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La falta de calidad política en San Luis Potosí

capital

En días recientes han pasado algunos episodios “bochornosos” por decir lo menos en la política local del Estado. En particular en el Poder Legislativo, el cual es uno de los escenarios más importantes para la toma de decisiones colectivas de nuestra comunidad. Desde los desatinados desencuentros con su mismo partido y pleitos de muy bajo nivel con otros miembros de la sociedad potosina, del diputado perredista Sergio Desfassiux; pasando por la intentona de plagio legislativo de la priista Martha Orta, de una incitativa de ley contra la trata de personas que partía de un estudio académico encabezado por dos profesoras de la UASLP y que cuya aportación intelectual no fue reconocida por la diputada; y una iniciativa de reforma al reglamento legislativo, del diputado panista Enrique Alejandro Flores para que él y sus colegas diputados “¡ejerzan el derecho a votar sentados!”

De tales episodios hay muchas notas en la prensa local que describen con lujo de detalle los desafortunados episodios. Y en razón de ello, en este espacio no vale mucho la pena ahondar al respecto, pues como se puede constatar con una simple búsqueda en la web de los nombres de estas personas, no tardara ni medio segundo en aparecer tales temas por los cuales su falta de oficio político ha quedado revelada. Tampoco es de sorprender, como estos episodios de falta de calidad en los temas políticos que tratan y discuten los representantes, tocan a los tres partidos principales en SLP. El PRI, el PAN y el PRD.

Asi pues, reflexionar sobre la calidad de la política local es un tema importante. Pues si consideramos que es en la política: entendida esta como la actividad humana donde los conflictos y necesidades públicas de la sociedad deben ser atendidos a través de tomas de decisiones con medidas vinculantes para todos. Entonces, el que el ciudadano ponga un ojo y cuide de cerca cuáles son los temas que se tratan en el Parlamento local, es de vital importancia para que al menos se logre presión social sobre los legisladores y estos traten con seriedad reflexiva y argumentativa los temas, que luego se convertirán en leyes o en pautas para la política pública.

Esta reflexión se va haciendo más compleja y necesaria, sobre todo cuando pensamos en el tema del costo monetario y el beneficio social que arroja nuestra política local. Pues no es difícil intuir que en general lo que cuesta nuestra “élite” y clase política no nos sale barato como ciudadanos. Esto se ve reflejado en especial en los años electorales, cuando por lo general el dinero que se asigna a la actividad política local en la Ley del Presupuesto de Egresos del Estado (LPEE)[1], es mucho mayor que cuando se asigna dinero destinado a la actividad política en años no electorales. Y además el Congreso del Estado siempre recibe partidas millonarias para su operación y para concretar las iniciativas de los diputados. Para muestra de esto, revisemos el dinero asignado en el 2015 tanto al Poder Legislativo al que le asignan en 2015: $259, 361,797 millones de pesos (Artículo 7, 2015 LPEE); como el total del dinero asignado para solventar el proceso político electoral de junio pasado al cual se destinaron: $255,033,255 millones de pesos, el cual incluye también una suma millonaria para los partidos los cuales de esos 255 millones reciben en prerrogativas: $128, 725,218 millones de pesos (Artículo 10, 2015 LPEE).

Esas millonarias cantidades son las que sustentan el ejercicio político local. El cual desde una perspectiva normativa debiera rendir políticas de calidad para los ciudadanos. Sin embargo y a pesar de los niveles de instrucción que tengan los políticos profesionales, estos no siempre desarrollan una agenda política profesional o seria. Sino que más bien son conocidos en los medios locales por los vergonzosos tipos de incidentes que se mencionan al inicio de este texto.

Buena parte de que esto ocurra puede deberse, a la lejanía que los legisladores y los políticos en general tienen con sus electores, y con los ciudadanos de sus distritos. Este es un problema institucional, pues aun al no aplicar la reelección legislativa continua que nos permita a nosotros los electores evaluar el trabajo del legislador y darle el aval del voto que permita su continuidad, o denegarle el voto en razón de sus pobres resultados de gestión y legislación, y castigarlo de forma directa afectando su carrera política; entonces tenemos como resultado a políticos profesionales a los que las reglas del juego les permiten de facto el no rendir cuentas, es decir,  no tienen incentivos para rendirlas o para por lo menos sentirse presionados para mejorar su calidad de trabajo y de producción legislativa.

