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16 octubre, 2015
Puntos de vista
16 octubre, 2015

La descalificación como censura

Renata Terrazas*

La censura adopta muchas caras, la más conocida es, quizá, la prohibición. Ésta suele ser fácilmente identificable y al ser contraria a los valores democráticos, tiende a ser una práctica poco común en países occidentales.

México –con el afán que tenemos de entenderlo como democracia–, es un país en donde la censura directa no sucede a menudo. Sin embargo, otras formas de censura son prácticas comunes de los gobiernos en los diferentes ámbitos de este país.

Una de las formas más sutiles se basa en la ominosa relación entre los poderes políticos y los medios de comunicación. Los mensajes mediáticos –encubiertos como información noticiosa–, se construyen desde el poder político y buscan construir una realidad acorde a los intereses de una minoría privilegiada. Mediante la repetición de mensajes simplones, pretenden alejar a la gente de una posible crítica, o dirigen el encono social hacia otros actores sociales, aquellos que le resultan incómodos al régimen.

La distorsión que generan los medios de comunicación al funcionar como caja de resonancia del poder político y sus intereses, permite que un cuantioso número de personas carezcan de los elementos mínimos que les permita conocer la realidad de su país. Los medios de comunicación, y su cercanía con el poder, han hecho a un lado su función de comunicadores y difusores de información; se han convertido en herramientas de la élite político-económica para mantener el status quo a costa del resto del país.

Este fenómeno se da no sólo en televisoras y radios, sino que también hay plumas al servicio del poder que reproducen los mensajes de los gobiernos y que, sobre todo, descalifican a aquellas personas, periodistas, organizaciones de la sociedad civil y figuras públicas que cuestionan las acciones de gobierno.

Resulta tan grave el spot “Ya chole con tus quejas” como el tratamiento que diversos formadores de opinión dan al trabajo de defensores de derechos humanos, ya sea nacionales o internacionales, quienes al hacer su trabajo de defensa se oponen a los intereses privados de las élites.

Calificar de queja el cuestionamiento de la ciudadanía, de vandalismo la protesta y de “evitar el desarrollo” las actividades de defensa de los derechos humanos es no sólo perverso, sino que evidencia el poco entendimiento y limitado oficio de las autoridades en México.

Vivir en democracia significa vivir ante la constante posibilidad de que las personas expresen sus opiniones sobre los asuntos públicos, ya sea que éstas apoyen o cuestionen las acciones de gobierno. Una sana relación entre sociedad y gobierno permitiría que la crítica fortalezca la gestión gubernamental; suponiendo que las acciones gubernamentales se encaminan hacia la consecución del interés público. En cambio, si las acciones de los gobiernos están guiadas por intereses privados, ya sea de la propia clase política o de terceros que mediante acuerdos opacos buscan obtener algún beneficio del aparato estatal, censurar y descalificar la crítica y la protesta resulta una acción lógica.

¿Por qué descalificar a quienes protestan contra las reformas estructurales impulsadas por este gobierno? Quizá porque entablar un diálogo franco sea imposible, ya que posiblemente se carece de argumentos que sostengan el beneficio público de estas reformas. ¿Por qué descalificar el trabajo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en vez de atender sus recomendaciones? Quizá porque atender sus recomendaciones sea contrario a los intereses privados de la clase gobernante y evidencie la colusión del gobierno con poderes fácticos.

Cuando hablemos de autoritarismo debemos dejar de pensar en las novelas de Orwell y en la Unión Soviética estalinista. Las formas actuales de autoritarismo son menos burdas, caen menos en la prohibición y más en la sugerencia. Es imperativo comenzar a analizar las sutilezas de los gobiernos que se encaminan a la construcción de una realidad ad hoc a sus intereses; que señalan con dedo acusatorio a quienes ejercen su derecho a la protesta y que buscan crear narrativas permisivas a la represión y la injusticia social.

Un gobierno que no tolera las “quejas” de su ciudadanía, líderes de opinión que señalan intereses ocultos tras el trabajo de organizaciones de defensa de derechos humanos, notas periodísticas que sólo cubren los actos vandálicos en las protestas y una sociedad que calla, se asemeja más a un gobierno autoritario que a una sana democracia.

La disputa por un país más justo es también una disputa discursiva. La construcción de nuestra realidad depende de nuestro entorno inmediato y de la información que consumimos. En la medida en la que los medios de comunicación sigan alineados a los poderes políticos y que el chayote siga siendo la moneda de cambio en el periodismo, seguiremos siendo testigos de la construcción de un México autoritario, corrupto e injusto.

Descalificar es censurar, y la censura es un mal que aqueja a un país que ha institucionalizado la corrupción y la injusticia, y que para salir de ello debe comenzar a discutir los temas en voz alta, en un diálogo abierto y franco. Múltiples sistemas anticorrupción no podrán combatir las relaciones perversas entre las élites políticas y económicas si no permitimos que la crítica y el verdadero periodismo continúen construyendo una ciudadanía informada y exigente del cumplimiento de sus derechos.

* Investigadora de Transparencia y Rendición de Cuentas