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La opacidad del sector energético

Renata Terrazas*

El último día del periodo ordinario del Senado, el 15 de diciembre de este año, sirvió para que se aprobara la Ley para Prevenir y Sancionar Delitos en Materia de Hidrocarburos, la cual contiene disposiciones regresivas para el ejercicio del derecho de acceso a la información al incluir en su artículo 23 que información relacionada con la extracción de petróleo o hidrocarburos será considerada como información de Seguridad Nacional.

La Constitución Política de México, en el artículo 6º, reconoce que toda la información en posesión de las autoridades será pública y que, sólo de manera excepcional y temporal, ésta podrá reservarse cuando atente contra el interés público o la seguridad nacional. La propia Constitución reconoce que la regulación de esta reserva se desarrollará en las leyes reglamentarias respectivas, en este caso, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAI).

De esta forma, la LGTAI se reconoce como la ley que regulará la apertura y reserva de información, de conformidad con los principios constitucionales. Sin embargo, la ley sobre delitos en materia de hidrocarburos establece que la información y los datos relacionados con la exploración y extracción de hidrocarburos es considerada de seguridad nacional y su apertura será regulada bajo la ley de seguridad nacional, la cual es ajena a los principios del derecho de acceso a la información.

De esta forma, la ley sobre delitos de hidrocarburos se convierte en una de tantas leyes que atentan contra el derecho de acceso a la información y contravienen la Constitución al establecer un estándar diferenciado para la apertura de cierta información, bajo pretexto de ser considerada de seguridad nacional.

La LGTAI establece que para el proceso de reserva de información, ésta no puede realizarse a priori, es decir, sin evaluar la posibilidad de que la difusión de la información genere un daño al interés público o vulnere la seguridad nacional.

La LGTAI obliga a la aplicación de la prueba de daño, la cual queda desarrollada en su artículo 104 y establece que para reservar información se deberá justificar que la divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable al interés público y dicho riesgo supera el interés público de ser difundida la información.

Reconocer que cierta información puede reservarse sin demostrar el daño al interés público permite que la autoridad niegue la difusión de información sin justificarlo ante la ciudadanía. Lo más preocupante es que, derivado de la reforma energética, se han aprobado leyes que permiten la reserva de información relacionada con la explotación del subsuelo mexicano sin aplicar las garantías contenidas en la ley general de transparencia.

La aprobación de la ley sobre delitos en materia de hidrocarburos es un ejemplo del marco normativo contradictorio que estamos construyendo, en donde se reconoce en la Constitución que toda información en posesión de las autoridades es pública, mientras que leyes secundarias en materia energética reconocen que la información relacionada con el sector energético es reservada y su apertura será la excepción.

Más allá de la inconstitucionalidad de esta ley y de la vulneración al derecho de acceso a la información, la reserva a priori de la información del sector energético no nos permite tener acceso a información de un sector estratégico para el desarrollo económico del país y del cual depende una parte importante de nuestras finanzas públicas.

No habrá forma de comprobar si verdaderamente la reforma energética se realizó para favorecer a las y los mexicanos si la información que nos permitiría conocer sus resultados es reservada. Además, la entrada de la iniciativa privada en la exploración y explotación de hidrocarburos, después de nuestra experiencia con los casos de gran corrupción de nuestra clase política en colusión con el sector empresarial, nos hace generar sospechas de los verdaderos intereses que privarán la explotación de nuestros recursos naturales.

Resulta cínico crear leyes de transparencia, reformar la Constitución y formar parte de iniciativas internacionales para el gobierno abierto cuando en disposiciones normativas de otras materias se permite crear espacios de opacidad sobre la gestión de los recursos naturales y, de esta forma, operar fuera del escrutinio público.

* Investigadora de Fundar, Centro de Análisis e Investigación