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25 agosto, 2015
Va en alza la explotación de menores jornaleros, asegura Guillermo Luévano
25 agosto, 2015

La esclavitud del jornal agrícola

Guillermo Luévano Bustamante

L a Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, por sus siglas en inglés) conmemora el 23 de agosto el Día Internacional del Recuerdo de la Trata de Esclavos y de su Abolición. Muy cerca de esa fecha este año supimos del “hallazgo” de 307 víctimas de explotación laboral en ranchos agrícolas del estado de Coahuila, principalmente en el municipio de Ramos Arizpe.

Como dolorosa efeméride la publicación de las condiciones en las que laboraban exhibe prácticas que lindan peligrosamente con la esclavitud. Entre las víctimas, en su mayoría indígenas de los estados de Veracruz, Hidalgo y San Luis Potosí, había al menos 15 personas menores de edad.

La historia es familiar porque tristemente es recurrente en el país. Ya he escrito en diversas ocasiones sobre las condiciones en que se realiza el jornal agrícola en México y suelen concurrir los mismos componentes: personas empobrecidas, indígenas, menores, salarios por familia precarios, que arrojan el mismo resultado de la más cruenta explotación laboral, que debería ser inconcebible pero que se constituye casi como la regla.

La ley es deficiente en cuanto a la regulación de las relaciones de trabajo del jornal agrícola, pero las políticas de observancia y vigilancia del cumplimiento de las mínimas condiciones son peores. Pocas e ineficientes o nulas inspecciones, tímida actuación de las autoridades del trabajo, especialmente las locales, y tolerancia y permisividad a las empresas agroindustriales que se sostienen en la explotación laboral.

El gobierno federal y los estatales tendrían que ser más estrictos en la prevención y sanciones a quienes incurren no sólo en violaciones graves a derechos laborales de su personal, sino incluso en delitos contra los derechos de las personas trabajadoras, o en trata con fines de explotación laboral, pero no lo son.

Concretamente, el gobierno del estado de San Luis Potosí tendría que ser más enfático en el acompañamiento de las víctimas, en la restitución de sus derechos y en la persecución de los delitos que deriven de los “hallazgos”. Entrecomillo intencionalmente la palabra “hallazgos” porque la frecuencia de las noticias que exhiben la explotación laboral deberían dar la pauta para que se intensificaran las inspecciones laborales y se concretaran investigaciones que lleven al castigo de quienes cometen delitos contra personas jornaleras.

La recién aprobada Ley de Migración del estado de San Luis Potosí carece también de una regulación más precisa frente a la violación de derechos humanos laborales de personas jornaleras en San Luis Potosí, que desprotege a las víctimas, lo que junto con la tibia actuación del gobierno estatal parece incentivar la reiteración de estas violaciones graves que deberían ser vergonzosas en regímenes que se precian de ser democráticos y garantes de los derechos fundamentales.

Mientras tanto parece que nos seguiremos enterando de estos hechos dolorosos, pero ojalá no nos vayamos acostumbrando e insensibilizando frente a la violación de los derechos humanos de las personas más empobrecidas.

Twitter: @GuillerLuevano

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