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¿Leyes para participar como ciudadanos?

capital

El viernes 11 de diciembre, asistí al Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPAC) a un evento sin duda importante para nuestra vida política local. Se trató del Primer Foro con objeto de discutir las diversas aristas de lo que implica el diseño de una Ley de Participación Ciudadana para el Estado de SLP.

El evento es sin duda trascendente, pues juntó tanto a políticos en el cargo, diputados y funcionarios de dependencias estatales y municipales, como a miembros de la Sociedad Civil Organizada y Académicos que tienen estrecha relación con el tema de la participación ciudadana, la democracia, Derechos Humanos, transparencia y rendición de cuentas. Por supuesto también estaban presentes los siete Consejeros del CEEPAC.

Entre todas estas múltiples voces, que presentaron sus diversas perspectivas que tienen respecto al tema de la participación, en extensos paneles y luego pasaron a la discusión focalizada, en mesas de diálogo dónde trataron temas específicos con el objeto de generar acuerdos básicos entre los participantes del foro, es importante reflexionar ¿para qué se quiere que la ciudadanía participe en las tomas de decisiones públicas que se dan en su localidad?

Esta es sin duda una pregunta muy compleja, de la cual se han escrito ríos de tinta en la literatura especializada. Por un lado y por lo general, la forma de participación más extendida y difundida se da de manera vertical y no horizontal. Es decir, a través del voto cada tres y seis años en SLP y en México. Esta forma de participar sirve para elegir a los políticos que nos representan en las instituciones de poder político, y hasta ahí se queda según el marco institucional que tenemos. Pues esta forma de poco sirve para que los políticos en los cargos rindan resultados de mejor forma ante esos electores periódicos.

Por otro lado, las formas que le siguen a la participación electoral vertical, son en consecuencia más “horizontales” y por tanto requieren de mayor tiempo y esfuerzo por parte de los ciudadanos para que estos se organicen y exijan mejores resultados a los políticos y sus acciones de trabajo, e incluso para que las instituciones de decisión política como los Cabildos municipales y los Congresos locales abran causes claros y certeros para que los ciudadanos tengan el camino abierto para la toma de decisiones efectivas sobre la gestión de presupuestos y su uso en obras o programas y políticas públicas concretas, y sobre la prioridad de temas que consideran desde su entorno de necesaria discusión e intervención política.

En este sentido, la misma idea de que desde nuestro Congreso local se genere una “Ley de Participación Ciudadana”, no parece entonces una mala idea. Al contrario es de una total digna discusión, y demasiado seria como para que solo se deje tratar por los políticos y no por una serie de actores sociales mucho más amplia. Ahora bien, creo es muy necesario resaltar que la mera generación de leyes no resuelve caóticos problemas en cuanto a que el ciudadano no participe y sea apático respecto a la cosa pública.

Ese pequeño detalle importa, pues hay miles y miles de leyes en nuestro país destinadas a gestionar o atender con supuesta claridad, múltiples asuntos conflictivos en la agenda social. Y empero, el generar leyes por sí mismo no significa que se mejoren los resultados o se cambie una realidad social problemática. En este orden de ideas, esto es el principal reto de la potosina “Ley de Participación Ciudadana”. Para nada la demerito. Creo que es necesaria en tanto de certeza institucional de cómo se puede participar, bajo que reglas y sobre todo garantice en lo legal ser una herramienta útil para lograr impactos que mejoren la calidad de vida de nuestra comunidad.

 Con lo anterior en mente, es muy importante realizar un diagnóstico estadístico y científico preciso de las condiciones actuales de la ciudadanía en el Estado de SLP, no solo en la Capital. Esto implica entre otras cosas, el medir, primero si la gente se interesa por participar en los asuntos públicos de su entorno inmediato, cuántos de esas personas participan y cuantas no, y las que participan cómo lo hacen, y sobre todo si piensan o creen que su participación tiene efectos tangibles en su realidad inmediata, o si en pocas palabras su participación sirvió para algo.

