Alcaldías de SL y Soledad olvidan a escuelas de educación especial
23 junio, 2015
éxodo, Coqueteos marcelistas y el ingrato recuerdo
Un nombre para el gabinete
23 junio, 2015

López Medina, moral pública y notoria

Óscar G. Chávez

D entro de la larga lista de agravios infligidos a los comunicadores y a los medios de comunicación en la historia de San Luis Potosí, aparecen como los de mayor resonancia e impacto dentro de esta sociedad, aquellos ocurridos durante regímenes de corte autoritario.

Destacan entre ellos la fuerte persecución y posterior encarcelamiento contra el abogado e historiador Primo Feliciano Vélazquez por las constantes y certeras críticas lanzadas desde el periódico El Estandarte contra el gobierno del general Carlos Diez-Gutiérrez, cónsul de la dictadura porfiriana en San Luis Potosí.

Cerca de cuarenta años después El Heraldo de San Luis experimentó una fuerte campaña de desprestigio en su contra, desintegración del cuerpo laboral, amenazas directas y veladas contra los que en él se anunciaban, e incluso renuncia de algunos de sus directivos, cuando la voluntad de Gonzalo N. Santos le resultó adversa derivada de los constantes artículos de opinión con los que se cuestionaba su actuar al frente de los designios políticos del estado.

Vendrían luego los atentados secuenciales, que acabaron en la destrucción y confiscación del periódico Tribuna; se desempeñaba como gobernador el periodista Francisco Martínez de la Vega quien en breve entregaría el poder a su sucesor Manuel López Dávila. Eran los años en que las políticas de persecución contra la prensa opositora al sistema se dictaban desde el centro; eran los años en que López Mateos se constituía como el más grande represor de cualquier manifestación adversa a su gobierno.

Los gobiernos posteriores de formas disimuladas, por la fuerza, por la orden, o la corrupción, lograron acallar cualquier intento de crítica contra sus actuares; ciudadanos de peso económico e influyentes dentro de su entorno, también contribuyeron a fomentar el no esparcimiento de alguna noticia que resultara gravosa a su honra, a sus intereses.

La década de los ochenta fue abundante en prácticas de este tipo; pletórico en prácticas represoras contra los medios de comunicación e informadores fue el sexenio jonguitudista. El cacique magisterial empoderado como gobernador del estado, no reparó en precios, como tampoco lo hizo en medidas encaminadas a hacer guardar el silencio, sobre las prácticas perversas y corruptas empleadas por él y sus cercanos.

Los movimientos cívicos de los ochenta y noventa, aunque encontraron eco en algunos medios de comunicación, también fueron matizados por petición de aquellos que ostentaban el poder; muchas notas de alto impacto fueron matizadas como de menor valía, por órdenes expresas de los gobernantes.

* * * * * *

En este contexto el gobierno de Fernando Toranzo Fernández, tampoco se caracterizó por su benevolencia en libertad de expresión contra medios y periodistas, su aparato de comunicación social carente de mano izquierda para conciliar, destacó por sus veladas prácticas represoras contra aquellos que optaron por la ruta de la crítica, de la protesta.

Viene a la memoria como ejemplo, entre muchos otros, el caso del doctor Guillermo Luévano Bustamante, catedrático de la UASLP y colaborador de este medio, quien fuera agredido de forma directa por elementos de Seguridad Pública cuando participaba en una manifestación contra las iniciativas de ley gravosas que serían aprobadas en esta infausta legislatura. Tiempos en que Fernando Pérez Espinosa se pavoneaba entre las curules como el operador político del torancismo en el Congreso local.

No olvidemos tampoco las prácticas represoras empleadas por la familia Gallardo, al frente de los destinos de los soledenses, contra todo aquel que se atreviera a esbozar alguna crítica contra sus populistas y corruptas administraciones.

* * * * * *

Como corolario de este sexenio a la persecución contra periodistas y libertad de expresión, aparece un particular, poderoso empresario inmobiliario, acaso el más importante de la capital potosina, quien en días pasados mediante la vía judicial solicita la clausura y multa contra un portal electrónico de noticias, que cometió el atrevimiento de publicar su nombre como uno de los más grandes deudores de impuestos catastrales en detrimento del municipio potosino.

La simple mención del nombre de Carlos López Medina, conocido de manera coloquial como el Chato López, predispone hasta el nivel de vasallaje, a aquellos políticos y servidores públicos que sabiéndose deudores de favores con el señor del poniente potosino. Y cómo no hacerlo, si tras de sus actuares se encuentran los financiamientos de campañas políticas a candidatos sin distinción de partidos, sin distinción de ideologías.

Desde la década de los cincuenta la dinastía de los Carlos López, primero Zertuche, luego Martín de Campo, y en la actualidad Medina, se han ocupado de constituir el más grande emporio inmobiliario a partir de la especulación de los terrenos cerriles del poniente de la ciudad.

Argucias legales, triquiñuelas, corrupción en gran escala que abarca lo mismo a empleados municipales y estatales, alcaldes y gobernadores, notarios y propietarios, han sido los factores que han posibilitado el enriquecimiento desmedido de quien hoy señala agravios morales contra su persona, y quien en algún momento no tuvo empacho, ni escrúpulos, para lograr que un alcalde pelele le otorgara la posibilidad para privatizar y comercializar el agua potable de la zona de su imperio. Es una mercancía, argumentó sin el menor recato.

Bajo la voracidad constructora de López Medina, la ciudad ha perdido más de un ochenta por ciento de áreas de recarga del acuífero, al amparo de políticos sin escrúpulos que ávidos de obtener favores y reconocimiento, modificaron las leyes de acuerdo a las necesidades del empresario. De la misma manera se debe señalar que es el mismo Carlos López Medina, el responsable en gran medida de las inundaciones que aquejan a la ciudad; no se exime desde luego a la baja calidad de los drenajes urbanos, pero es el recubrimiento de concreto en las zonas de escurrimientos pluviales el que ocasiona gran parte de éstas.

Hoy, evidenciado como un deudor considerable a pesar de la riqueza acumulada a costa de las tierras potosinas mal habidas, se erige como un hombre íntegro al que San Luis debe en gran parte el esplendor de las zonas en que ha constituido su feudo. ¿Por qué debe entonces pagar impuestos a una ciudad que le es deudora?

El daño moral que argumenta, no es desde luego superior al que él genera en detrimento del pueblo y los ingresos potosinos; nadie se atreve sin embargo a bajar al señor de su nube artificial, y quien se atrevió a evidenciarlo, hoy enfrenta el terrorismo jurídico y persecutor de sus iras.

Improcedente quizá la demanda, pero es un ejemplo perfecto de cómo actúan aquellos que se sienten lesionados sin mirar las lesiones que ellos mismos generan a su entorno, a su inmaculada imagen, a su moral pública y notoria.