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La irracionalidad en el acto de legislar

capital

San Luis Potosí es un Estado pobre. Pues según datos disponibles de 2010 del Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (CONEVAL), en SLP 1, 360,305 un millón trecientos sesenta mil personas vivían en situación de pobreza, lo cual constituye un 40.7 por ciento de la población total. (El cálculo es propio resultado de la sumatoria de las personas en situación de pobreza en los 58 municipios del Estado).

Ahora bien, la pobreza en general es definida según los “LINEAMIENTOS y criterios generales para la definición, identificación y medición de la pobreza.” (http://www.coneval.org.mx/rw/resource/coneval/med_pobreza/DiarioOficial/DOF_lineamientos_pobrezaCONEVAL_16062010.pdf), como aquella “asociada a condiciones de vida que vulneran la dignidad de las personas, limitan sus derechos y libertades fundamentales, impiden la satisfacción de sus necesidades básicas e imposibilitan su plena integración social.” (DOF, 2010:18).

En razón de lo anterior, el hecho de que más de un millón de personas que habitan en SLP, se encuentren en una condición de vida precaria que limitan sus derechos y libertades, además de que no puedan cubrir de manera amplia sus necesidades básicas y con ello no puedan integrarse en la sociedad. Es un problema esencial a la hora de plantear criterios básicos de legislación y gobierno.

Pues si se pretende legislar y gobernar para todos, los principios de congruencia ética y austeridad en los usos de los recursos públicos son fundamentales, para tomar decisiones legítimas ante una sociedad que en nuestro Estado es con claridad desigual. Para comprobar esto basta hacer una observación a los datos de pobreza municipal de CONEVAL que son referidos en este artículo (http://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/Medici%C3%B3n/Informacion-por-Municipio.aspx), pues en 2010 puede notarse que en SLP las áreas de menor concentración de pobreza son la capital y las zonas urbanas más desarrolladas del resto de las regiones del Estado. En concreto, Matehuala en el Altiplano, Rioverde y Cd. Fernández en la zona media, y Cd. Valles en la zona huasteca.

En consecuencia se puede observar que los anteriores principios de racionalidad son irrelevantes para la presente legislatura del Congreso del Estado. Al contrario, sus actos e intenciones son de una total irracionalidad e irresponsabilidad social, al pretender aumentarse el sueldo a un total de 114,000 mil pesos mensuales. Además esto es irracional si se compara con el pésimo desempeño de la legislatura donde los legisladores reprueban de manera total según un estudio local al respecto, del cual ya se escribió al respecto en este espacio: (http://lajornadasanluis.com.mx/opinion/hector-alonso-vazquez/pasa-diputados-reprueban-respecto-desempeno/).

No es casualidad que en la política nacional y local, hemos observado de forma reciente actos ofensivos y de indignidad por parte de quienes toman decisiones. Desde Enrique Peña invitando al racista y xenófobo Donald Trump a nuestro país, después de haber insultado a los mexicanos y propuesto políticas de violencia política contra los migrantes y la construcción de un muro fronterizo. Y en nuestro Estado la desatinada propuesta del aumento de la dieta de los Diputados.

Lo anterior se debe a una ciudadanía que acumula disgustos y hasta ahora no ha salido a manifestarse y presionar contra estos actos de gobierno y legislación impopulares y que ofenden a la sociedad, porque son irracionales, imprudentes y muy irresponsables. Las futuras elecciones tendrán un veredicto de castigo ante estas acciones y esto es una importante oportunidad para en el futuro limitar estos abusos que se dan desde el poder.

Urge que la racionalidad de las finanzas públicas locales atienda los problemas importantes, que coadyuve a combatir la pobreza del Estado y la desigualdad de la sociedad potosina. En vez de abonar a que unos cuantos políticos profesionales engorden sus cuentas y sus negocios personales. Es hasta ahora inaceptable la pasividad del Gobernador del Estado ante estas decisiones tan irracionales, y si dice que su gobierno pretende que “prosperemos juntos” (sic) no se ve que haciendo mutis ante estos actos vaya a alcanzar su objetivo.

Una vez más la solución ante esta irracionalidad está en la acción ciudadana, en manifestarse, presionar de forma legítima ante esta irracionalidad que no se puede justificar en nuestro Estado donde más de un millón de personas viven en situación de pobreza.