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La inoperancia de las contralorías

Carlos López Torres

L a aprobación de una serie de disposiciones legales tendientes a controlar los infaltables y sucios manoseos de las finanzas públicas, que sexenio tras sexenio y trienio tras trienio llevan a cabo los funcionarios de los niveles estatal y municipal, respectivamente, no tienen remedio por lo visto.

Después de sufrir estrepitosa derrota como candidato a diputado federal por el PAN, el veleidoso diputado Alfonso Díaz de León de regreso a la presidencia de la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado, que abandonó mientras intentaba como chapulín obtener un puesto en San Lázaro, una vez más nos comunica lo que es ya rutinario en eso de los manejos financieros de las cuentas públicas 2014: que existen observaciones millonarias en las arcas abiertas de los gobiernos estatal y municipales.

La novedad de que ya no son tantos los millones observados en los municipios, no sirve de consuelo alguno a los centenares de miles de necesitados del estado, que aún esperan el cumplimiento de promesas de obras diversas prometidas desde hace años por el gobierno y los ayuntamientos, obligando a los vecinos a manifestarse públicamente mediante bloqueos carreteros o frente a los edificios sedes de los poderes, para lograr una “minuta” como las miles incumplidas.

Otra vez el mal ejemplo lo pone el Ejecutivo del Estado, según lo reconoce el perdidoso legislador a partir de los informes presentados por la no menos ineficiente Auditoría Superior del Estado (ASE) sobre el ejercicio fiscal 2015, dependencia que hizo observaciones por 10 millones 906 mil 863 pesos y 28 observaciones administrativas.

Sin mencionar cuántos millones ha recuperado la ASE de lo que se han llevado los ayuntamientos, según la pasada revisión de sus cuentas públicas, el diputado Díaz de León Guillén celebra que según los informes recibidos por la comisión que preside, estas cuentas 2014 no son tan escandalosas, aunque reconoce que la tendencia a escamotearle al pueblo el producto de sus contribuciones se mantiene todavía en alta proporción, sin que las obsoletas contraloría estatal y municipales hagan algo por evitarlo.

Y es que han resultado tan inoperantes las contralorías que, según nos informa la regidora Nadya Rangel Zavala, el saqueado ayuntamiento capitalino ha devenido en insolvente con un déficit de poco más de 900 millones de pesos, sin que haya hasta ahora resultado alguno del cacareado programa de austeridad supuestamente implementado por la Tesorería, asegura la regidora, quien sostiene que se habla de un endeudamiento de 2 mil 100 millones de pesos.

Es mejor que los próximos diputados se pongan desde ahora a investigar y analizar algunos manejos financieros de las cuentas públicas 2015, a partir de hurgar en los informes del gobernador y los alcaldes salientes, así como las cuentas pendientes sin aclaración y penalización, por supuesto, de los funcionarios involucrados. ¿Será que los nuevos legisladores se atrevan a llevar este ejercicio con el acompañamiento de los afectados, o todo será un simulacro más de los que año tras año nos presentan los actores de los tres poderes?