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La UNAM remisa ante agresiones a periodistas

Rogelio Hernández López

¡ De veras… Falta más participación de la UNAM para frenar el fenómeno de agravios a periodistas en México!– concluí nuevamente, en la primera semana de mayo, inmerso en el clima que provocó entre el gremio otro asesinato contra un colega (el doceavo en Veracruz) Armando Saldaña Morales. Crimen cometido apenas un día después de la declaración conjunta de tres altos funcionarios de la ONU por el Día Mundial de la Libertad de Prensa.

Esta reflexión reapareció tras una pregunta que me hizo al aire Nora Patricia Jara, la directora del Sistema Nacional de Noticiarios del Instituto Mexicano de la Radio (IMER). La entrevista fue a propósito de ambos temas (el homicidio y la conmemoración internacional). Y cuando me inquirió enmudecí momentáneamente:

–¿Qué más debe hacerse para frenar las agresiones aparte de estarlo denunciando?–

Es que ella, pacientemente, me había escuchado recriminar que todos los gobernadores se hacen socarrones frente a las agresiones al periodismo en sus estados… que los congresos estatales han sido incapaces de legislar para la protección integral al ejercicio del periodismo… que el gobierno federal ya tiene instancias pero que operan con poca eficacia… que las acciones de organismos de periodistas han sido insuficientes….

¿Qué más se puede hacer? La interrogante de Nora Patricia adquiere más sentido cuando ponderamos que los políticos y los mismos periodistas no hemos encontrado respuestas para atajar el ciclo de violencia que ya está cumpliendo cinco lustros. Se necesitan alternativas integrales y viables. Y estas, podría encontrarlas una entidad no sobrepolitizada, con recursos suficientes, rigor para estudiar el fenómeno y compromiso ante los grandes problemas del país. A ese perfil, sólo se acerca la Universidad Nacional Autónoma de México. Pero…

Pero la UNAM no ha mostrado suficiente preocupación sobre este fenómeno tan álgido y perjudicial. Sólo se conoce una investigación académica hecha en 2010 por el jurista Alejandro Rosas Martínez que presentó al Instituto de Investigaciones Jurídicas con el título: “Agravios/agresiones a periodistas. Conceptos e implicaciones a los derechos humanos”. Eso dentro de entidad que ocupa el primer lugar entre las universidades del país (América Economía Intelligence), el séptimo en América Latina (Forbes) y que tiene el lugar 75 entre las cien más importantes en el mundo (Times Higher Education).

¿Cómo podría intervenir la UNAM?

El profesor de la UNAM y editor de la revista Foro Universitario, César H. Espinosa, me solicitó un ensayo sobre las agresiones a periodistas. En esa reflexión, que le entregué en enero de 2015 sostengo que la UNAM no participa institucionalmente en la investigación, comprensión y propuestas para enfrentar este fenómeno, más allá de las clases de algunos maestros de las áreas humanísticas, de eventuales conferencias y mesas redondas que organizan unos cuantos .

Este reportero –escribí antes– no ignora que lo sustantivo de la universidad nacional es la docencia, la investigación y la difusión de conocimientos y cultura. Sabe que tiene institutos de investigación funcionales y con personal capacitado. Igual conoce de la conformación, según las necesidades, de grupos multidisciplinarios para atender causas y tareas específicas. Y también está al tanto que en todas las encuestas de credibilidad de las instituciones la UNAM tiene las más altas calificaciones. Cuenta con la autoridad moral suficiente para intervenir como factor de soluciones.

En ese marco, –propuse y ahora lo refrendo– que la UNAM podría ir más al fondo en este tema. Pongo cuatro ejemplos:

Uno.- Lograr una sola metodología del monitoreo y análisis de los agravios a periodistas, para homologar un solo diagnóstico y abonar para una sola estrategia, así fuese solamente entre las instancias de gobierno.

Esto es indispensable porque cada año se hacen y difunden al menos 13 monitoreos y diagnósticos diferentes por usar metodologías distintas, según el origen nacional y la agenda de intereses del grupo evaluador. Por eso, todos arrojan resultados numéricos diferentes.

De estos, cinco son de organismos internacionales: Artículo 19, Reporteros sin Fronteras, Freedom House, Centro Internacional para Periodistas y el Comité de Protección a Periodistas (ICFJ y CPJ, por sus siglas en inglés).

Las organizaciones de origen mexicano que intentan diagnosticar son cuatro: Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), Centro de Información de la Mujer (CIMAC), Casa de los Derechos de Periodistas (CDP) y Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia (Casede).

Del Estado mexicano son cuatro las instancias que tampoco logran un diagnóstico común: la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH); la Fiscalía Especial para la Atención de los Delitos contra la Libertad de Expresión de la PGR (FEADLE); la Comisión Especial de Seguimiento a los Agravios contra Periodistas de la Cámara de Diputados y su similar en el Senado. Estas últimas ya se restringen sólo a comunicados de condenas ante agresiones graves.

Y, la instancia oficial que debería tener el diagnóstico más riguroso para guiar su trabajo es el Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación. Se instaló en octubre de 2012, pero ni siquiera ha logrado hacer funcionar su Unidad de Prevención, Control y Análisis que ordena la ley

Dos.- Seguimiento a las recomendaciones de la CNDH sobre libertad de expresión. Firmar un convenio para vigilar al vigilante de funcionarios públicos (los que más agresiones cometen contra periodistas) así como del buen desempeño de las instituciones públicas que debieran proteger el ejercicio del periodismo.

Tres.- Fundar un programa especial de investigación multidisciplinaria sobre las seis grandes vulnerabilidades de los periodistas para elevar sus fortalezas profesionales. Este se podría hacer viable mediante un convenio de colaboración con la Presidencia de la República o la Segob o el Congreso de la Unión, o con todos. Un programa así podría generar y recomendar legislación para reconocer los derechos profesionales y diseños de políticas públicas.

Cuatro.- Crear un programa de extensión académica y capacitación continua para medios y periodistas. Una de las seis grandes vulnerabilidades de los periodistas es su deficiente formación profesional para el trabajo. Se necesita un programa nacional respaldado por la SEP, que permita extender becas, o facilidades para cubrir los costos, para periodistas de todo el país y que los docentes sean periodistas experimentados que sientan, que conozcan su profesión y el fenómeno de agravios. Los diplomados, seminarios y maestrías tendrían que ofrecer como materias obligatorias talleres de autoprotección y de actualización continua y además facilitar la titulación por trayectoria profesional, aunque los periodistas alumnos no hayan estudiado en la UNAM.

De veras creo que falta la participación de la UNAM con propuestas de solución integral para frenar el fenómeno de agravios a periodistas en México. ¿Habrá alguien en nuestra universidad nacional que escuche, que entienda y que atienda esta necesidad?

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