La zanganería legislativa

Carlos López Torres

Independientemente del exabrupto que ocasionara al alcalde Ricardo Gallardo Juárez la zangamanga de los diputados de rechazar sus intenciones de aumentar la tarifa del agua, el aumento catastral en la zona poniente y el proyecto de Ley de Ingresos del municipio capitalino, vistos sin apasionamiento los calificativos usados por el edil durante su irritada respuesta, lo cierto es que el desempeño de los legisladores corresponde en gran medida al mote empleado por el alcalde.

Ya en colaboración anterior hacíamos mención al enorme rezago legislativo que, sumado al heredado por anteriores legislaturas, suma cientos de pendientes incluyendo las decenas de iniciativas presentadas por los actuales diputados que como las anteriores pasarán a engrosar el cúmulo ya existente.

Por supuesto, ello no es novedad alguna, aunque dados los aumentos salariales autoaprobados por los “representantes populares” para ellos y los altos funcionarios gubernamentales, con el voto, eso sí, del PRD, el tema a debate ahora es el que tiene que ver con su baja productividad legislativa en cantidad, calidad y su relación con el favorecimiento de los intereses de quienes pagamos sus dietas y prerrogativas de todo tipo.

No hace mucho, por ejemplo, un grupo de ciudadanos en carta enviada al gobernador Juan Manuel Carreras López, le reclaman su permisividad para que el Congreso del Estado siga violando la Constitución a propósito del incumplimiento por parte de la Legislatura local, respecto a una iniciativa “preferente” enviada por el Ejecutivo el 29 de septiembre del presente año, sobre la creación del Sistema Estatal de Corrupción, sin que hasta la fecha el Legislativo haya discutido y aprobado dicha iniciativa en un plazo máximo de 45 días naturales, como lo mandata el artículo 61 de la Constitución Política del Estado.

Sin que estemos aplicando el certero dicho popular que reza: mal de muchos…, no deja de ser ilustrativo el bajo y lento desempeño de los legisladores en todo el país, empezando por los del nivel federal, según lo estima al académico de la UNAM Marco Antonio Arellano, quien ha hecho análisis sobre las iniciativas aprobadas por los legisladores federales.

Sin embargo, la escandalosa autoasignación de fin de año mediante la nada despreciable suma de medio millón de pesos a cada diputado, entre dietas, prestaciones, aguinaldos y otras prerrogativas, igual ha puesto en la mesa el tema de lo caro que salen los diputados al empobrecido pueblo mexicano, no obstante que la producción legislativa es menor, según afirma el mismo académico.

El tema de la retribución que los diputados, senadores y funcionarios hacen a sus electores y ciudadanos en general, respecto a los enormes sueldos y prerrogativas que se asignan es uno que merece un debate público, en el marco de los escandalosos robos y saqueos del erario como en los casos ya conocidísimos de ex gobernadores tricolores y azulinos, aunque en el caso particular de San Luis Potosí ya se hace necesario esclarecer lo relativo a Pensiones y otros pendientes ocultos de la anterior administración.