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Las reales aguas

Óscar G. Chávez

U na vez más quedó demostrado que los caprichos del gobernante en turno, que dispone de recursos públicos destinados a la construcción de algún elefante blanco que tenga como finalidad engrandecer su imagen, es una realidad constante en nuestro entorno.

Durante sexenios presidenciales pasados fueron constantes los casos y ejemplos en los que por absoluta disposición –capricho– presidencial, enormes cantidades de diversos rubros entre los que destacaban los de apoyo social eran destinados a la construcción e inicio de actividades de algún proyecto oneroso e incosteable a todas luces, pero que por ser dictado presidencial no se objetaba bajo ninguna circunstancia.

En el caso de San Luis Potosí el ejemplo más preciso lo pudimos –y podemos– observar en el proyecto, construcción e inicio de actividades en la llamada presa El Realito; proyecto desde sus orígenes destinado al fracaso, pero en el que desafortunadamente tanto el gobierno federal como el del estado hicieron oídos sordos y contra todas las opiniones adversas de algunos especialistas, se determinó realizarlo.

Fue el gobierno federal de Felipe Calderón, a través de la Conagua y el local encabezado por Marcelo de los Santos y con la integración de diversas secretarías, quienes decidieron construir una presa en un punto de la Sierra Gorda en estado de Guanajuato, pero cercano a San Luis Potosí, desde la cual se podría abastecer del líquido a poblaciones de ambos estados, incluida la capital potosina y algunos municipios conurbados.

La idea, aunque buena en origen, fue cuestionada desde diversos aspectos entre los que destacaban principalmente el uso magnificado de recursos y la poca operatividad del sistema que se pondría en funcionamiento para distribuir el agua.

La inversión desproporcionada en la construcción de la presa, así como de las plantas de bombeo distribuidas a lo largo del acueducto que desde un antiguo pueblo minero llamado El Realito, en el municipio guanjuatense de San Luis de la Paz, cercano a los límites con San Luis Potosí, generó desde inicio una serie de observaciones que por el empecinamiento de los gobernantes y el involucramiento de instituciones tan prestigiadas como la UASLP, lograron contrarrestar y poner en marcha el proyecto.

De entrada fue cuestionable el hecho que una presa ubicada dentro de la geografía de otro estado y para abastecerlo en parte, fuera construida con recursos provenientes en su mayor parte del estado de San Luis Potosí.

Luego de la inauguración de la presa, en octubre de 2012, ya dentro del gobierno de Fernando Toranzo Fernández, fueron evidentes una serie de fallas y defectos en la colosal obra; fue perceptible que se concurrió al acto inaugural en el que se puso en marcha una presa vacía en su totalidad.

Con posterioridad comenzaron a aparecer otros puntos negros en la misma obra, destacando de inmediato algunas fisuras y cuarteaduras en la cortina de la presa, misma que tampoco había sido concluida al menos hasta los inicios de este año.

Por curioso que parezca, al tiempo que el agua no llegaba a la ciudad, y era necesaria en muchos hogares que ya llevaban meses sin agua, los recibos por el consumo de la misma incrementaban de manera notable, ya que sin el apoyo ni opinión de la ciudadanía se había determinado cargar los costos de la obra a los consumidores finales: la población de la ciudad de San Luis Potosí y sus municipios conurbados.

Evidente resulta de inmediato que este gravamen sólo aplicaría a las zonas más populares, recordemos que gracias al pusilánime y servil acto del cabildo capitalino, se autorizó al zar inmobiliario del poniente de la ciudad a constituir y poner en funcionamiento una compañía de aguas de carácter enteramente privado, que tuviera como finalidad abastecer de agua a la zona poniente de la ciudad. Así al tiempo que se permitió realizar una actividad de lucro con el agua, se distribuyeron los costos de la referida presa entre una mayoría de extracción popular.

A pesar de los incrementos progresivos a los recibos de agua en repetidas ocasiones el abastecimiento de agua se ve interrumpido, casi siempre en el oriente de la ciudad, según se argumenta por fallas en los sistemas de bombeo de la presa y en las tuberías comunicantes.

Hoy sabemos, por dichos del secretario de Salud en el estado, que esta agua no observa la calidad necesaria para destinarla al consumo humano, sí para labores domésticas, mas no para su ingesta. Si partimos de esta aseveración es lógico en su totalidad afirmar que se dispuso de una gran cantidad de recursos para la construcción de una obra de recepción y contención hídrica que no tenía otro objeto que distribuir agua para realizar labores de mantenimiento higiénico en los hogares.

Dentro de este contexto no es necesario decir que al tiempo que constituye un delincuencial uso de los dineros públicos por parte de Marcelo de los Santos, incluiría como cómplice doble al actual gobernador del estado; primero por no haberse opuesto como secretario de Salud de aquel sexenio, a la construcción de una obra que su sucesor cuestiona por la calidad de su agua, y con posterioridad y ya en el ejercicio de sus labores como gobernador, por no haber sancionado –ni siquiera cuestionado– el empleo de recursos y las labores constructivas de la administración que le antecedió.

Nadie objeta, nadie señala, nadie pide cuentas de la construcción de una presa que aunque costó una enorme cantidad de recursos, es evidente que el líquido nunca llegará a los hogares que la necesitan en realidad, sino que también no representará ningún beneficio ni para el estado ni para sus habitantes; quizá sólo para incrementar la recaudación por el pago de este servicio, ya que por lo demás, nos han enterado en buen momento que es agua que sólo sirve para lavado de pisos y drene de detritus humanos por los albañales. Démosle pues un buen uso, y si es que llega, iniciemos por palacio de gobierno.