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La imbatible corrupción

Carlos López Torres

I ncontrovertible resulta la aseveración de que la Contraloría del Estado es obsoleta, como plausible resulta el reconocimiento de que la dependencia es juez y parte en materia de control y vigilancia del manejo del presupuesto estatal, dada la sujeción respecto del titular del Ejecutivo, quien designa al contralor.

En su afán por capitalizar el enorme descontento de la mayoría por la institucionalizada corrupción, los azulinos que durante décadas abandonaron la demanda de desaparecer las alcahuetas contralorías, precisamente por considerar que son instancias que actúan como juez y parte de los gobiernos en turno, hoy enfatizan el combate a la corrupción que no se atrevieron a combatir en los dos sexenios que habitaron Los Pinos.

Más aún, ni cuando gobernaron la entidad y algunos de los municipios más importantes, se atrevieron los panistas a desenterrar la vieja demanda olvidada de desaparición de las contralorías, como ahora lo ha señalado ante los empresarios la candidata Sonia Mendoza, al proponer una fiscalía anticorrupción que no dependa del Ejecutivo, dado el escandaloso hecho de que tan sólo en seis años San Luis Potosí pasó a ser “un estado con los mayores índices de corrupción”, argumentó la candidata a la gubernatura.

Dos omisiones lamentables del discurso anticorrupción de la aspirante a la titularidad del Ejecutivo le dan un carácter incompleto a la propuesta: la primera es que no anuncie la necesidad de legislar para convertir la Auditoría Superior del Estado en un verdadero organismo fiscalizador con fuertes dientes, abierta a la posibilidad de participación ciudadana, y segunda, el que tampoco enuncie la posibilidad de legislar para desaparecer las no menos inservibles contralorías municipales, verdaderas tapaderas de las arbitrariedades y corruptelas de los ediles, como ha sido ya suficientemente demostrado.

La otra parte del remedio anticorrupción tiene que ver con algo que es ya impostergable: la reforma a la ley de la Procuraduría General del Estado que permita la agilización y la fijación de límites de tiempo, que permitan hacer más expedita la persecución y penalización de los funcionarios corruptos, desde siempre cobijados por el mismo poder que los mantiene impunes.

La apuesta por el perdón y olvido, socorrido recurso de la clase política potosina, permite el reciclaje una y otra vez como premio a quienes desde hace tiempo forman parte de esa casta política que carece de ética y moral obsesionada sólo por el dinero y por mantenerse en el poder, pésele a quien le pese y dígase lo que se diga.

La otra apuesta, la de los burlados de siempre, esa inmensa mayoría que terminamos conformándonos con que temporalmente se denuncie, aunque sea con fines electoreros a los malos funcionarios, no puede ser sino la enunciada por nuestro querido Eduardo Galeano, poeta rebelde hasta el final, quien advirtiera en una de sus muchas frases alentadoras: debemos sacarnos la cultura de la impotencia.