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De las redes a la insubordinación

Carlos López Torres

Ver para creer. Los formalmente comunistas gobernantes chinos defendiendo el libre mercado, mientras el xenófobo Trump, gerente en turno del imperio de al lado, convertido en proteccionista.

Y en México, en tanto el Ejecutivo federal, diputados y senadores aprueban el gasolinazo, la ciudadanía lo rechaza y se moviliza.

Mientras los diputados de Baja California dan madruguete aprobando la Ley de Aguas que privatiza el servicio de agua potable, decenas de miles de ciudadanas y ciudadanos obligan al gobernador azulino Francisco Kiko Vega a comprometerse a la abrogación de dicha ley. ¡Vaya contradicciones!

¿Quién puede negar la importancia de las redes sociales y su capacidad de convocatoria? Aunque tampoco se puede negar que lo que subyace en el fondo del potencial demostrado por la sociedad en los últimos días, tiene que ver con tantos años de rabia contenida frente a la implacable imposición de los gobernantes que han llevado al límite el saqueo de la nación, han empobrecido a millones acercando cada vez más a sectores medios de la población a ese estatus, mientras la clase política gobernante exhibe su avaricia en medio de la corrupción institucionalizada.

Por eso, derivado del gasolinazo, algunos movimientos sociales afectados de diversas maneras durante su lucha a veces aislada, otras ocasiones cooptados sus dirigentes o mediatizados con migajas, han conjuntado esfuerzos con la nueva insurgencia cívica, a partir de incorporar la agenda local con la nacional. Tal es el caso de los habitantes de Baja California.

En efecto, a partir de las manifestaciones generadas por el gasolinazo que confrontaron a miles de participantes con la fuerza pública federal en Rosarito y las multitudinarias marchas del fin de semana que inundaron las calles de Mexicali, Tijuana, Rosarito y Tecate; así como el bloqueo de las instalaciones del gobierno estatal que se mantienen para exigir la renuncia inmediata del gobernador Francisco Vega y la revocación del cargo de los diputados que votaron a favor de la Ley del Agua y otras demandas como el pago de sueldos y prestaciones retenidas a empleados estatales, se ha creado un clima de insubordinación que empieza a extenderse a otras entidades.

La enseñanza de este movimiento unitario no queda ahí. Ni se circunscribe al parecer sólo al cumplimiento de algunas demandas locales, sino que es un aporte para la lucha local que engarzada con la nacional, plantea la necesidad de impulsar un proceso que permita acabar con los gobernantes sátrapas que, como algunos que hemos padecido, o los indefendibles de Veracruz, Quintana Roo, Chihuahua, Durango, Nuevo León, Sonora, Tamaulipas y otros, han disfrutado de impunidad pese a los tremendos ilícitos cometidos durante su mandato.

Avanzar en la agenda local, la organización unitaria cívico-popular y la construcción de un poderoso movimiento ciudadano patriota, incluyente y democrático es una de las tareas trascendentales de nuestro tiempo. San Luis Potosí ya inició este camino, hay que ensancharlo y continuarlo.