Tal diagnostico además de necesario para la toma de decisiones, es importante no solo para que se diseñe esta Ley en cuestión. Sino que sirve para que el Gobierno del Estado y el Poder Legislativo promuevan no solo una mera Ley que al final pudiese caer solo en una especie de “cascarón vacío”; sirve y vale la pena hacerlo para que se construya, una política pública completa sobre como reactivar a la ciudadanía en la toma de decisiones.

Con lo anterior tengo que ser realista. Y suponer casi de manera obligada que casi ningún gobierno, al menos por lo que se ha visto en los últimos ochenta años, le interesa o le importa de verdad el generar políticas educativas y de concientización para estimular el desarrollo ciudadano. Esto es porque gran parte de nuestra cultura política sigue siendo en muchas partes del país jerárquica y sobre todo autoritaria. Es decir, no acepta la inclusión de nuevos actores civiles emergentes en la toma de decisiones.

Como lo decía el Doctor Javier Contreras en su intervención en el primer panel del foro. Se tiene que pensar con claridad ¿para qué se tiene que diseñar esta Ley? Si para contener a la participación, o para promoverla. Y sobre todo si logra canalizarla y promoverla, pues entonces un detalle muy, pero muy importante es que esta sea un instrumento que obligue a quiénes están en los cargos institucionales locales a hacer mejor las cosas y dar mejores resultados.

Se trata en suma de ver a la participación como un derecho, y que como tal requiere de la construcción de un ciudadano más consciente. Este es un déficit que veo necesario solventar no solo a través de leyes huecas. Sino con políticas públicas con programas que atiendan los muchos problemas que hacen que el ciudadano se desmotive y no participe. En este sentido, se tienen que revisar y destinar recursos para programas educativos en todos los niveles de escolaridad, sobre participación cívica y cultura democrática. Cosa difícil ya de por sí cuando tenemos a un Secretario de Educación Federal que no hace su trabajo que es que no decaigan las condiciones educativas nacionales, y dice que los recortes presupuestales a la educación son “inevitables”.

Y aun así eso no garantizaría que los ciudadanos participen más. Esta entrada analítica sugiere que es un problema de cambiar patrones de conducta en una sociedad que no se involucra, y con agentes decisores que no permiten la crítica o la participación en la toma de decisiones.

Es un problema muy complejo pero de necesaria atención. Porque si por una parte tenemos políticos sin incentivos para que den mejores resultados, y sobre todo con restricciones costosas y severas para que no incurran en actos de corrupción, el panorama empeora cuando sabemos que somos una sociedad débil. Sí, débil, es decir, con bajos niveles de organización y participación. Que requiere de liderazgos y coyunturas extraordinarias para entonces poder sumarse exigir cambios en el sistema.

En este sentido, y para finalizar. Si en SLP se pretenden hacer las cosas bien con esta “Ley de Participación Ciudadana”. Es entonces momento de que se piense en serio que es necesario primero construir un mejor ciudadano, y para ello no solo se necesita una Ley o un programa público, se necesita una estrategia integral.

Es muy importante entonces abatir los índices de pobreza y desigualdad, ampliar oportunidades, educar en los asuntos públicos y cívicos, y solo así a un paso muy lento, pero con una visión de largo alcance se podrán ver entonces mejores ciudadanos dispuestos a participar y a solucionar los problemas de su entorno común.

Pues para que una Ley sea efectiva, no solo se tiene que escribir, votar y promulgar. Una Ley por muy de “avanzada” que sea, puede no ser compatible con las condiciones precarias y reales de la ciudadanía a la que pretende atender.

 

 

Hector Alonso Vázquez
Hector Alonso Vázquez
Politólogo por la UCEM; Candidato a Maestro en Asuntos Politicos y Políticas Públicas, por el COLSAN.