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La justicia vendrá desde abajo

Renata Terrazas *

H ace más de un mes escribía sobre el estado de indefensión de las personas que vivimos en este país. Ya fuera por la vulnerabilidad ante la situación de inseguridad o ante un Estado cada vez más agresivo con su ciudadanía.

El sistema de impartición de justicia en México ha servido para castigar a personas que protestan o critican a los gobiernos, en muy pocas ocasiones se ha traducido en justicia para víctimas del crimen o de abusos del propio Estado. Las cárceles mexicanas están plagadas de personas con procesos judiciales de dudosa legalidad, y las calles están llenas de criminales que jamás han sido procesados o fueron liberados por falta de pruebas.

A la impunidad en México se le suman las múltiples denuncias sobre casos de corrupción que quedan en el olvido, tanto para autoridades como para la propia ciudadanía. Con procesos ad hoc se busca dotar de legalidad las investigaciones sobre corrupción de alto nivel, como bien lo ejemplifica la investigación del titular de la Secretaría de la Función Pública, Virgilio Andrade, sobre los casos de corrupción y conflicto de interés del presidente Enrique Peña Nieto.

Pero hace unos días atestiguamos un evento que evidencia el completo y absoluto uso de las instituciones para amedrentar e inculpar a quienes incomodan los intereses de las élites política y económica del país. Un video que circuló en redes y diversos medios de comunicación, evidencia cómo se le siembra una pistola al abogado de Infraiber, empresa que acusó de corrupción a OHL.

OHL es una empresa experta en la explotación de autopistas, puertos y ferrocarriles, y ha sido enormemente beneficiada en la administración de Enrique Peña Nieto y la de Eruviel Ávila, gobernador del Estado de México. Desde hace varios meses se han filtrado conversaciones que implican a OHL en actos de corrupción, ya sea que hacen alusión a sobornos a jueces mexicanos o señalan reuniones con el presidente Enrique Peña Nieto para solicitarle que pare los escándalos por las acusaciones de corrupción en su contra.

Los audios son contundentes, más allá de la forma en la que fueron obtenidos. Aunada a la opacidad con la que el gobierno de Eruviel Ávila ha manejado información sobre concesiones a OHL y la reacción visceral del ejecutivo federal que incluso derivó en la participación de la Procuraduría General de la República (PGR) en la siembra de un arma al abogado de la empresa que acusa a OHL; el asunto huele a corrupción.

El problema con la corrupción es que ésta es muy difícil de comprobar, al menos legalmente. Sin embargo, si tuviéramos un gobierno comprometido de manera genuina con el combate a la corrupción, ante la mínima sospecha se tomarían cartas en el asunto. En vez de ello, el tema de OHL parece crecer al grado de arrastrar a la ya poco confiable PGR.

El gobierno de Enrique Peña Nieto está descubriendo mes con mes puntos cada vez más bajos, no sólo en popularidad, sino también en legitimidad, credibilidad y eficacia. La creación de leyes y el discurso del presidente contrastan cada vez más con las acciones de su gobierno. De ahí la dificultad de creer que hay una genuina apuesta para combatir la corrupción y la impunidad en México.

Las instituciones mexicanas se tambalean al tiempo que la figura presidencial se llena de lodo. La rapacidad de la élite política parece rebasar cualquier tipo de límite impuesto por el propio partido político en el gobierno. Los escándalos alrededor del presidente, en cualquier país que se llama democracia, habrían derivado en imputaciones directas, o al menos a su renuncia.

Tan sólo unos días atrás fuimos testigos del ejercicio democrático en un país que, ante los actos de corrupción de su presidente, logró que éste fuera depuesto y llevado a juicio. ¿Qué funcionó en Guatemala que en México parece no suceder? A manera de respuesta tentativa, me parece que el cierre de filas de un partido acostumbrado a gobernar y a disciplinarse ante situaciones comprometedoras y una oposición debilitada que entre ella se pelea parecen ser una perfecta combinación para sostener la impunidad institucional en el país.

Pero entonces, tendríamos que pensar en el papel que le toca jugar a la prensa y a la sociedad civil. ¿Será posible que un gobierno se salga con la suya ante las cada vez mayores denuncias de corrupción en su contra? ¿Podrá salir bien librado un gobierno que acumula violaciones graves a los derechos humanos? ¿Seguirá ganando gubernaturas, y la presidencia para el siguiente periodo, el partido que hace uso de las instituciones para amedrentar y castigar a quienes le hacen frente?

Será muy complicado ver que dentro del propio gobierno venga la solución a la crisis de impunidad, las instituciones son deficientes o están podridas. La salida tiene que venir desde la propia sociedad. La demanda de justicia debe alzarse en una sola voz que exija castigo a los culpables y que no permita, jamás, que una sola persona esté en estado de indefensión frente a su propio gobierno.

* Investigadora de Fundar, Centro de Análisis e Investigación