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La invisibilización de la trata de personas en San Luis Potosí

academia

Lamentables las declaraciones del Procurador del Estado, Federico Garza, aduciendo y negando la existencia de redes de tratantes en nuestra entidad. La gravedad de sus declaraciones estriba en el hecho de que invisibiliza la realidad que aqueja a las mujeres en nuestro Estado y que es evidenciada no solo por la desapariciones y feminicidios sino también por la incapacidad de articular políticas públicas que vayan encaminadas a dar una respuesta institucional sobre la problemática.

Señor Procurador, me gustaría hacerle una breve recapitulación de los hechos a fin de darle cuenta de la situación para después referirle porque no se persiguen e investigan adecuadamente los hechos constitutivos de este antijurídico. En tal sentido, baste señalar algunos acontecimientos recientes que bien puede usted buscar para dar cuenta de ellos, como el desmantelamiento de una red de tratantes que operaba en conocido hotel del centro, y cuya ubicación está frente del edificio de Seguridad y de la Procuraduría General del Estado. En este caso, las autoridades federales rescataron a veintitrés mujeres que eran víctimas de trata con fines de explotación sexual y refirieron que los hechos fueron perpetrados por una red internacional  de tratantes. De igual forma, recordemos que en mayo de este año, gracias a una denuncia anónima se tuvo conocimiento del traslado de treinta y seis migrantes de origen salvadoreño, hondureño y guatemalteco, quienes eran llevados a decir del tratante, a Villa de Arista para su explotación. Si estos dos casos cercanos no le dicen nada sobre la operación de redes de trata en nuestra entidad tal vez valga la pena ahondar en lo siguiente.

Desde el año 2013, El Colegio de San Luis formuló un “Diagnóstico sobre violencia sexual en el Estado de San Luis Potosí”, que daba cuenta de las prácticas delictivas y de los tipos de violencia prevalecientes en nuestra entidad. De dicho diagnóstico se desprendía, para entonces, un escenario, cuyas condiciones estructurales, entiéndase por ellas de desigualdad y asimetrías, favorecía la prevalencia de ciertos tipos de violencias cometidas hacia las mujeres. Asimismo, el Observatorio Cero Trata, informaba sobre los problemas derivados del trabajo legislativo en materia de trata de personas: la falta de armonización de las leyes, la mala construcción del tipo penal, la incapacidad de los operadores del derecho para investigar y juzgar el delito, así como la falta de formulación de políticas públicas en la materia.

La información ampliamente documentada, nos daba cuenta del contexto violento que poco a poco iba creciendo, en un escenario poco alentador para el ejercicio de los derechos y el acceso a una vida libre de violencia para las mujeres y, consecuentemente, la lectura dada a dicha información traducía el contexto actual de violencia estructural y la incapacidad de hacerle frente por parte de las instituciones, pues bien se refería que San Luis Potosí se consolidaba como lugar de paso para la trata con fines de explotación laboral, como lo documenta uno de los casos a que hago referencia, así como, su afianzamiento como territorio para la explotación sexual de víctimas que eran trasladadas para su explotación.

Nuestro máximo representante social sabrá que la trata tiene distintos medios de comisión y fines, y que la complejidad del delito implica entre otras cosas diferenciar los momentos que constituyen un delito de esta naturaleza, entiéndase que las víctimas atraviesan por diferentes etapas: el enganche o secuestro, el traslado, la comercialización y la explotación; y que con ello, nuestro escenario particular nos dé cuenta de esta complejidad en donde las desapariciones hace referencia al primer momento descrito y el traslado lo que refieren algunos de los hechos referidos anteriormente. A ello sumemos, que entre los datos que el Observatorio Cero Trata proporcionó se hacía referencia a la incapacidad de los operadores por encuadrar la conducta típica por investigar los hechos por la “cara” con la que se topaban al tener conocimiento, en el caso de la explotación sexual, que terminaba encuadrada en el delito de lenocinio.

No nos diga señor Procurador que no hay trata, que las cifras oficiales no se lo digan no quiere decir que la realidad no esté ahí y que las autoridades estatales, excusadas tal vez en los cambios legislativos y el desconocimiento de lo que implica regirse por una ley general en la materia, no actúen investigando de oficio en aquello que es ámbito de su competencia.

Dosis feminista: este tipo de declaraciones se suman a las que dan “bienvenida” a una alerta de género cuando quien la refiere firmo un informe que da constancia que se dio cumplimiento al cien a las recomendaciones emitidas por el grupo de expertas.

 

@UryQuely

Urenda Queletzú Navarro
Urenda Queletzú Navarro
Historiadora del Derecho, Profesora Investigadora de la UASLP, feminista y mamá de Arya Sofía.