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La marihuana en la legalidad, un tema que la política no puede eludir

mariguana

- Miles de personas realizaron una manifestación para exigir la legalización de la mariguana, en mayo pasado. Foto Cuartoscuro Archivo

Es ya sin duda un hecho que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha estado a la vanguardia de muy importantes cambios de paradigmas que impactan tanto en los derechos civiles y sociales como en las formas en que se puedan diseñar ciertas políticas públicas. Para muestra han sido las históricas discusiones recientes sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo, y el cuatro de noviembre de 2015, la aprobación para el uso lúdico de la marihuana tema que ahora nos ocupará en este texto.

Primero hay que tener en consideración que la SCJN por ahora es quien pone en la agenda pública el asunto acerca de permitir su uso recreativo. Aún falta un largo camino que tiene que ser razonado y debatido con seriedad acerca de cómo permitir ese uso. Lo cual de fondo impactará sobre las políticas públicas de seguridad y salud. Esto es asi, porque por ahora la discusión y aprobación del 4 de noviembre de 2015 es una resolución de la Corte que, empero, por ahora no regula nada acerca de la venta, distribución y suministro del cannabis. Ahora bien, también debemos recordar que el tema llegó a la corte luego de que un grupo de cuatro personas solicitó amparos para que se permitiera su cultivo y uso personal, esto partiendo del argumento de que al ser personas adultas tienen derecho a consumir sin restricción cualquier sustancia según sus preferencias, para lo cual el Estado no debería de infringir tal libertad de preferencias y consumo de la marihuana en su uso personal. Es así que hasta ahora, la SCJN de momento declara validos tales amparos para su consumo solo a esas cuatro personas, pero no para el resto de los mexicanos.

Sin embargo la discusión ya empezó con tal precedente de la Corte, y ahora la cuestión sobre su legalización con todo y su complejidad pasará al terreno político. En donde hay que tener en cuenta que los asuntos políticos, en este terreno de discusión se comportan como un péndulo entre los asuntos que son considerados como públicos o privados. Esto es así porque si revisamos la evidencia histórica, las sociedades al ser plurales y heterogéneas están, al menos en el terreno político, en una pugna constante por politizar o despolitizar asuntos. Es decir hay cuestiones que los miembros de una comunidad consideran que deben ser privadas y por tanto no penalizadas o sancionadas, mientras que otros grupos de la comunidad consideran que ciertos aspectos deben ser un asunto público, y por lo tanto sujetos de alguna regulación vinculante.

En el caso del debate de la legalización del cannabis, es claro que la postura de despenalización, al igual que otras drogas como el alcohol o el tabaco, sustenta que el consumo no debe ser penalizado, es decir, consumir  —si seguimos la analogía del péndulo político— es un asunto privado que depende de la libertad individual de quienes toman o no la decisión de tal consumo. En tal sentido, la parte que promueve tal legalización y el consumo privado exige deje de ser un asunto sancionado de manera penal por la autoridad del Estado mexicano, ya que el Estado no debe meterse en las decisiones privadas de las personas respecto a lo que consumen o no. Mientras que ahora la situación de su consumo, producción y distribución se encuentra regulada por el Estado y penalizada por sus instituciones de seguridad o coerción. En síntesis el debate de fondo es despolitizar el consumo privado de la marihuana, o que este siga siendo sujeto de regulación política, es decir de control y penalización estatal.

Entonces las instituciones o reglas del juego que se apliquen acerca de su uso, consumo y producción van a ser de forma ineludible muy importantes para tener unos u otros resultados en materia de seguridad y salud pública. Es decir, impactarán de forma directa sobre el diseño e implementación de tales políticas públicas. Una política pública puede definirse en términos generales como: aquella decisión o no decisión que un Gobierno toma acerca de la regulación de un foco o área de conflicto que implique una tensión social en la comunidad (Vallés, 2000).

En este orden de ideas, el asunto del consumo de cualquier droga, no solo del cannabis, puede considerarse desde dos ópticas muy distintas. O sea, considerarse como un problema de seguridad, que por lo tanto debe ser sancionado, y en este caso tendríamos políticas de coerción y sanción que ataquen solo los “síntomas” de una problemática social. O se puede considerar como un problema de salud pública y entonces diseñar una política que ataque la “raíz” de tal situación de adicción a estas drogas. Es lógico que el Estado gasta millones de pesos de los contribuyentes hacia uno u otro lado. Es por ello que el diseñar una política que considere impactos a mediano y largo plazo, los cuales por supuesto se tienen que basar en evidencia, es de vital importancia pública para que tal política sea socialmente útil y no despilfarre recursos sin tener mucho impacto.

