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Leyes: el predominio de lo aparente

Ignacio Betancourt

El gran fracaso de las leyes mexicanas es que por las más diversas razones resultaron en su mayoría solamente un discurso incapaz de generar orden cuando se suponía que se creaban para ordenar. Tenemos una magnífica Constitución, lo terrible es su cumplimiento. Un caos determinado por los inmediatismos de políticos y grandes empresarios se ha formado a partir de graves exclusiones. Así se fueron vulnerando, desde dentro, todo tipo de disposiciones creadas para acotar la desmesura de una realidad que se construye pensando en algo armonioso y por lo tanto su naturaleza debía ser lo inclusivo.

Al dejar fuera de lo establecido los intereses de las colectividades, hace largo tiempo comenzó a predominar lo aparente, sólo en beneficio de grupos de poder que al paso de los siglos se consolidaron excluyendo. Toda legislación se ha ido convirtiendo desde entonces en enunciado hipócrita, una vacua enunciación destinada al incumplimiento. Disposiciones que existen solamente para ser nombradas, porque difícilmente se pueden concretar debido a que su aplicación iría en demérito directo de quienes las imponen únicamente para satisfacción de sus particulares intereses. En efecto, cualquier disposición llamada legal únicamente funciona como un conjunto de buenas intenciones que existen para aparentar un orden inalcanzable como realidad, o en el mejor de los casos solamente como justificación para el accionar de quienes se asumen como encargados de aplicarlas.

Un ejemplo espectacular del predominio de lo aparente sobre lo real resultaría la normatividad legislativa que en el país determina la existencia de trece curules que deben ser ocupadas por “representantes indígenas”. Lo que no permite transparentar dicha disposición es la manera en que se le hace cumplir. Pensemos en la manera como se eligen dichos representantes. No se sabe de qué forma son determinados tales “diputados indígenas”, pero se puede inferir que deberán ser personas aprobadas no por los indígenas sino por dirigentes políticos, quienes antes de todo deben garantizar el mantenimiento de lo establecido, obviamente los intereses no de las poblaciones originarias pues tales derechos van en perjuicio de la depredación que ancestralmente realizan los grupos de poder en contra de los intereses colectivos.

Alguien podría pensar, trece representantes indígenas no son suficientes pero algo es algo, sin embargo, tal representación sólo es un enunciado hueco y engañoso pues quienes aparentemente asumen la función de proteger los derechos de los pueblos indígenas han sido determinados por sus depredadores. En el proceso de selección de los trece diputados y la configuración de los contenidos que supuestamente deberán demandar, de manera casi invisible lo predominante no serán nunca los intereses de las comunidades, sino los de quienes deciden quién debe fungir como representación.

La ley dice, un conjunto de diputados indígenas. La realidad legal lo vuelve sólo apariencia pues las maneras de elegir tan demagógica representación hace inútil la defensa de los intereses colectivos a partir de la manera en que son seleccionados y aleccionados tales “diputados indígenas”. Sin embargo, por ley hay quienes afirman que hasta los pueblos indígenas tienen sus representantes. El país no requiere de más legislaciones sino de que se cumplan las existentes. Sólo una ciudadanía mínimamente organizada podrá hacerlo realidad.