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Las violentas consecuencias del clientelismo político en el transporte urbano de SLP

capital

La ciudad de San Luis Potosí sufre las desagradables consecuencias de un sistema de transporte urbano que ha crecido al amparo político. La raíz histórica del problema es que los actores políticos, legisladores y gobernadores, han usado como pago las concesiones de transporte urbano a “empresarios del transporte”, sean concesionarios de autobuses urbanos o taxis, que invierten en las campañas (ya sea con dinero o movilizando gente) de los que llegan al poder. Esto es un serio problema pues los ciudadanos usuarios del transporte urbano sufren las deficiencias en los servicios de transporte y los abusos de poder de los concesionarios aliados de los políticos.

Los arteros y cobardes ataques que han sufrido conductores de Uber en la ciudad, son la representación violenta del problema político que se describe en el párrafo anterior. Muestran además arreglos institucionales autoritarios que siguen consolidando, en pleno Siglo XXI, los pactos clientelares de antaño entre los concesionarios del transporte urbano y los políticos que legislan y gobiernan en el estado. Como resistencia a la competencia del gremio de los taxistas han ocurrido en SLP muchos ataques a choferes y carros de Uber este mes de diciembre sin duda los atentados rebasaron el límite.

Pues el ataque violento más vil lo sufrió Juan Roberto Delgado (véase el video reportaje: https://www.facebook.com/aztecaslp/videos/1267278673293592/), un chofer discapacitado de Uber al cual los atacantes arrojaron bombas molotov a su carro, el cual, como dijo Juan “se redujo a un montón de cenizas” tal como su patrimonio, ya que Juan se mantenía de prestar el servicio en su Uber, este era su única fuente de ingresos ante ya que en otros lugares no le daban trabajo por su discapacidad. De este crimen nefasto es importante comentar que así como los políticos se cuelgan de videos chistosos virales en internet y nombran a la quinceañera de la comunidad de la Joya: Rubí, como embajadora del turismo potosino, se espera de ellos como políticos la solidaridad para con Juan, para que al menos le donen otro automóvil nuevo para que pueda trabajar. El gobierno es corresponsable de tener una policía que no reacciona con inmediatez ante estos crímenes y no le brindó seguridad a Juan; Aunado a esto, la cínica compañía de seguros con la que estaba asegurada su unidad se negó a pagar los daños con el pretexto ruin de que ellos no pagan por “actos de vandalismo” aunque como Juan dijo: fue un atentado contra su vida y ni así se dignaron a pagar los daños. En este repudiable atentado se notan las prioridades de los políticos, de los que se cuelgan de las banalidades cómicas-virales en internet para legitimarse, antes que atender los problemas de un SLP carente de seguridad y de servicios públicos de calidad elementales para sus ciudadanos.

Tiene un gran contrasentido que muchos políticos que se han beneficiado de sus alianzas con los concesionarios, hablen en el discurso de la libertad de mercado y el ver por el usuario, y de que repudian la violencia de los gremios de taxistas, cuando en la práctica terminan consolidando el modelo clientelar del transporte urbano que tiene costos para la mayoría de ciudadanos que no tienen un vehículo particular.

En este orden de ideas tenemos una oferta de transporte de mala calidad para todos. Pues  los usuarios de taxis se arriesgan a sufrir accidentes fatales, ya que viajan en unidades que muchas veces no cuentan con cinturones de seguridad o que no tienen mínimos estándares de seguridad. Los usuarios y choferes de camiones urbanos son asaltados con violencia ya que las unidades no tienen mecanismos ni cámaras de seguridad que se sincronicen de inmediato con los centros de seguridad pública, además muchos de estos choferes de autobuses trabajan en condiciones indignas y ni siquiera pueden ir al baño en sus turnos laborales, son sobrexplotados, mal pagados y en esas condiciones de estrés mental y físico se involucran en accidentes muchas de las veces mortales al arrollar a peatones y a ciclistas; ciclistas que tienen su bicicleta como el único medio de transporte particular porque no pueden costear un coche y además de esto carecen de ciclo vías seguras, ya que no se invierte de manera sustancial en programas de educación vial que den prioridad al peatón y al ciclista, por tanto la ciudad no es amigable para el peatón ni para quien se mueve en bicicleta.

No es casualidad que ante una oferta de transporte público tan deficiente y lleno de riesgos para la mayoría de los ciudadanos, servicios como Uber sean un verdadero respiro pues lo ven como una alternativa útil, tecnológica y efectiva ante el turbio emporio clientelar de taxistas y camioneros urbanos. Por esto, la legislación del Congreso estatal del pasado 15 de diciembre de 2016, que prohíbe a Uber el cobrar sus viajes en efectivo limita los derechos del usuario sobre cómo pagar el servicio y asimismo esta legislación limita de facto la libertad de elegir el tipo de transporte urbano que al ciudadano le convenga, ya que según datos de Uber el 64 por ciento de los potosinos apoyan la forma de pago en efectivo, y además esta regulación deja sin el acceso al Uber a 50 por ciento de los usuarios que utilizan esa opción de pago. Así, estos usuarios solo pueden elegir a taxis o camiones como las dos únicas alternativas de transporte público, con todo y los riesgos que conllevan.

Como si tal legislación del Uber no fuera injusta lo suficiente los legisladores otorgaron al gremio taxista 800 nuevas concesiones, con lo cual se demuestra de qué lado juegan los políticos y a quiénes benefician en lugar de pensar en mejores opciones de transporte de calidad para los ciudadanos o de siquiera invertir en infraestructura de trasporte que no sea cautiva de los intereses clientelares turbios de los concesionarios.

En conclusión la alianza entre los políticos y los concesionarios de transporte, genera un mercado cautivo y sin competencia. No es tampoco casual que estos poderes fácticos se tornen violentos y ataquen como verdaderas mafias a los competidores del transporte que ofrecen una mejor calidad. Este fenómeno es parte del “rentismo”, es decir, la extracción de rentas económicas o ganancias abusivas de las que se benefician cárteles, oligopolios o monopolios, al amparo de la regulación política a su favor en un mercado determinado.

 La solución requiere de voluntad política de actores políticos que pretendan legitimarse por otros métodos y más allá de las estrategias políticas sustentadas en el apoyo clientelar. Está muy claro que los ciudadanos somos los que pagamos las deleznables consecuencias de este arreglo político-clientelar, y en ese sentido también somos parte del problema, si no exigimos al gobierno una política de transporte urbano más inclusiva, de calidad y que tome el bienestar del usuario como objetivo principal. Mientras el problema siga desatendido y la gente no proteste las mafias del transporte se saldrán con la suya y seguirán cometiendo crímenes contra sus competidores de manera artera e impune.