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Los intensos focos rojos de la delincuencia

Carlos López Torres

P or más que el cristal con que el gobernador Fernando Toranzo pretenda ver, que no mirar, el repunte del accionar delincuencial que nunca quiso o no pudo combatir en su momento, lo cierto es que los acontecimientos sangrientos de las últimas semanas han conmovido a la sociedad y en especial a ciertos sectores que advierten el riesgo de las inversiones.

A propósito de la reciente aparición de varios individuos ejecutados por diferentes rumbos de la ciudad, con visibles huellas de tortura, el titular de la Procuraduría General de Justicia en el Estado, Miguel Ángel Covarrubias, como lo reconociera hace poco más de un año en medio de otra racha de asesinatos y ajustes de cuentas, aceptó que detrás de los hechos se veía la mano de los diferentes grupos delincuenciales que disputaban el territorio potosino.

En aquel inicio del verano, en junio de 2014, el calentamiento de la plaza cobró la vida de toda una familia de cinco miembros, en el contexto de otra confrontación armada entre diferentes grupos del narco que reñían por el control del mercado, con un saldo de innumerables cadáveres que, como ahora, mostraban no sólo las señales acostumbradas de tortura y desmembramiento de los ejecutados que, encobijados o al descubierto, aparecían por doquier, aunque los hechos se atribuían al efecto cucaracha; todavía sostenía el gobierno su recurrente hipótesis de que los malos venían de fuera, dado que los potosinos éramos gente bien portada, íbamos a misa cada domingo y nos confesábamos periódicamente.

Sin embargo, la realidad finalmente se impuso, cuando los datos duros empezaron a demostrar que el aumento en el consumo de drogas en la entidad, especialmente entre los jóvenes y muchos niños era real, así como el crecimiento del pandillerismo armado y su tendencia a llevar a cabo sus propios ajustes de cuentas, con las graves consecuencias que hoy lamentamos, pero toleramos.

Ni antes, ni ahora, el gobierno torancista demostró capacidad para combatir la presencia y el crecimiento de los diferentes grupos delictivos que se alternan en la entidad, cuyo mercado se ha convertido en una codiciada plaza con los resultados que ya no se pueden ocultar con discursos anodinos y elusivos, que intentan minimizar los resultados de una política del avestruz sexenal que, en contradicción con las declaraciones del procurador, mantienen irritados a los potosinos que desde ahora demandan al gobernador electo una clara política en materia de seguridad pública y la implementación de acciones a corto, mediano y largo plazo de carácter permanente e integral.

El vaso que ha derramado en esta ocasión la paciencia de la población, en especial del sector empresarial, ha sido el secuestro durante ocho días de una joven mujer, hija de conocido empresario hotelero de Valles, encontrada muerta en un barranco en las inmediaciones de la demarcación municipal dentro de un barril, por quien se había pagado un rescate de 211 mil pesos a sus secuestradores.

Ante el repunte delincuencial, hay quien demanda a las autoridades que tales hechos no se vuelvan a repetir, “que sean preventivos, son ellos los que conocen el cómo actuar”, dice Félix Bocard, mientras otro empresario asegura: “estamos consternados ante estos hechos y esperamos que sigan siendo aislados…”.

Lo cierto, sin el temor a eludir la realidad, es que no se trata de hechos aislados, ni hay ni ha habido durante todo el sexenio intención alguna de prevenir. Más aún, ni siquiera en las filas de las corporaciones encargadas de la seguridad pública. Ahí están la infinidad de casos de policías infractores de la ley, violadores de derechos humanos y vulgares asaltantes. El tremendo pendiente que queda es la limpia y restructuración de las corporaciones que Toranzo no se atrevió a llevar a cabo. Las consecuencias están a la vista.