En razón de lo anterior, tal parece que las políticas de sanción y de uso de la violencia legítima estatal para penalizar todo tipo de drogas “ilegales” no son de lo más eficientes. Con este razonamiento, y como prueba es tangible que aun hay mucha violencia de cárteles de la droga en nuestro país y que a pesar de cazar a ciertos líderes de tales organizaciones criminales, otros líderes surgen al disgregarse sus líneas de mando, y a fin de cuentas el problema de la violencia derivada de esto sigue y no disminuye. Además el flujo de droga que pasa por el país y la que se consume en México continúa. Mientras que la situación deseable a la que se buscaría llegar a través de una política efectiva de penalización es que la violencia baje y no se consuma droga, lo cual es un supuesto utópico por decirlo menos, pues en México la violencia asociada al narcotráfico ha “dejado más de 80.000 muertos y 25.000 desaparecidos en México desde 2006”[1].

En contra parte, si se le considera como un problema de salud pública entonces el panorama cambia, pues entonces el adicto no sería un sujeto criminal en tal cadena de penalización, sino un paciente que como tendría derecho de ser tratado por el sistema de salud. Aunque a botepronto esto que escribo solo son dos puntos someros de la discusión, serán una parte fundamental para tomar una decisión integral para tratar el problema, al menos respecto al uso lúdico de la marihuana. Y que de seguro tendrá efectos en las políticas de seguridad y salubridad federales.

El objeto de lo que se comparte en estas líneas es motivar la reflexión de este tema en el debate público. Es por ello, que el lector considere pertinente los ejemplos internacionales respecto a las naciones donde se permite el uso recreativo y personal de la marihuana.  Además el legislador y la clase política deben tomar en cuenta tales ejemplos de esquemas de legalización en tanto a los beneficios y deficiencias que presentan. Por la brevedad del espacio de estas líneas solo mencionaré los más emblemáticos: el caso holandés y el caso uruguayo.

En el primero, el caso holandés[2] la marihuana se permite para consumo personal y su posesión no debe rebasar de los 5 gramos permitidos por su legislación, solo se puede vender en cafés o lugares permitidos para ello con estrictas medidas de equipamiento para tales cafés que las venden. Además solo se permite un límite de cinco plantas para el autoconsumo, y no se puede consumir en público. Aquí la legislación se orienta con mayor peso hacia el consumo privado, pero hay escollos que la legislación holandesa nunca ha regulado bien del todo, como la producción comercial y la distribución de la misma. Tales aéreas de incertidumbre en las reglas de Holanda respecto al cannabis han sido muy conflictivas pues no han evitado del todo que el crimen se aproveche de la venta de mayor cantidad de marihuana y de otras drogas más duras. Es algo irónico pues el origen de esta política de legalización data de los años setenta cuando Holanda padecía un serio problema con adictos a la heroína, de esta forma el cannabis fue considerado como una droga blanda y se abrió el camino a su uso personal y plena legalización de todo su ciclo económico, cosa que no ha llegado aún.

Mientras que el caso uruguayo[3] es muy relevante, pues data del año 2013, y en el si se contemplo una legalización plena de su consumo, distribución y producción, la cual tiene por objeto retirar de la influencia criminal: la venta, distribución y producción, y que el consumidor deje de acudir a adquirirla en el mercado negro. Cabe destacar que Uruguay con esta política se distingue del resto de los países de Latinoamérica, donde el enfoque es aun punitivo, con excepción de Chile donde se discute ya un proyecto para su despenalización con fines medicinales y recreativos. Es claro que Uruguay y Holanda son naciones mucho más pequeñas que México y con menor población. Razón por la cual los detalles deben ser analizados con profundidad y seriedad en el debate, ponderando posibles efectos que se basen en evidencias. Ya que puede haber ventajas en el sentido de que se cobren impuestos por su venta como los que se cobran al alcohol o los cigarros, dinero que bien podría destinarse al sistema de salud pública.

-NOTA FINAL-

Los tiempos están cambiando. Y bien valdría ver las experiencias históricas de la ilegalización y penalización y sus efectos. En la época de la gran prohibición del alcohol en Estados Unidos, en la cual grupos ultraconservadores y confesionales lograron con presión política penalizar el consumo de una droga tan popular como el alcohol, el consumo nunca menguó y en cambio, círculos de impunidad de criminales y políticos se beneficiaron de la corrupción con su producción importación y trasiego. Recomiendo en lo personal, ver algunos capítulos de la serie “Boardwalk Empire” o “El Imperio del Contrabando” la cual bien refleja los aires de esos tiempos y las tramas dramáticas de los criminales y la élite del poder político en el puerto norteamericano de Atlantic City. Por cierto en EU, 23 Estados an autorizado el cannabis para uso medicinal y cuatro para el consumo recreativo.

[1] Ver: http://nwnoticias.com/#!/noticias/decision-de-la-scjn-no-legaliza-marihuana-en-mexico-salud

[2] Recomiendo leer la siguiente información: http://sensiseeds.com/es/blog/la-situacion-legal-del-cannabis-en-los-paises-bajos-una-vision-general/

[3] Ver: http://sensiseeds.com/es/blog/uruguay-escribe-un-nuevo-capitulo-en-la-historia-del-cannabis/

Hector Alonso Vázquez
Hector Alonso Vázquez
Politólogo por la UCEM; Candidato a Maestro en Asuntos Politicos y Políticas Públicas, por el COLSAN.