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La transparencia no ha generado la confianza esperada

Renata Terrazas*

Nos hemos dedicado a legislar sobre la apertura de información y hemos sido exitosos; sin embargo, la confianza de la sociedad mexicana sobre la veracidad de la información es baja. Así lo demuestra la Encuesta Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos (ENAID) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) de 2016.

Las categorías de información que genera y ofrece el gobierno que más desconfianza generan son: salarios y sueldos de funcionarios con 57.5% de desconfianza; elecciones con 55.2%; disminución de la pobreza con 50%; utilización de los recursos públicos con 49.3%; desempeño de los gobiernos con 48.5%; y seguridad y narcotráfico con 45.5%.

Las categorías que mayor confianza genera la información es sobre: desastres naturales, 23.3% de la población tiene mucha confianza; seguida de programas sociales con 18.7%; salud con 15.6% y educación con 14.5%.

Solamente en estas cuatro categorías más de 50% de la población tiene mucha o algo de confianza en la información generada. Para las restantes nueve categorías, en su mayoría la gente desconfía poco o mucho de la información.

La gravedad del asunto radica en que es la información pública la fuente de la toma de decisiones y del establecimiento de un diálogo entre sociedad y gobierno. Por poner un ejemplo, que la sociedad mexicana desconfíe de la información sobre el desempeño de los gobiernos nos plantea escenarios complicados; en primer lugar, se parte de que es información falsa y maquillada para evadir la rendición de cuentas y mantener el status quo de una clase política. No confiar en esta información no permite la apertura de espacios de participación en los que la gente forme parte para la mejora del desempeño de los gobiernos mismos.

Ahora, el problema no está en la percepción y falta de confianza de la gente sino en los infructuosos o inexistentes esfuerzos de comunicación de los gobiernos. Miles de millones de pesos se ejercen para comunicación social, sin embargo la gente desconfía de dicha información. Para 2014, al menos en 27 entidades federativas se encontró un gasto mayor a los cinco mil millones de pesos en publicidad oficial o comunicación social, según lo demuestra el Índice de Publicidad Oficial de las organizaciones Fundar y Artículo 19. La cantidad no es menor y contrasta con la ineficaz estrategia de comunicación de los gobiernos.

La información sobre salarios de funcionarios es la que mayor desconfianza genera; llama la atención ya que desde hace varios años es una obligación de transparencia para todas las dependencias de gobierno hacer públicos en sus páginas los salarios. Y aun cuando es información que puede encontrarse en cada página de gobierno, la realidad es que es casi imposible determinar el salario real de los funcionarios ya que no hay forma de rastrear los bonos y prestaciones diversas.

México le ha apostado a un régimen de transparencia pero en el camino hemos perdido la vigilancia de los principios de la información: veracidad, accesibilidad, oportunidad y gratuidad. Los gobiernos le han apostado a inundar a la población con datos con poco sentido, maquillados, incompletos o falsos y en ello han ido perdiendo la confianza de las personas.

La sociedad mexicana desconfía de la información de sus gobiernos porque desconfía en sus gobiernos y porque estos han desarrollado esquemas de cumplimiento a las leyes de transparencia desde una postura burocrática sin reconocer que en la publicación de la información se garantiza un derecho y se transmite un mensaje.

Nuestros gobiernos deben entender que publicar información es una forma de transmitir un mensaje y éste puede ser incorrecto si le apuestan a la desinformación y a la desconfianza. Contar las cosas buenas sería posible si el gobierno las hiciera y compartiera información veraz que así lo demostrara.

* Investigadora de Fundar, Centro de Análisis e Investigación