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Lo que sigue en la batalla #MatrimonioIgualitarioSLP

Guillermo Luévano Bustamante

E n una reunión con las organizaciones Colectivo por la Diversidad Sexual y la Equidad de Género, AC, representada por Arely Torres, quien además es consejera del Instituto Nacional de las Mujeres; Amigos Potosinos en Lucha contra el Sida, AC, en voz de Andrés Costilla; Red Diversificadores Sociales, a través de Jeús Paul Ibarra, el profesor Jorge Mares, el abogado Álvaro Colunga, la activista feminista Susana Ortiz, y quien escribe, por la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, se resolvieron las tareas siguientes en la batalla por el llamado “matrimonio igualitario” en San Luis Potosí.

En este medio he leído en las columnas de Martín Faz, Jonatan Gamboa y Héctor Alonso, cuando menos, valiosos argumentos que apuntalan la idea de que es inevitable la consolidación y el reconocimiento jurídico de los derechos de orden civil y familiar para las parejas del mismo sexo.

Mucho ha circulado ya también la defensa principal de la causa, que controvierte en esencia, el carácter moral de quienes se oponen a esta institución jurídica desde la fe religiosa, y yo mismo he escrito en al menos dos ocasiones previas en este espacio de opinión sobre los distintos argumentos a favor del matrimonio entre personas del mismo sexo. Sólo recupero, para enfatizar, un argumento ya muy sostenido: no hay tal cosa como una familia natural, la familia es un constructo social. Pero lo social, por diferente a lo natural, no es en automático “negativo”, social es nuestro idioma y nuestras casas, nuestras prácticas y nuestras instituciones, las jurídicas y las religiosas, las educativas y las represivas. Me parece que eso enseñan en el primero o segundo día de cursos en la Antropología, entre los temas de “sistemas de parentesco”, familias hay y ha habido un montón de tipos, no una sola.

De las marchas del fin de semana, la que está en contra del reconocimiento de los derechos a las parejas del mismo sexo, y la que está a favor, hemos derivado la necesidad de seguir actuando también en el plano de los derechos humanos. Tras los amparos que se han ganado para parejas potosinas del mismo sexo ante la justicia federal, cuyas sentencias mandatan a las oficialías del Registro Civil a que celebren el contrato de matrimonio respectivo, ampliaremos los alcances de los instrumentos jurídicos en disputa.

En adelante se ha planteado la idea de intensificar la actuación jurídica, a través de la Clínica de Derechos Humanos de la UASLP; en primer lugar, se presentará de una vez una demanda colectiva, en atención a los principios de relatividad y de autoaplicabilidad en materia de amparo, como nueva vía para asegurar el beneficio de la justicia federal a un grupo más amplio; del mismo modo se ha decidido interponer un amparo ya contra el Congreso del Estado por omisión legislativa, en virtud de la dilación excesiva e ilegal en la que ha incurrido su comisión de derechos humanos; y, en tercer lugar, se iniciarán procedimientos de responsabilidad contra el Poder Ejecutivo local si su Dirección del Registro Civil insiste en mantener sus formatos y “sistema” informático incompatible con el matrimonio entre personas del mismo sexo; el gobernador Toranzo debe indicar ya al Registro Civil que adapte sus formatos y sistemas a los criterios de inclusión, a fin de no seguir discriminando.

Esta batalla local por el reconocimiento de los derechos para todas las personas se da ya en las calles, en los tribunales, en el Congreso del Estado, ante el Poder Ejecutivo, en el Poder Judicial. Y se va a ganar, más temprano que tarde.

Twitter: @GuillerLuevano

Guillermo Luévano
Guillermo Luévano
Doctor en Ciencias Sociales, Profesor Investigador en la UASLP, SNI, columnista en La Jornada San Luis.