ex gobernador Horacio Sánchez Unzueta, impulsor de candidatos ciudadanos a gobernadores y represor de comerciantes en su tiempo de gobernante, reclamaba mano dura para imponer el orden y la seguridad en el Centro Histórico, sitio que, aseguró, era un espacio sin ley.

Sus llamados de inmediato encontraron interlocutores interesados, quienes sin contar con un plan emergente ante la problemática generada por el presuroso retiro de las estructuras de los comerciantes informales, según reconocimiento expreso de la Dirección de Comercio Municipal, se vieron rebasados con la instalación de un plantón permanente en plaza de Armas, que generó un conflicto mayor.

Aunque el titular del Ejecutivo, compañero de viaje del veleidoso alcalde capitalino, trate de justificar el desalojo sin respuesta alguna a los demandantes de espacios para su sobrevivencia económica, lo cierto es que efectivamente un problema que lleva 30 años sin solución alguna por parte de los partidos alternantes, tiene que ver con el bajo crecimiento económico del país, y por supuesto, con el lento crecimiento de nuestra entidad como lo demuestran el bajo crecimiento de San Luis de su Producto Interno Bruto, mientras estados vecinos como Aguascalientes, Querétaro y Guanajuato, nos superan con mucho.

La falta de oportunidades de creación de empleo digno, de empleo bien remunerado y estable en nuestra entidad, donde los salarios siguen siendo de los más bajos en el país y las condiciones laborales precarias, más a partir de la reforma laboral, ha impactado el creciente desempleo por falta de acciones motivantes e incentivos por parte de la patronal.

Por otra parte, el acceso a la justicia para resolver conflictos entre trabajadores y patrones en la entidad, es sin lugar a dudas “lenta, costosa y de dificultad”, como en todo México, según lo ha tenido que reconocer Peña Nieto, quien anunció una reforma laboral para 2016 que llegara hasta las juntas de conciliación y arbitraje.

En estados como el nuestro, la tendencia hacia la desaceleración económica en América Latina a partir de 2014, según lo reconoció el secretario del Trabajo Alfonso Navarrete Prida, seguramente ha impactado la aún débil economía potosina en cuanto al crecimiento de la informalidad se refiere.

Y es que el problema de la informalidad va en aumento, como lo demuestran los 130 millones de trabajadores informales en América Latina, existentes a partir de 2014, reconocidos por el funcionario federal, titular de la STYPS, a quienes no le queda otra opción que el comercio ambulante en gran porcentaje.

El problema dejado crecer en la entidad ha entrado en una crisis que requiere diálogo con alternativas para los desempleados. ¿Se impondrá la serenidad?