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La descompuesta gobernanza, a reparación

Carlos López Torres

D os eventos políticos en busca de solución al rezago de nuestro país y la entidad, enunciaron el pasado sábado sus propósitos y exigencias respecto a la descompuesta gobernanza que, nacional y localmente, ha propiciado la deslegitimación de los respectivos gobiernos, incapaces de ofrecer eficacia, calidad –concepto empresarial aún no explicado cuando de aplicarse a la educación se trata– y calidez en el ejercicio del poder, y por supuesto, una buena orientación y conducción del Estado.

En uno de los actos, organizado y presentado al viejo estilo priísta por los integrantes del instituto político responsable de la corrupción que se dice se combatirá, así como de la pésima gobernabilidad que se asegura se renovará, la clase política local, los beneficiarios de la alternancia y apoyadores de siempre, escucharon el discurso esperado de Juan Manuel Carreras López, quien en su momento hizo reiteración de los buenos propósitos anunciados en su campaña, concretado inmediatamente en un acto de gobierno para recuperan el descrédito y la desconfianza que suscitan la política y los políticos, en la firma de un par de iniciativas de ley para crear el Sistema Estatal Anticorrupción y la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Presupuestaria, respectivamente.

La aceptación tácita de que la institucionalizada depravación de las dependencias en este San Luis de la Patria huele desde hace rato mal, que subyace bajo las propuestas del titular del Ejecutivo, ha sido asimismo acompañada por las declaraciones del secretario general de Gobierno Alejandro Leal Tovías, quien dice que “serán un gobierno de puertas abiertas” porque es un gobierno de ciudadanos para ciudadanos, tienen el propósito de dejar en claro el acercamiento que se perdió con la ciudadanía durante el sexenio de quien también se decía ser un gobernador “ciudadano”.

Otros ciudadanos horas después del evento oficial, en las calles de San Luis, exigían el total y pronto esclarecimiento de los trágicos acontecimientos de Ayotzinapa, con el consecuente castigo a los responsables. ¡Fue el Estado! y ¡Fuera Peña! gritaban los cientos de manifestantes de los dos contingentes que partieron de la periferia a la plaza de Armas, previamente despejada de las vallas por instrucción de Leal Tovías para dar el  mensaje “de que la casa (Palacio de Gobierno) es de todas y todos los potosinos”. ¡Vaya concesión la del gobierno de Carreras!

A diferencia del gobernador entrante, quien horas antes había solicitado a la enviada Mercedes Juan, secretaria de Salud, transmitiera todo el apoyo de su gobierno a las reformas estructurales emprendidas, a la vez que solicitaba en reciprocidad la ayuda para los planes y proyectos a emprenderse en la entidad, los diversos contingentes hacían ya los preparativos para conmemorar otra acto de fuerza del autoritarismo mexicano: la matanza de Tlatelolco.

En medio de la creciente y generalizada polarización que han generado los retrocesos en la llamada transición democrática, efectivamente no caben más las simulaciones y ejercicios gubernamentales fallidos impunes, como tampoco resultan efectivos para avanzar en la transformación del país y del estado las luchas  aisladas o actos inmediatistas con fines meramente economicistas. Se requiere la construcción de un movimiento social amplio, democrático, insobornable y combativo, capaz de enfrentar las tentaciones autoritarias del “nuevo PRI” y sus aliados.