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23 septiembre, 2015
Vigilancia especial
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Los pendientes del agua

Carlos López Torres

H ace unos días, en su gira por Valles, el gobernador Fernando Toranzo hizo mutis ante la anunciada cancelación del acueducto Monterrey VI por parte del gobernador electo de Nuevo León, Jaime Rodríguez El Bronco, siendo que dicha obra millonaria fue celebrada en su momento por el titular del Ejecutivo, no obstante la alerta de sectores importantes de la región sobre la gravedad que implicaba que se cediera agua del río Tampaón para abastecer el acueducto sin haber consultado a los usuarios de la zona.

Ni en aquel entonces ni ahora, los habitantes de Valles, a quienes no hace mucho se les impuso el tandeo en el abasto del preciado líquido, recibieron la información solicitada sobre el costoso proyecto que finalmente se vino abajo, permitiendo un respiro a los habitantes de la Huasteca, sobre todo a los indígenas que esperan solución a corto plazo, antes que el gobernador Toranzo se vaya, de las graves fallas que presenta el recién inaugurado sistema regional de agua para localidades tének, que aún siguen acarreando el líquido ante la lentitud de la Comisión Estatal del Agua (CEA) para corregir las fallas.

Sin embargo, la CEA, comisión marcada durante el sexenio por no pocos escándalos relacionados con sus manejos financieros y los conflictos de interés de sus directivos, que debería investigar a fondo el Congreso del Estado, se llena la boca con actitudes triunfalistas al señalar que San Luis Potosí ha sido seleccionado como zona piloto para desarrollar un proyecto mediante una cooperación franco-alemana que aportará 2 millones de euros, aunque no se dice cuánto le corresponderá invertir al estado, que fortalecerá el manejo integral de los recursos hídricos de la zona.

Más allá de la publicidad oficial, uno se pregunta cómo se resolverá el grave problema del mantenimiento y la reposición de la vieja tubería que ocasionan el abasto de agua de mala calidad a los usuarios, independientemente de la responsabilidad de la empresa que administra El Realito, que sigue abasteciendo agua fuera de la normatividad establecida.

El abandonado proyecto para la mejora integral de la gestión (MIG) del Interapas, mismo que desde que fue aprobado no ha recibido intento alguno por concretarlo por parte de la administración estatal (CEA), ni por el propio organismo operador, resulta clave para el tratamiento integral del abasto de agua potable en la zona metropolitana, aunque más de 90 por ciento de dicho abasto lo proporciona el acuífero del Valle de San Luis.

Asimismo, la posposición de la planta tratadora de agua de El Morro, anunciada como una de las grandes obras a realizar junto con la presa La Maroma y otras, todavía esperan alguna respuesta que permita mitigar en esas zonas la necesidad de contar con  abasto que venga a beneficiar el consumo humano, la ganadería y la agricultura.

En cuanto a la eficiencia comercial y el cobro del servicio, los adeudos del gobierno del estado, los ayuntamientos de la capital, Soledad y Cerro de San Pedro, deberán responder por su morosidad o de paso su falta de pago sistemático. Ha llegado la hora de responder a la pregunta ¿deben las instituciones oficiales pagar el consumo de agua como los particulares?

Por supuesto no se trata que los padres de familia, como es el caso de muchas escuelas del municipio capitalino, paguen el servicio. Se trata que las autoridades estatales y/o municipales asuman su responsabilidad legal de cubrir el abasto, a la vez que garanticen la gratuidad de la educación. ¿Será ello posible en el marco de la ola privatizadora que vive el país?