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Legislar para la desconfianza: el caso Tabasco

Renata Terrazas*

Este año ha sido muy importante para la consolidación de marcos normativos en materia de transparencia en México. Desde la reforma constitucional de 2012 se establecieron principios y bases para la garantía del derecho de acceso a la información (DAI), que en mayo de este año se materializaron en una ley general de transparencia (LGTAI), que establece un piso mínimo bastante alto para ser adoptado en la ley federal y las leyes estatales en la materia.

Las críticas sobre la voluptuosidad de la ley general no dejaron de hacerse presentes; el argumento principal era la aparente sobrerregulación en la ley y el poco margen que se dejaba para la creatividad estatal. Las discusiones se enmarcaron en un todavía no terminado debate sobre federalismo en México, apuntando a temas de desconfianza entre el centro y la periferia del país.

La materialización de la LGTAI dejó de lado las discusiones sobre federalismo en México y se apostó por la creación de un marco regulatorio vasto que desarrollara con el mayor detalle posible los principios y bases constitucionales y, efectivamente, dejara un margen mínimo para la creatividad estatal en cuanto a posibles regresiones a lo ganado en la Constitución; sin embargo, existe la posibilidad de ampliar la garantía del ejercicio del DAI.

La evidencia nos muestra que uno de los grandes retos en la construcción de marcos normativos en México se relaciona con el incumplimiento de los legisladores de adecuar las leyes a los cambios constitucionales. De manera específica, en el caso de las leyes de transparencia, la tentación de incluir medidas regresivas y violatorias del derecho de acceso a la información es amplia.

De ahí se desprende que los principales motivos detrás de la creación de una ley general con tales características hayan sido: la reducción de la desigualdad en la garantía del DAI en el país y la disminución de regresiones en el articulado de las leyes.

Sin embargo, para sorpresa de muchos, a siete meses de aprobada la ley general y con menos de cinco meses para que venza el plazo de un año para la armonización de las leyes de transparencia, de las cuatro leyes aprobadas, dos lo han hecho mal.

Los estados que han aprobado sus leyes son: Coahuila, Querétaro, Jalisco y Tabasco. Los últimos dos estados han recibido una fuerte crítica por contener disposiciones regresivas y violatorias al DAI. El último caso es el de la ley de Tabasco, la cual replica la figura del recurso de seguridad nacional a cargo de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, en este caso por seguridad estatal a cargo de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos.

Los ejemplos de Jalisco y Tabasco muestran que el temor de construir leyes contrarias a la Constitución Política Mexicana, violatorias al derecho de acceso a la información o con contenido regresivo para la transparencia se fundamenta en hechos reales. Aun cuando la apuesta fue definir una ley general con poco margen de acción para contemplar regresiones, éstas persisten bajo un pésimo entendimiento sobre la transparencia y la garantía de un derecho.

En el caso específico de Tabasco, diversas organizaciones de la sociedad civil, academia y periodistas, se pronunciaron contra lo que se identifica como una franca violación a la Constitución. Aun así, legisladores de Tabasco decidieron seguir con la aprobación de una ley que contempla una figura inexiste en el marco jurídico mexicano, como lo es la seguridad estatal.

Más allá de que esto parezca una mera ocurrencia del ejecutivo del estado de Tabasco, refleja el miedo que los titulares de los poderes ejecutivos suelen tener al tema de la transparencia. Miedo que suele ir acompañado de una fuerte argumentación jurídica en manos de los consejeros jurídicos.

En 2012 observamos una fuerte oposición a los avances en la reforma constitucional a manos del consejero jurídico del ejecutivo federal, oposición que se materializó en la creación del recurso de seguridad nacional, el cual, básicamente, le permite al presidente de la República Mexicana ocultar información cuando logre argumentar que es un tema de seguridad nacional. El problema con ello es que la seguridad nacional, al no ser un concepto definido, permite una amplia interpretación que puede ser sostenida por argumentos tramposos.

En Tabasco, esta misma figura se pretende replicar pero con un concepto que no sólo no está definido, sino que es inexistente, la seguridad estatal. Abriendo así, la puerta a que cualquier información incómoda para el gobernador pueda meterse en dicha categoría y no hacerse pública.

Esta disposición es francamente violatoria del derecho de acceso a la información y contraria a la Constitución Mexicana, lo cual convierte a la ley de Tabasco en un obstáculo para la consolidación de un régimen democrático en el país. De quedarse así la ley, las y los tabasqueños contarán con una ley violatoria a uno de sus derechos fundamentales y verán disminuida la posibilidad de llamar a rendir cuentas a sus gobernantes. Por ello, el caso de la ley de Tabasco no es menor, no sólo porque puede replicarse en otros estados, sino porque legalizaría la violación a un derecho por un pésimo diseño de ley.

¿Será que hay temas que en Tabasco se quieran mantener en lo oscurito? Habría que preguntarle al gobernador del estado y al coordinador general de asuntos jurídicos si ese es el mensaje que quieren darle a las y los tabasqueños. En este país no estamos ya para seguir fomentando la desconfianza entre la ciudadanía y sus gobernantes.

* Investigadora de Fundar, Centro de Análisis e Investigación