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Las ilegalidades del Verde y Carreras

Guillermo Luévano Bustamante

L a pasada elección del 7 de junio en San Luis Potosí sorprendió por la contundencia de algunos resultados. Al momento en que escribo estas líneas el Programa de Resultados Electorales Preliminares del Consejo Estatal y de Participación Ciudadana casi ha concluido y según parece el próximo gobernador de San Luis Potosí será Juan Manuel Carreras, candidato del Partido Revolucionario Institucional pero también del Partido Verde y de Nueva Alianza.

Es posible atribuir a diversos factores la permanencia del PRI en la gubernatura de San Luis Potosí, su voto duro, la reiteración de prácticas clientelares y corporativas, como síntomas característicos del sistema político mexicano y enfáticamente del priísmo.

Uno de los signos del proceso comicial que concluyó fue la reiterada y abierta evasión de la legalidad electoral de parte del Partido Verde. En franco desacato de la normativa penal electoral dicha institución política incurrió en una decena de prácticas alevosas.

El recuento entero y detallado requeriría más del espacio que usualmente ocupa esta columna en el diario, por lo que me limitaré a referir brevemente hasta donde la memoria cercana me permite.

Ya en diciembre de 2014 el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación apercibió al partido supuestamente ecologista por difundir mensajes propagandísticos en que se colocaba una campaña “El Verde sí cumple” fuera de tiempos válidos en televisión, a través de las empresas Televisa y TV Azteca. La tramposa publicidad habría costado más de 50 millones de pesos. La misma artimaña para colocar su propaganda indebidamente utilizó dicho partido en salas de cine de todo el país. Las multas de autoridades electorales ascendían a 191 millones de pesos, pero el Partido Verde continuaba por un lado defendiéndose y por otro lado en desacato de las llamadas de atención. Las representaciones locales del partido repartieron gorras, bolsas, hicieron llegar a domicilios particulares por todo el territorio nacional boletos de cine, campañas disfrazadas de ayuda social, deportiva, sanitaria. Argumentaban sus dirigentes políticos que las campañas estaban dirigidas a militantes de su organismo, pero seguían desobedeciendo la ley.

Finalmente, unas horas antes de la elección del domingo 7 de junio, decenas de figuras públicas de la televisión, de Televisa y TV Azteca, hicieron pronunciamientos bastante semejantes entre sí por su contenido y referencias, a través de sus cuentas personales en redes sociales virtuales en apoyo al Partido Verde, evidenciando una obvia campaña articulada y orquestada por la dirigencia de ese instituto, o cuando menos en su conocimiento, si no es que bajo su financiamiento, lo cual es bastante probable y previsible, pese al desmarcaje que hicieran las personas implicadas en la difusión del mensaje.

Es preocupante el mensaje que manda el Partido Verde a la ciudadanía y a las autoridades electorales: no importa violar la ley si con ello consigue escalar posiciones en los procesos electorales. El Tribunal Electoral y la Fiscalía Especial tendrían que actuar con mayor contundencia en la aplicación de sanciones por vía administrativa y penal, en caso de configurarse los delitos electorales que se prefiguran. Y en adelante, las reformas electorales tendrían que incluir sanciones verdaderamente ejemplares para los partidos que violen abierta y reiteradamente el marco normativo al que dicen hay que sujetarse. Es hipócrita la actitud de los partidos aliados del gobierno y de los medios de comunicación oficialistas que emprenden campañas públicas llamando a la “civilidad” a la ciudadanía, y que condenan de forma prejuiciosa las movilizaciones de activistas u opositores al partido en el poder y por otro lado contribuyan a la participación electoral de manera tramposa.

De toda esa campaña ilegal hay beneficiarios en todo el país: candidaturas que alegremente incluyeron el logotipo del Partido Verde junto a su foto y propaganda sin preocuparse que la manera en la que había venido actuando dicho instituto hace meses incurría en reiteradas, públicas y graves violaciones a la legislación electoral.

El Partido Revolucionario Institucional, en el poder federal, en el del gobierno estatal de San Luis Potosí y en el del municipio de la capital, es, de forma general, beneficiario natural de esa forma de posicionarse en el electorado, pero en lo particular sus candidaturas en el estado. Si se confirma la proyección que hace el Programa Preliminar de Resultados Electorales del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí y Juan Manuel Carreras obtiene la gubernatura del estado sería también como usufructuario de la ilegalidad dolosa y continuada del Partido Verde que lo postuló con el PRI y el Partido Nueva Alianza.

Ya carga Carreras con acusaciones varias por hechos ilegales, a su paso por la Secretaría de Educación, acumula entonces el peso de una campaña ilícita, indebida, y además de todo impune. Si así comenzará su mandato, no podrá esperarse mucho más de su desempeño.

Twitter: @GuillerLuevano

Guillermo Luévano
Guillermo Luévano
Doctor en Ciencias Sociales, Profesor Investigador en la UASLP, SNI, columnista en La Jornada San Luis.