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La política laboral de SLP

Guillermo Luévano Bustamante

E l comienzo del año y la cercanía del proceso electoral sirven de motivo para hacer una pausa y mirar una de las políticas más inobservadas en San Luis Potosí, la del trabajo.

A pesar de que el estado mantiene una tasa de desocupación relativamente baja (3.3 por ciento), ya he señalado en este espacio semanal que gran parte de las cifras reducidas corresponden con incrementos en otros indicadores como el empleo flexibilizado, desregulado, precarizado y sin prestaciones.

La política laboral de San Luis Potosí ha sido cuando menos omisa en cuanto a las violaciones de los últimos meses a los derechos laborales de diversos sectores. Apenas en diciembre pasado supimos de las demandas por incumplimiento de pago de aguinaldos a algunos grupos de trabajadores, principalmente docentes del Colegio de Bachilleres, custodios y personal de seguridad del estado, entre otros.

Ha sido reiterada la presencia del Sindicato Independiente de Trabajadoras y Trabajadores del Gobierno del Estado afuera de Palacio de Gobierno en demanda de diversas causas, principalmente por despidos injustificados.

Esta semana encontramos dos conflictos laborales más en la capital de San Luis, uno del personal del Hospital Central que por falta de resolución y oportuna intervención de las autoridades del trabajo ha decidido tomar las instalaciones de su sindicato; y otro de trabajadores de Telecomm-Telégrafos que denuncian públicamente presuntas irregularidades de la patronal, desde la llegada a la gerencia de Edit Bautista, según consigna la edición de ayer de este diario.

Las autoridades laborales no figuran en la resolución de los conflictos que se suscitan en San Luis, ni el titular de la Secretaría del Trabajo Estatal, Miguel Cardoza; ni el de la delegación de la correspondiente dependencia federal. Más aún, el año pasado, cuando ocurrió el lamentable accidente en que perdieron la vida tres jornaleros de Guerrero en San Luis Potosí y que evidenció las terribles condiciones en que laboran la mayoría de las personas que se dedican al jornal agrícola, tras las indagatorias y la posible responsabilidad de la patronal, Rancho El Ebanito, el delegado de la Secretaría del Trabajo en el Estado, Edgar Durón, sólo dio evasivas a las familias, y a las asociaciones que acompañan legalmente el caso y que intentaron realizar con el funcionario y otras autoridades en el estado reuniones, mesas de trabajo y emprender medidas urgentes que mejoren la condición de las personas trabajadoras en San Luis Potosí. No fue posible pese a la insistencia epistolar de las agrupaciones sociales defensoras de derechos laborales.

Desde que puede hablarse propiamente de una política laboral en México, a principios de siglo XX, es el gobierno federal quien la dirige y las entidades la reproducen, con sus matices. La de la administración de Calderón se anunció como la del “presidente del empleo”, con desastrosos resultados. La de Peña Nieto lleva el signo de la reforma laboral de 2012 que coincidió con su arribo a la Presidencia. Lleva entre sus indicadores el incremento del empleo precarizado, la disminución de derechos sociales.

Enarbolan las autoridades federales y locales del trabajo la estabilidad en la industria. Celebran que el número de huelgas estalladas sea de cero. Pero esa paz laboral que festejan no es garantía de buenas condiciones de trabajo, refleja cierta pasividad y control estatal y empresarial sobre el sindicalismo potosino, que apenas encuentra un resquicio se asoma a exigir sus derechos y cada vez con mayor frecuencia.

La política laboral incluye la puesta en marcha de acciones tendientes a la búsqueda del empleo digno, estable, con prestaciones, de seguridad social e industrial y de salud. Es eso lo que no tenemos en San Luis Potosí, una política de trabajo apegada a los derechos laborales fundamentales.

Twitter: @GuillerLuevano

Guillermo Luévano
Guillermo Luévano
Doctor en Ciencias Sociales, Profesor Investigador en la UASLP, SNI, columnista en La Jornada San Luis.