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La herencia de los gobiernos priístas

Carlos López Torres

Finalmente el reconocimiento del procurador de justicia del estado, de que la impartición de justicia ha llegado a límites ya intolerables, así como los enormes pendientes dejados en otras materias como la educación, el medio ambiente y la inseguridad en la entidad, por citar sólo parte de la herencia del pésimo desempeño del ex gobernador “ciudadano”, permiten fortalecer la convicción de la necesidad de investigar toda acción de los ex funcionarios de todos los niveles, aunque preventivamente resulta urgente el monitoreo a las acciones que llevan a cabo los gobernantes durante su mandato.

En efecto, el caso del ex secretario de la sección 38 del SNTE, ex gobernador de Coahuila y ex dirigente nacional de PRI, Humberto  Moreira Valdés, no sólo ha develado la tupida red de complicidades narco-gobierno y la impunidad de que gozan los funcionarios, sino el uso y abuso del poder con las graves consecuencias que a las finanzas públicas, es decir al erario, dejan los corruptos gobernantes.

No es extraño entonces, que en los últimos días particularmente en San Luis Potosí, los efectos de los pésimos gobiernos estatal y municipales de los últimos seis años se empiecen a sentir con toda  gravedad, en detrimento de centenares de miles de ciudadanos que, como en el caso de la procuración de justicia, nos estamos enterando de la podredumbre existente; así como de la crisis en que han entrado algunos servicios básicos municipales, como consecuencia de los graves problemas financieros y administrativos dejados por los pésimos ejercicios de los antecesores al del alcalde Ricardo Gallardo Juárez, independientemente de los yerros de éste frente a otras áreas de la administración municipal.

Además del problema del empleo informal cuya solución se ha dejado momentáneamente pendiente, para dar paso a la atención de otros frentes que se han abierto con consecuencias impredecibles en cuanto al abasto y consumo de agua se refiere, así como el de la recolección de basura agravado por la decisión de la empresa Vigue de suspender el servicio, otros problemas amenazan la gestión del PRD en el ayuntamiento capitalino.

La renuncia de Fermín Purata a la dirección de Interapas viene a complicar la problemática ya existente que no será solucionada con el solo nombramiento de una persona de las confianzas del alcalde capitalino; como el pago a Vigue no restablecerá el proyecto privatizador que cual panacea nos vendiera el panista Jorge Lozano, en sus tiempos de alcalde.

Sin embargo, la ocasión es propicia para que gobierno, municipio, diputados y Poder Judicial, conjuntamente y de cara a la sociedad, con la participación de la sociedad obviamente, abran la discusión sobre los graves problemas que tienen que ver con la impartición de justicia, la corrupción y la gravedad que significa para el inalcanzable estado de derecho, el que sistemáticamente se violenten por parte de la autoridad las normas vigentes, con las graves consecuencias que cotidianamente se dejan sentir entre la ciudadanía que se ve obligada a manifestarse contra el incumplimiento de los gobernantes.