Lo anterior, es motivo suficiente como para que la sociedad civil se organice y empiece a exigir que la clase política, al menos desde el plano local y también la nacional empiece a rendir mejores resultados y a mejorar la calidad de los temas que discuten y que luego impulsan en la legislación. Una propuesta es esa, la organización de grupos de ciudadanos que den un poco de su tiempo para observar lo que se hace en el Congreso local y que se mejore lo que ahí se produce. Ya que resulta increíble, o más bien, indignante, que un diputado se dé a conocer porque quiere “votar sentado”, en vez de atender las necesidades de su distrito y de la sociedad potosina en general; o que otro legislador se dé a conocer pos sus arengas bravuconas contra gente que no le cae bien, pero con la que sin embargo tiene que dialogar en el plano político porque forma parte de la misma comunidad; o que como la diputada acusada de plagio, en vez de hacer convocatorias más amplias a la sociedad y a otras instituciones como la UASLP, para que se involucren en el tema de la trata y generen una ley de mayor utilidad social y con mayores niveles de consenso e inclusión, esta y su equipo se vayan por la fácil y presenten una iniciativa con nula consulta previa, empero, que tiene que hacer el legislativo, al menos en forma de foros o de consultas civiles.

Otra recomendación significativa entonces también es justa de dirigirse a los diputados que se encargan del Poder Legislativo como organización. Y esta es que es de suma importancia que sus servicios de investigación legislativa pasen a ser profesionales, y no a depender en estricto y en exclusivo de las ligas políticas con cada partido. Ya que si bien cada diputado tiene su equipo cercano de asesores, además bien vendría un servicio profesional de investigación legislativa del propio Congreso de SLP. Hay ya en SLP al menos desde hace diez años gente joven y con capacidad profesional para trabajar con utilidad en estos espacios; pues en SLP hay una licenciatura de Ciencias Políticas y Administración Pública en una Universidad privada, y otras dos carreras de Administración Pública una con mayor enfoque en la Gestión Pública en la UASLP, además de varios postgrados en centros universitarios públicos dedicados a los asuntos públicos. Es decir, espacios para tender puentes institucionales que mejoren la calidad de la política parlamentaria, los hay sin duda. Pero también por desgracia aun falta mucha voluntad política o de plano no la hay, y falta de incentivos para que los políticos locales mejoren la calidad de la política que hacen y de los productos que entregan en forma de políticas públicas y leyes vinculantes.

 Reflexión final

Vuelvo a insistir con la idea de que cada tres y seis años se abren oportunidades para que los gobernantes hagan bien las cosas y reformen o de plano revolucionen ciertos aspectos que empañan sus actuaciones. Es decir, tienen el poder político como para poder hacerlo. Tienen capacidad para hacer una gestión de mayor calidad y una política de mejor nivel.

Por desgracia las cosas cambian muy poco, en tanto nuestro sistema de instituciones ofrece muy pocos incentivos para que los políticos rindan mejores resultados, y a la vez los políticos no se interesan en cambiar tales reglas porque estas les permiten seguir en ese ocioso y pernicioso “estado de confort”, donde ganan cada quincena mucho y entregan muy poco.

Entonces si ellos no lo hacen, los ciudadanos podemos hacerlo. Por eso vale organizarse y exigir que eso ocurra. Ahora más que nunca en tiempos violentos que amenazan de muchas formas nuestra convivencia humana, vale la pena tender puentes entre unos y otros, no amurallarnos sino conocernos y conocer nuestros problemas para exigir sus soluciones, y si no hacen caso los que gobiernan, construir con vías de participación propias tales soluciones.

[1] Disponible para su consulta en línea: http://www.slpfinanzas.gob.mx/pdf/planeacionypresupuesto/ley-presupuesto-edo-2009-2015/2015/decreto-850-ley-presupuesto-egresos-del-estado-2015-(20-DIC-2014).pdf

Hector Alonso Vázquez
Hector Alonso Vázquez
Politólogo por la UCEM; Candidato a Maestro en Asuntos Politicos y Políticas Públicas, por el COLSAN.