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Ley inconstitucional en SLP

Guillermo Luévano Bustamante

El 8 de junio el Congreso del Estado aprobó la nueva Ley de Asistencia Social para el estado y municipios de San Luis Potosí, pero dicha decisión podría revestir una actuación inconstitucional.

Desde junio de 2011, con la reforma constitucional en materia de derechos humanos, cambió el orden jerárquico de nuestro sistema normativo. El bloque de constitucionalidad se compone entonces por la Constitución y las disposiciones internacionales en materia de derechos humanos, suscritas y ratificadas por México.

Nuestro sistema de derechos previene diversos mecanismos de control del orden constitucional, uno de ellos es la acción de inconstitucionalidad, que desde la dicha reforma de 2011 procede también contra leyes secundarias que contravengan no sólo a la Constitución, sino al bloque que la acompaña.

Es el caso de la naciente Ley de Asistencia Social, que incumple criterios y principios que debieron observarse en materia de derechos de las personas con discapacidad. Es común que las autoridades y representantes populares desatiendan los sentires y pensares de la población destinataria de las normas que construyen, sin consensos. Sin embargo, en la lucha por el reconocimiento de derechos humanos, las comunidades han conquistado el de participar y ser escuchadas. La convención sobre derechos de las personas con discapacidad dispone que los gobiernos deben realizar consultas estrechas con las personas destinatarias de las normas relacionadas con dichos tópicos. Ni el Ejecutivo estatal, ni el Legislativo, realizaron procesos de auscultación, ni abrieron diálogos para la elaboración de la Ley de Asistencia combatida, por lo que se incumplió cuando menos esta disposición de la convención.

Más aún, la nueva Ley de Asistencia, ubica a las personas con discapacidad en un enfoque precisamente asistencialista y no desde la perspectiva de derechos. Esto es, las personas con discapacidad son sujetas titulares de derechos y no meras depositarias de políticas de beneficencia.

La vulneración jurídica en detrimento de personas con discapacidad en San Luis Potosí se agrava si consideramos que en el Congreso local se discutía una ley para la creación del instituto para la inclusión de las personas con discapacidad y no fue considerada en el dictamen.

La naciente normativa tampoco tiene entonces enfoque diferenciado que sirva como remediación jurídica a la exclusión, discriminación e invisibilización que hasta el momento cometen gobierno y legislatura estatal.

Es preciso que las leyes y políticas dirigidas a personas con discapacidad sean transversales, con enfoque de derechos y estén respaldadas por consensos de la comunidad que se supone es su destinataria.

Organizaciones que promueven y defienden los derechos de las personas con discapacidad acudieron a la Clínica de Litigio Estratégico en Derechos Humanos para recibir asesoría contra esa inconstitucionalidad, que sin embargo, tendría que ser presentada por las comisiones de derechos humanos, la local o la nacional.

Twitter: @GuillerLuevano

Guillermo Luévano
Guillermo Luévano
Doctor en Ciencias Sociales, Profesor Investigador en la UASLP, SNI, columnista en La Jornada San Luis.