Peritos de la PGR practican diligencias en terrenos del rancho Palula
21 febrero, 2017
Desconfianza
21 febrero, 2017

Las periciales en el conflicto de Santo Domingo

Guillermo Luévano Bustamante

Ayer el equipo de la Clínica de Litigio Estratégico de la Maestría en Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí acudimos a la realización de diversas diligencias judiciales en el municipio de Santo Domingo.

Se trató del desahogo de dos periciales señaladas por el juzgado cuarto de distrito en el estado en el juicio en el que habitantes de diversas comunidades del Altiplano se pronunciaron contra el proyecto de un basurero industrial de la empresa CITSU, en el rancho Palula.

Estudiantes de licenciatura en derecho y de maestría en derechos humanos que colaboran en la Clínica acudieron a acompañar a las peritas en hidrología ambiental y en antropología social a recabar información, tomar datos y registrar algunos sitios relacionados con el conflicto socioambiental que se vive en esa región de San Luis.

Los peritajes son medios auxiliares de las personas que imparten justicia a través de los cuales se allegan información técnica, científica o especializada en algún campo del saber que sirvan para robustecer o enriquecer la información del litigio en cuestión más allá de la perspectiva puramente normativa. Hay periciales, por lo tanto, en todos los campos del conocimiento, pero apenas hace unos años se difunden las ventajas de los peritajes antropológicos y de los socioculturales en general.

Estas probanzas en particular ofrecen enfoques y abordajes a los conflictos legales desde las prácticas de las comunidades y de la sociedad. En México han sido principalmente recurridos en disputas sobre derechos indígenas, pero ahora también en aquellos en que se dirimen controversias sobre derechos colectivos de comunidades afectadas por megaproyectos energéticos o extractivos.

En el conflicto del Altiplano potosino de quienes se oponen a la instalación del confinamiento de residuos tóxicos la parte quejosa ofreció, entre otras pruebas, una pericial en particular que buscaba identificar elementos culturales además de las múltiples afectaciones que padecerían los habitantes de las comunidades cercanas al predio donde la empresa busca verter los desechos industriales. Ya en otras colaboraciones he abundado sobre las irregularidades administrativas y legales en general del proyecto.

La pericial que por estos días se desahoga, a pedimento del juzgado federal, permitirá a los operadores de justicia allegarse elementos más allá de las violaciones administrativas, en el campo de las prácticas culturales y sociales de las comunidades vecinas y colindantes con el proyecto.

En el caso concreto, la defensa legal ha sostenido que si bien no se trata de una comunidad indígena en sentido estricto, estaríamos ante la presencia de lo que la Constitución denomina “comunidad equiparable”, esto es, una población que comparte elementos identitarios, preserva prácticas culturales históricas, formas de organización social más allá de las puramente estatales y comparte con los pueblos indígenas características de exclusión, inacceso a la justicia y empobrecimiento por su ubicación y abandono de las políticas estatales que les colocan en el mismo supuesto en el que se pensó cuando se diseñaron los instrumentos legales que buscan sopesar o disminuir esa desigualdad social.

Del desahogo de las periciales referidas habrá que esperar los dictámenes respectivos, y eventualmente una sentencia. En los juicios vigentes sigue firme la suspensión definitiva otorgada por dos juzgados federales contra los permisos administrativos originalmente otorgados a la empresa operadora. Faltará esperar la sentencia que conceda la razón a los opositores y detener de forma definitiva ese proyecto irregular y eventualmente riesgoso para los habitantes del Altiplano potosino.

@guillerluevano

Guillermo Luévano
Guillermo Luévano
Doctor en Ciencias Sociales, Profesor Investigador en la UASLP, SNI, columnista en La Jornada San Luis.