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Ley tipo para proteger al periodismo

Rogelio Hernández López

P eriodistas del país ¿qué les parecería una ley que integrara muchas de las demandas que se repiten en cada entidad para la protección de a de veras de nuestra actividad y del derecho a defender los derechos humanos?

Pues, todo indica que esa ley está cerca y podría ser prototipo para que la tomen en cuenta el gobierno federal, el Congreso de la Unión, todos los gobernadores y todos los congresos locales. Parece una exageración de mi parte, pero les explico.

El proyecto, como pocos, fue bien madurado políticamente en el Distrito Federal. La preparación duró 217 días. Comenzó el 28 de julio de 2014 y se entregó a la Asamblea Legislativa del DF (ALDF) el miércoles 1 de abril de 2015, en un acto formal y público. Se presentará al pleno legislativo este martes 7 de abril y en ese momento se convertirá en iniciativa formal. La perspectiva, si los legisladores entienden el contexto y su responsabilidad, es que aprobaran la iniciativa sin resistencias mayores para convertirla en una ley que aportaría normas e instancias novedosas y hasta sorprendentes.

Acto menospreciado

La imagen principal de la entrega del proyecto fue del momento en que el diputado Manuel Granados Covarrubias, presidente de la Comisión de Gobierno (y líder de la mayoría legislativa), recibe un documento del subsecretario de gobierno del Distrito Federal, Juan José García Ochoa.

Esa misma tarde y al día siguiente el hecho fue reportado en muy pocos medios impresos y electrónicos, como una noticia muy breve de muy poca importancia. Lo que más circuló fue el boletín y la foto oficiales de la ALDF. Las y los colegas que acudieron a “cubrir la nota” no dieron muestras de interesarse en los contenidos del documento, ni de sus antecedentes ni del contexto a pesar de que en la ceremonia oficial, desde el mismo presídium expusimos su importancia Alma Mata cuarta visitadora de la ALDF, Alán Mayo en representación de Propuesta Cívica AC; Armando Rodríguez de Casede AC y este reportero como asociado de la Casa de los Derechos de Periodistas AC. El acto tenía varios simbolismos que fueron menospreciados.

El valor político

La confección de la iniciativa no fue producto de asesores o conocedores desde el escritorio, tiene una particularidad poco vista en las entidades del país: es resultado de un proceso de discusión, de propuestas, de tejido fino que duró 217 días.

Desde el 28 de julio de 2014 se instaló un grupo de trabajo encabezado por Manuel Granados a nombre de la ALDF, Juan José García Ochoa en representación del GDF, Perla Gómez, presidenta de la CDHDF, y algunos representantes de organizaciones civiles.

El grupo circuló los primeros borradores y convocó a reuniones amplias frecuentes en las que participaron representantes de más de 30 organizaciones civiles y de periodistas que volcaron sus diagnósticos y experiencias de otras entidades de la república; igual lo hicieron los representantes de organismos internacionales como del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, Reporteros sin Fronteras, Artículo 19, Amnistía Internacional, Brigadas de Paz…

La carga mayor de tareas de redacción y coordinación la realizaron dos equipos de trabajo: de la Relatoría de libertad de expresión de la Comisión de los Derechos Humanos del Distrito Federal y de la Subsecretaría de Gobierno, que además sorpresivamente hizo consultas a las instancias del Tribunal Superior de Justicia, de la Procuraduría del DF, de la Secretaría de Seguridad Pública, la Consejería Jurídica del sector central.

La ALDF facilitó instalaciones y respaldo para las sesiones de trabajo durante los siete meses y cinco días que duró esa etapa de preparación del proyecto de iniciativa.

Todo eso permite afirmar que el proyecto de iniciativa de ley para la protección integral de personas defensoras de derechos humanos y periodistas del Distrito Federal fue producto de un grupo mixto de defensores, periodistas y representantes de los tres poderes en la capital del país. Es un documento con amplio consenso y respaldo político suficientes para ser considerado así por las y los legisladores de la ALDF cuando lo dictaminen y voten.

El proyecto poco conocido

Al final de la ceremonia de entrega del proyecto, ese miércoles 1 de abril, algunos de los defensores y periodistas promotores comentamos –Ya estamos más cerca… se armó el consenso con todas las instancia necesarias del GDF, con las organizaciones más activas, fue muy importante la labor de la CDHDF y de la Secretaría de Gobierno del DF… Ojalá que los diputados entiendan la intención de los contenidos y sus significados para atajar el ciclo de violencia contra defensores y periodistas.

El proyecto es minucioso, detallado, casi contiene el reglamento de operaciones. Se examinaron las 11 mil 268 palabras en 30 páginas (4 de ellas para la exposición de motivos), se introdujeron 15 capítulos, 81 artículos y 17 transitorios.

De aprobarse en lo sustancial, sin cambios de sentido ésta sería:

Una ley que, por primera vez en todo el país, declare al ejercicio del periodismo y la defensa de los derechos humanos como actividades del interés público y que, por tanto, el Estado debe proteger, pero también respetar y promover.

Una ley que definiría textualmente cuáles son los derechos de las personas defensoras y de los periodistas para cumplir con sus funciones;

Una ley que instauraría un mecanismo insólito de protección, pero no solo cautelar como el de la Segob, sino integral y además como organismo público descentralizado, con personalidad jurídica, patrimonio propio y con autonomía técnica y de gestión;

Una ley que, como en ninguna otra entidad, formalizaría a la participación de organizaciones sociales en una Mesa de Trabajo Multisectorial para definir políticas públicas relacionadas, que también instituiría un Consejo Consultivo que no sólo aconsejaría sino que participaría en dos instancia de toma de decisiones: la Junta de Gobierno y el Consejo de Evaluación de Medidas de protección;

Una ley que crearía un fondo financiero especial, no para operaciones del mecanismo, sino exclusivamente para la implementación y operación de medidas de protección tanto preventivas, como urgentes y, además medidas de protección social (vivienda, alimentación, atención a la salud, seguro de desempleo y otras) para las personas que busquen el refugio en la capital del país.

Así es como deberían hacerse las leyes en México. Falta que en la ALDF entiendan y cumplan. Veremos qué estatura política tienen las legisladoras y legisladores de la capital del país: si quieren sentar, o no, otro precedente legislativo de avanzada con una ley prototipo nacional. Yo, como dicen que dijo Don Teofilito, hasta no ver lo creeré.