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Las desapariciones también en SLP

Guillermo Luévano Bustamante

P or estos días en que duele profundamente la desaparición forzada de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, vale la pena recordar que el fenómeno es más amplio. En febrero de 2013 el gobierno federal reconoció que había interpuestas denuncias, querellas o conocimientos de hechos por hasta 26 mil personas desaparecidas en el país. Si consideramos la llamada “cifra negra”, esto es, los hechos y actos delictivos que no se denuncian, por desconfianza, por descrédito en las instituciones o por impunidad, es probable que el dato aumente de manera catastrófica.

Ningún país que se considere mínimamente democrático puede admitir que ciudadanos desaparzcan de manera forzada impunemente. El delito de desaparición forzada implica de manera activa y pasiva a las autoridades. Pero es poco efectivo en la contención de esta práctica de represión e intimidación política que constituye una forma de escarmiento, cuando procede del Estado, y de laceración de derechos, cuando es impulsada por la delincuencia organizada, pero tolerada por las omisiones de las autoridades.

El pasado 11 de octubre se cumplieron cinco años de la ausencia obligada de Moisés Gámez Almanza, Marco Antonio Coronado Castillo, Julio César Coronado Noriega y Francisco Medina Rodríguez en San Luis Potosí. Jóvenes de entre 18 y 24 años en aquel octubre de 2009, se les vio por última vez en una fiesta, por el poniente de la ciudad.

El relato de sus familias denuncia desde ese momento la omisión de la Procuraduría de Justicia del Estado en indagar y asumir las medidas necesarias para hacer justicia.

Casi dos años pasaron para que la agencia del Ministerio Público les entregara una copia de la averiguación previa en que constaban los hechos denunciados. Tres años para remitir oficios a entidades vecinas en busca de cooperación, información y, sobre todo, acciones jurídicas concretas. Conozco a las personas que coadyuvan jurídicamente con las familias y dan testimonio de las faltas y deficiencias en la procuración de justicia potosina.

Estos jóvenes posan en una fotografía de campaña electoral con el entonces candidato a la gubernatura, el médico priísta Fernando Toranzo Fernández, quien a decir de la defensa legal ya atendió a las familias afectadas pero no procedió a enmendar los yerros y deficiencias de su procuraduría ni del resto de sus dependencias.

No cuento con datos por ahora para estimar cuántas personas de esas 26 mil (por lo menos) son de San Luis Potosí, pero según las tendencias, mayoritariamente son jóvenes, de bajos recursos, es altamente probable que el patrón se repita aquí.

Desde 2012 el Congreso del Estado de San Luis Potosí tipificó el delito de desaparición forzada de personas, en cuya iniciativa colaboré. Sin embargo, de poco sirve el reconocimiento de figuras punitivas, si el fondo del asunto tiene que ver con la propia complicidad de hecho o de omisión de las autoridades, si se sigue tolerando el abuso de la delincuencia organizada arguyendo una incapacidad material o política o financiera para hacerle frente. Los delitos de lesa humanidad son responsabilidad de los estados.

La desaparición forzada nos atraviesa dolorosamente también en casa, gobernador Toranzo.

Twitter: @GuillerLuevano

Guillermo Luévano
Guillermo Luévano
Doctor en Ciencias Sociales, Profesor Investigador en la UASLP, SNI, columnista en La Jornada San Luis.